Durante una manifestación en Alejandría, manifestantes sostienen imágenes de Khaled Said, hombre de 28 años que fue golpeado hasta la muerte en las calles de Alejandría por dos policías encubiertos el 6 de junio de 2010. La muerte de Said desencadenó una serie sin precedentes de manifestaciones en todo el país.

© 2010 AP Photo

(Cairo) – La tortura es un problema endémico en Egipto y poner fin a los abusos policiales ha sido uno de alicientes detrás de las manifestaciones populares masivas ocurridas en Egipto durante la última semana, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El procesamiento de los casos de tortura y la anulación de las leyes de emergencia que permiten la cultura de impunidad para las fuerzas de seguridad deben ser prioridades para el Gobierno egipcio, Human Rights Watch añadió.

El informe de 95 páginas, “‘Work on Him until He Confesses’: Impunity for Torture in Egypt” (“‘Denle hasta que confiese’: Impunidad para la tortura en Egipto”), documenta cómo el gobierno del presidente Hosni Mubarak condona implícitamente el abuso policial al no investigar ni procesar judicialmente a los agentes de aplicación de la ley acusados de torturas, dejando a las víctimas sin reparación.

“Los egipcios merecen librarse de la práctica extremadamente arraigada de la tortura”, dijo Joe Stork, subdirector para Oriente Medio y África del Norte de Human Rights Watch. El desastroso historial de Gobierno egipcio en este aspecto es en gran parte el motivo por el que las masas siguen saliendo a las calles”, añadió.

El caso de Khaled Said, un hombre de 28 años asesinado a golpes por dos agentes de la policía encubiertos en una calle de Alejandría en junio, dominó los titulares noticiosos y desencadenó manifestaciones en todo el país. El fiscal local cerró inicialmente la investigación y ordenó el entierro de Said, pero la escalada de protestas públicas hizo que fiscalía reabriera la investigación y remitiera el caso a los tribunales. “Todos somos Khaled Said”, es el nombre de un grupo de Facebook que ayudó a iniciar las manifestaciones masivas del 25 de enero de 2011.

El informe insta a los funcionarios gubernamentales a emprender inmediatamente reformas legales, estructurales y políticas para asegurar que el sistema de justicia haga rendir cuentas a los responsables de torturas y desalentar abusos en el futuro. Examina docenas de casos de torturas y muertes de detenidos en los que las víctimas o sus familiares emprendieron procesos judiciales al interponer una denuncia.

La gran mayoría de las denuncias de tortura nunca llegan a los tribunales debido a la intimidación policial contra las víctimas y los testigos denunciantes, un marco jurídico inadecuado y los retrasos en remitir a las víctimas a exámenes médicos, señaló Human Rights Watch. Otra causa es que agentes de la misma unidad a la que pertenece el presunto torturador son responsables de reunir las pruebas y citar a declarar a los testigos.

El caso de Khaled Said fue una excepción, uno de los pocos en los que la cobertura mediática y la indignación pública provocaron la intervención de los altos funcionarios de la fiscalía, lo que garantiza una investigación rápida y completa. Sin embargo, en noviembre de 2009, el Gobierno publicó estadísticas que mostraban que, entre 2006 y 2009, los tribunales egipcios solo habían condenado a seis agentes de policía por tortura y tratamiento inhumano, a pesar de cientos de quejas sobre tortura y muerte de detenidos. En julio de 2010, un tribunal de apelaciones de Alejandría confirmó una condena de cinco años contra un séptimo agente.

“En un país en el que la tortura sigue siendo un problema grave y sistémico, el hecho de que solo se haya condenado a siete agentes de policía en cuatro años demuestra la enorme discrepancia con la realidad y deja a cientos de víctimas y familiares sin justicia”, señaló Stork.

Human Rights Watch observó que los agentes encargados de hacer cumplir la ley utilizan habitual y deliberadamente la tortura y el maltrato (tanto con delincuentes comunes como con disidentes políticos y detenidos por razones de seguridad) para coaccionar confesiones, extraer otra información o simplemente para castigar a los detenidos. Ahmad Abd al-Mo’ez Basha, un conductor de 22 años de Imbaba, Cairo, contó Human Rights Watch cómo los agentes le arrestaron en su casa en julio de 2010:

Me llevaron a la comisaría de Imbaba y me dejaron solo en una habitación. Dos agentes vinieron y me dijeron que confesara. Les pregunté: “¿Qué?” Respondieron: “Confiesa el robo”. El jefe de la unidad de investigación criminal dijo: “Denle hasta que confiese”. Me esposaron las manos por delante y me dejaron colgado de la puerta durante más de dos horas. Tenían fustas y me azotaron en las piernas, en la planta de los pies y en la espalda. Cuando me bajaron, trajeron un dispositivo eléctrico negro y me aplicaron electrochoques en los brazos cuatro o cinco veces hasta que empezaron a fumar. Durante todo este tiempo me repetían: “Tienes que confesar”. A la mañana siguiente, me golpearon de nuevo y me azotaron con un cable en la espalda y los hombros. Me desmayé después de tres horas de maltrato.

