(Washington, DC) - El Presidente de Estados Unidos Barack Obama debería intensificar los esfuerzos para que los detenidos en la cárcel militar de Bahía de Guantánamo, que comienza su décimo año de existencia, sean juzgados ante la justicia federal o bien regresados a su país de origen o reubicados, señaló hoy Human Rights Watch. Los obstáculos interpuestos en el Congreso al cierre de Guantánamo no deberían debilitar sino fortalecer aún más los esfuerzos del gobierno de Obama para garantizar que Estados Unidos cumpla con el derecho internacional, afirmó Human Rights Watch.
"El cierre de Guantánamo es hoy tan urgente como cuando Obama asumió la presidencia en 2009", expresó Andrea Prasow, asesora principal de Contraterrorismo de Human Rights Watch. "Pero Obama no puede seguir esperando que se llegue a un consenso político y que el Congreso facilite el proceso; deberá intervenir para conseguir resultados".
Estados Unidos comenzó a trasladar presos extranjeros al centro de detención de Bahía de Guantánamo el 11 de enero de 2002. Nueve de años después, pese a la promesa del Presidente Obama de cerrar este centro antes de enero de 2010, aún hay 173 detenidos. El gobierno reconoció recientemente que Guantánamo permanecerá abierta en el futuro próximo.
Desde la presidencia de Bush, Human Rights Watch ha exigido que se cierre Guantánamo y se imparta a los extranjeros que presuntamente participaron en actos de terrorismo un trato acorde con las obligaciones jurídicas de Estados Unidos conforme al derecho internacional. Si bien el gobierno de Obama se diferenció de su predecesor al asumir el compromiso de cerrar este establecimiento, ha dado pasos en falso y ha sufrido una serie de reveses que hacen que Guantánamo continúe opacando la situación de los derechos humanos en Estados Unidos. Así, el gobierno no ha logrado poner fin a la práctica de mantener detenidos a presuntos terroristas por tiempo indeterminado sin someterlos a juicio; se continuaron empleando comisiones militares para juzgar a sospechosos de terrorismo en lugar de recurrir a la justicia federal estadounidense; no se realizaron esfuerzos suficientes para repatriar de manera segura o reubicar a los detenidos; y no se respondió adecuadamente a los obstáculos interpuestos en el Congreso para impedir el cierre de Guantánamo.
"Obama aún tiene la autoridad necesaria para lograr que los detenidos en Guantánamo sean juzgados ante los tribunales estadounidenses o para restituirlos a sus respectivos países", señaló Prasow. "Si cree genuinamente que Guantánamo representa una mancha para el prestigio de Estados Unidos, debería hacer valer su autoridad ahora mismo".
A continuación se analizan algunos aspectos clave de las medidas del gobierno de Obama destinadas a cerrar Guantánamo.
Detención por tiempo indefinido en Estados Unidos
El 22 de enero de 2009, uno de las primeras medidas del Presidente Obama fue firmar un decreto ejecutivo para cerrar Guantánamo en el plazo de un año. Si bien parecía que este decreto supondría un distanciamiento de las prácticas antiterroristas abusivas del gobierno anterior, el gobierno de Obama no elaboró ningún plan para el cierre de Guantánamo ni tampoco cumplió el plazo, y esto supuso un grave retroceso para el respeto de los derechos humanos.
La primera señal de que Obama no cumpliría el plazo que él mismo había impuesto se hizo evidente durante su discurso de mayo de 2009 en los Archivos Nacionales de Estados Unidos. Al describir la población de Guantánamo, Obama se refirió a cinco categorías de detenidos, entre los cuales se encontraban personas que "no pueden ser juzgadas y representan un grave peligro para la población estadounidense". Señaló que su gobierno trabajaría con el Congreso para desarrollar un marco jurídico que estableciera las reglas y los procedimientos aplicables a la detención "prolongada" de estas personas. El Grupo de Trabajo sobre los Detenidos en Guantánamo, creado para estudiar la situación de cada uno de los detenidos, completó su informe el 22 de enero de 2010 y recomendó que se continuara la detención por tiempo indeterminado de 48 de los 240 hombres cuyos casos había analizado, sin que se presentaran cargos. El informe establecía claramente que aún si Guantánamo se cerrara físicamente, se mantendría la situación de ilegalidad y detención indefinida simbolizada por este establecimiento.
En noviembre de 2009, el gobierno anunció su intención de comprar el centro de detención Thomson Correctional Center en Illinois y trasladar allí a los detenidos en Guantánamo. En misivas a los legisladores de Illinois, el gobierno resaltó que el establecimiento no se utilizaría para albergar a detenidos que serían juzgados en tribunales federales o por comisiones militares, sino a quienes permanecerían detenidos por tiempo indefinido. Por ende, el "cierre" de Guantánamo en realidad significaba trasladar el problema de la detención indefinida a un establecimiento dentro del territorio continental de Estados Unidos. Desde entonces, el Congreso ha tomado medidas para impedir la adquisición de la cárcel de Thomson, aunque con el objetivo principal de que Guantánamo permaneciera abierta y no por oposición al régimen de detención indefinida.
