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Estados Unidos y Colombia deben establecer estándares para tratado de comercio

Congresistas presentan propuesta que exigiría medidas concretas de derechos humanos

(Washington, DC) - La iniciativa presentada por varios miembros del Congreso estadounidense, que propone fijar estándares de derechos humanos que deberán ser cumplidos por Colombia como requisito previo para que Estados Unidos ratifique el Tratado de Libre Comercio (TLC) con ese país, constituye una excelente contribución, señaló hoy Human Rights Watch.

A través de una carta y un memorando enviado al Presidente Barack Obama el 17 de marzo de 2011, seis miembros de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, en una iniciativa encabezada por Jim McGovern, diputado demócrata por el estado de Massachusetts, y George Miller, legislador demócrata por el estado de California, describieron las medidas que debería adoptar el gobierno colombiano para reducir la violencia contra sindicalistas y mejorar las condiciones de derechos humanos en Colombia. Los legisladores pidieron a Obama que demorara la presentación del tratado al Congreso para su consideración, hasta que Colombia implemente estas medidas.

"Es crucial que Colombia reduzca la cantidad de asesinatos y ataques contra sindicalistas y lleve a los responsables de estos delitos ante la justicia", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Estos estándares incluyen medidas concretas y viables que debe adoptar el gobierno colombiano".

Colombia es el país con el mayor número de asesinatos de sindicalistas en todo el mundo, y según datos de la Escuela Nacional Sindical (ENS), la principal organización no gubernamental colombiana dedicada al monitoreo de los derechos laborales, han sido más de 2.800 los asesinatos denunciados desde 1986. Según estadísticas de la ENS, luego de que esta cifra se redujera a 39 en 2007, la cantidad de asesinatos se incrementó nuevamente a 51 en el año 2008, 47 en 2009 y 51 en 2010. Si bien la mayoría de estos asesinatos nunca han sido investigados, existen pruebas suficientes de que las organizaciones paramilitares y sus grupos sucesores son responsables de un alto porcentaje de estos crímenes.

Desde que Juan Manuel Santos asumió la presidencia en agosto de 2010, el gobierno ha adoptado una serie de medidas destinadas a abordar importantes problemas de derechos humanos, incluida la introducción de un proyecto de ley que busca recuperar y restituir tierras robadas a personas desplazadas. El compromiso expresado por el gobierno de Santos con la búsqueda de nuevas estrategias para responder a la amenaza que representan los grupos sucesores de los paramilitares resulta alentador, expresó Human Rights Watch. No obstante, estas medidas aún no han sido implementadas plenamente y se enfrentan a una fuerte resistencia por parte de grupos armados y de quienes los apoyan en el sector político.

"Si bien el gobierno de Santos ha impulsado iniciativas importantes de derechos humanos, las medidas aún deben ser implementadas y los resultados aún no son visibles", manifestó Vivanco.

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