(Washington, D.C.) – Ecuador debería derogar el desacatoy todas las demás normas que penalizan la difamación de instituciones y funcionarios públicos, señaló hoy Human Rights Watch.
El 14 de noviembre de 2011, Human Rights Watch y el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo (Argentina) presentaron un memorial en calidad de amicus curiae ante la Corte Constitucional de Ecuador, donde se afirma que el artículo sobre desacato del Código Penal ecuatoriano vulnera las obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos asumidas por Ecuador.
“Conforme a estándares y jurisprudencia internacionales, las leyes de desacato otorgan injustificadamente una protección especial a funcionarios públicos y por ende limitan la libertad de expresión y deberían ser derogadas”, señala el amicus. “Tal protección especial no debería existir ya que en una democracia los funcionarios públicos deberían estar sujetos a un mayor escrutinio y a la crítica, un elemento esencial para promover el debate sobre temas de interés público”.
El memorial se presentó en el marco de un caso iniciado en mayo ante la Corte Constitucional por la organización no gubernamental ecuatoriana Fundamedios. En la causa se cuestiona el artículo 230 del Código Penal de Ecuador, el cual prevé penas de hasta dos años de prisión para quien “ofendiere” al presidente de la República y de hasta tres meses de prisión para ofensas contra otras autoridades.
Se ha programado una audiencia sobre el caso para el 16 de noviembre.