La impunidad por la tortura es especialmente grave en el caso del Departamento de Investigaciones de Seguridad del Estado (ISE) del Ministerio del Interior, responsable de la vigilancia de los disidentes políticos, señaló Human Rights Watch. El ISE participa habitualmente en desapariciones forzosas y detiene a sospechosos en sus instalaciones durante períodos prolongados, ocultando el hecho de que los tiene recluidos o negándose a revelar su paradero. También niega a los detenidos el contacto con abogados, familiares o médicos.

Las instalaciones del ISE no son centros legítimos de detención: Las leyes egipcias prohíben otros centros de detención que no sean las prisiones reconocidas y las comisarías de policía. El Gobierno niega que el ISE detenga a sospechosos en sus instalaciones, donde suelen sufrir torturas, a pesar de los considerables testimonios que indican lo contrario. El detener a una persona para después negarlo o rehusarse a aceptarlo, de manera que la persona quede desprovista de la protección de la ley, constituye una desaparición forzosa que, al igual que la tortura, constituye un crimen grave de acuerdo con el derecho internacional.

Nunca se ha condenado a un agente del ISE por tortura, aunque, en al menos tres casos, agentes de este departamento han comparecido ante los tribunales. Un antiguo detenido del ISE y miembro de los Hermanos Musulmanes, Nasr al-Sayed Hassan Nasr, habló con Human Rights Watch de los 60 días en que el ISE lo mantuvo detenido en 2010, durante los cuales estuvo todo el tiempo con los ojos vendados, según señaló.

Me golpearon la cara con un zapato. Me dieron patadas en los testículos para que me cayera al suelo. Una vez en el suelo, usaron electrochoques para hacerme levantar y me volvían a dar patadas en los testículos. En cierto momento, un agente intentó estrangularme. El agente llamó a los guardias y dijo: “Para las cuatro quiero que me traigas a la esposa y las hijas de Nasr y las desnudes delante de él”. Me tomaron fotos cuando estaba desnudo y me estaban torturando y amenazaron con publicarlas.

Las víctimas y los familiares de las víctimas que habían denunciado la tortura señalaron de manera consistente a Human Rights Watch que los funcionarios de policía habían intentado intimidarlos para que retiraran la denuncia o aceptaran un acuerdo extrajudicial. El hecho de que la unidad de policía acusada de maltrato participe en la reunión de pruebas y la comparecencia de los testigos durante la investigación preliminar de la fiscalía contribuye considerablemente a impedir una investigación imparcial, señaló Human Rights Watch. Los fiscales, ya sea por falta de tiempo o voluntad política, no examinan adecuadamente las pruebas presentadas por la policía o la calidad de su investigación. Con frecuencia, la policía retrasa el cumplimiento de una orden de la fiscalía de llevar a un denunciante ante un médico forense para que lo examine hasta que han desaparecido las señales físicas del abuso.

“Las víctimas de maltrato tienen que creer que el Poder Judicial va a proteger sus derechos y que pueden presentar sus denuncias a los fiscales sin temor a represalias”, señaló Stork.

El marco jurídico de Egipto no criminaliza la tortura de manera plenamente congruente con el derecho internacional, otro factor que contribuye a la impunidad, según Human Rights Watch. La definición de la tortura del artículo 126 del Código Penal excluye los actos de tortura por otros motivos diferentes de la extracción de una confesión, como el castigo o la intimidación. Las leyes egipcias sólo disponen condenas que van de los tres a los cinco años de cárcel: sanciones que no corresponden a la gravedad del crimen de tortura. Además, el Código Penal otorga a los jueces discrecionalidad para ejercer clemencia y reducir condenas, lo que hacen con frecuencia. En noviembre de 2009 y de nuevo en febrero de 2010, durante su examen periódico universal, el Gobierno se comprometió ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a modificar la definición de la tortura para que sea compatible con el derecho internacional, pero más de un año después no ha avanzado en este compromiso, señaló Human Rights Watch.

Human Rights Watch instó al Gobierno egipcio a investigar todas las alegaciones creíbles de tortura y maltrato, incluso en ausencia de una denuncia formal. Los fiscales deben emprender inmediatamente estas investigaciones de manera rápida, imparcial y exhaustiva, asegurándose de investigar a todos los presuntos responsables, incluidos los oficiales superiores. Los exámenes médicos forenses deben realizarse inmediatamente. Los presuntos torturadores no deben reunir pruebas ni interactuar con los denunciantes o los testigos. El Gobierno debe poner fin a la detención ilegal de sospechosos en las oficinas del ISE y permitir que los fiscales realicen visitas no anunciadas a dichas instalaciones para verificar el cumplimiento.

Human Rights Watch instó a la Unión Europea y a Estados Unidos a manifestarse abiertamente en contra de la tortura en Egipto, así como por el hecho de que el Gobierno no reprima estas prácticas y castigue a los responsables.

“El abuso policial se vuelve habitual cuando existe una verdadera impunidad para los agentes encargados de hacer cumplir la ley y sus superiores”, señaló Stork. “Esta es una de las razones por las que tantas personas salieron a las calles en la última semana a demandar el fin de los abusos policiales. Egipto tiene que abordar seriamente el crimen de tortura, empezando por el deficiente proceso de investigación, con el fin de demostrar claramente que se exigirán cuentas a los torturadores”, agregó.