El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, saluda a sus simpatizantes en Caracas.

© 2011 Reuters

(Washington, D.C) – Venezuela está obligada jurídicamente a dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual ordena al país respetar los derechos políticos de un líder de la oposición que fue inhabilitado para postularse a cualquier cargo público, señaló hoy Human Rights Watch. El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y líderes de los Estados miembros deberían insistir en que el gobierno del Presidente Hugo Chávez reconozca y cumpla esta obligación.

En una decisión dada a conocer el viernes pasado, la Corte Interamericana resolvió que Venezuela debe permitir al prominente líder de la oposición Leopoldo López postularse en las elecciones. López es ex alcalde de uno de los municipios de Caracas y en 2008 fue inhabilitado por la Contraloría General de la República para ejercer cualquier cargo de elección popular debido a denuncias de corrupción por las cuales nunca fue formalmente acusado, juzgado ni condenado.

Según versiones de la prensa, el Presidente Chávez respondió a la noticia de la sentencia desacreditando a la Corte Interamericana como parte de un sistema que “protege... a los corruptos...y obedece al mandato del poder imperial y de la burguesía”. “¿Qué valor puede tener esa corte?  Para mi no vale nada”, dijo el presidente.

“Tal vez la Corte no tenga valor para el presidente Chávez, pero sus sentencias son jurídicamente vinculantes para Venezuela y continúa siendo la máxima autoridad regional en materia de derechos humanos en todos los demás países de América del Sur”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.  “El rol de la Corte es especialmente vital en un país como Venezuela donde, bajo el gobierno de Chávez, el poder judicial ha abandonado su función de contralor frente a abusos gubernamentales”.

Human Rights Watch documentó la falta de independencia judicial en Venezuela en el informe de 2008 denominado “Una Década de Chávez”, que describe el copamiento político del Tribunal Supremo llevado a cabo por Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional en 2004. Este copamiento consiguió neutralizar al poder judicial como poder independiente del gobierno.

Desde entonces, el Tribunal no ha cumplido con su rol de garante de los derechos fundamentales.

Venezuela es parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y está sujeta a la jurisdicción de la Corte Interamericana, la cual es responsable de interpretar y aplicar las disposiciones de la Convención.

“Es clave que el Secretario General de la OEA y los Estados miembros respondan a las declaraciones del Presidente Chávez en las cuales niega la autoridad de la Corte”, señaló Vivanco. “Si, por el contrario, no se pronuncian al respecto, restarán credibilidad a su propio compromiso con los valores centrales de la organización regional y los mecanismos necesarios para aplicarlos”.