(Washington, D.C) – En una entrevista concedida al periódico oficial El Ciudadano el 4 de marzo de 2012, el Secretario Nacional de Comunicación de Ecuador Fernando Alvarado distorsionó de manera flagrante lo sucedido durante una reunión mantenida recientemente en Washington con Human Rights Watch.
La entrevista insinúa que Human Rights Watch avala algunas políticas del gobierno que vulneran la libertad de expresión. Por el contrario, durante la reunión Human Rights Watch insistió en que Ecuador debe despenalizar la difamación y abstenerse de enjuiciar a quienes expresan opiniones críticas.
“La descripción que ofrece Alvarado sobre el encuentro con Human Rights Watch distorsiona deliberadamente nuestra posición sobre la libertad de expresión en Ecuador”, afirmó Tom Malinowski, Director en Washington de Human Rights Watch, quien participó en la reunión. “Durante el encuentro, Human Rights Watch cuestionó en forma clara y reiterada las políticas y prácticas del gobierno contra sus críticos, las cuales vulneran estándares básicos sobre libertad de expresión”.
Entre otras cosas, Alvarado señaló que todas las organizaciones no gubernamentales con las cuales se reunió “dijeron entender claramente las razones del Presidente de la República para judicializar un reclamo tanto en el caso de El Universo como en el caso de El Gran Hermano”, en alusión a las medidas judiciales iniciadas por el gobierno contra críticos del presidente, incluidos varios directores y un periodista del periódico El Universo y los autores de un libro titulado “Gran Hermano”.
El 29 de febrero, Human Rights Watch se reunió en sus oficinas con una numerosa delegación del gobierno ecuatoriano encabezada por Alvarado. En el mensaje de correo electrónico donde se solicitó la reunión con Human Rights Watch, se indicó que el gobierno ecuatoriano deseaba “entender mejor las preocupaciones de las ONGs... sobre las acciones del Presidente [en materia de libertad de expresión]”.
Durante la reunión, Human Rights Watch señaló que la situación de la libertad de expresión en Ecuador es una de las peores de toda la región. Al aplicar normas penales sobre difamación y pedir que se obligue a sus críticos a pagar indemnizaciones y multas de varios millones de dólares, el gobierno del Presidente Rafael Correa ha vulnerado reiteradamente estándares internacionales de derechos humanos y valores fundamentales de una sociedad democrática, afirmó Human Rights Watch durante el encuentro en Washington.
Human Rights Watch también cuestionó duramente los esfuerzos del gobierno ecuatoriano por exportar sus políticas contra la libertad de expresión promoviendo una campaña internacional para desacreditar el trabajo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos.
Durante el encuentro, la delegación ecuatoriana reconoció que las normas penales sobre difamación —incluidas aquellas utilizadas contra críticos de Correa— resultan problemáticas y deberían ser derogadas. Pese a ello, defendieron la aplicación de estas leyes por el Presidente Correa contra sus críticos en los casos mencionados.
Desde hace tiempo, diversos organismos internacionales de derechos humanos han criticado el uso de acciones penales por difamación como represalia contra quienes denuncian a funcionarios públicos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el honor de los funcionarios públicos o las personas públicas debe estar protegido jurídicamente, pero siempre “de manera acorde con los principios del pluralismo democrático”.
“En vez de intentar obtener legitimidad presentando erroneamente las opiniones de organizaciones internacionales como Human Rights Watch, el gobierno ecuatoriano debería poner fin a la persecución de sus críticos y derogar las normas que cercenan la libertad de expresión”, expresó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch.