Según informes de la prensa de diciembre de 2010, Obama firmaría un decreto por el cual se establecería un proceso de revisión periódica destinado a aquellas personas que el gobierno tiene previsto mantener detenidas por tiempo indefinido. Aun si el proceso de revisión se limita a los 48 detenidos que se determinó que permanecerían sujetos a detención prolongada, esta decisión equivaldría a una autorización legal formal del presidente para que continúe la detención de personas que no han sido acusadas formalmente.
Comisiones militares
En lugar de repudiar a las comisiones militares en Guantánamo, el Presidente Obama anunció en mayo de 2009 que trabajaría con el Congreso en la reforma del reglamento de las comisiones. Este proceso culminó en la adopción de la Ley de Comisiones Militares de 2009. Esta nueva ley incorporó una serie de mejoras al sistema de comisiones militares del período de Bush y, entre otros cambios, estableció importantes restricciones al uso del testimonio de oídas y las pruebas obtenidas mediante coerción.
Sin embargo, las comisiones militares aún no cumplen los estándares internacionales sobre juicio justo y continúan siendo un foro mucho menos adecuado que los tribunales federales para juzgar casos de terrorismo. Entre las numerosas falencias que presentan se incluyen graves problemas procesales, el uso de pruebas obtenidas mediante coerción, la aplicación desigual de distintos criterios de prueba, deficiencias en la traducción y falta de acceso público. También podrían ser cuestionadas legalmente por violar la prohibición de irretroactividad de la ley penal y por aplicarse exclusivamente a personas que no son ciudadanos estadounidenses y, si sus resoluciones alguna vez llegan a la Corte Suprema por la vía de apelación, esta podría determinar su inconstitucionalidad.
Pese a la voluntad expresada por Obama de someter a comisiones militares al menos algunos de los 36 casos que el Grupo de Trabajo determinó que debían ser juzgados, no se han remitido nuevos casos desde que asumió la presidencia, y sólo dos de los casos remitidos anteriormente han sido concluidos. Solamente cinco casos fueron completados en Guantánamo desde 2002. El primer juicio durante el gobierno de Obama fue el de Ibrahim al-Qosi, originario de Sudán, quien trabajó como cocinero de Osama bin Laden durante varios años. Su caso concluyó con un convenio secreto sobre culpabilidad por el cual se dispuso que continuará en prisión durante dos años más. Ha estado detenido desde 2002. El juicio del ciudadano canadiense Omar Khadr, quien tenía 15 años cuando fue detenido por las fuerzas estadounidenses en Afganistán, recibió fuertes críticas internacionales debido a que Estados Unidos fue el primer país occidental en juzgar a una persona por presuntos crímenes de guerra cometidos cuando era menor y a que la conducta que se le imputó no había sido considerada anteriormente una violación de las leyes de guerra. Actualmente, sólo uno de los detenidos -Noor Uthman Muhammed, originario de Sudán- ha sido acusado por este delito ante una comisión militar.
Juicios en la justicia federal
Pese a que el Presidente Obama manifestó que prefería que los juicios se desarrollaran ante tribunales federales, solamente uno de los detenidos, Ahmed Ghailani, de Tanzania, ha sido trasladado a Estados Unidos para ser juzgado. Ghailani ya había sido acusado previamente por un tribunal federal de Nueva York por su presunta participación en los atentados con bombas contra las embajadas estadounidenses de Kenia y Tanzania en 1998. Los otros cinco acusados fueron condenados por la justicia federal antes de que Ghailani pudiera ser capturado. Su caso fue el primero y el único en ser remitido de Guantánamo a un tribunal federal de Estados Unidos.
El Fiscal General Eric Holder anunció en noviembre de 2009 que los casos de los cinco hombres acusados de planificar los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos serían remitidos de Guantánamo a los tribunales federales de Nueva York. No obstante, luego de las declaraciones públicas de varios funcionarios locales sobre los altos costos que supondría garantizar la seguridad del juicio, el gobierno anunció que evaluaría la posibilidad de efectuar un cambio de jurisdicción. Hasta el momento, el gobierno de Obama aún no ha anunciado dónde serán juzgados los acusados por los sucesos del 11 de septiembre, ni si efectivamente tendrá lugar el juicio.
Luego de un año de inacción, a fines de 2010 el Congreso impuso restricciones de financiamiento a través de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (National Defense Authorization Act, NDAA), analizada a continuación, que dificultan aún más la posibilidad de trasladar los detenidos de Guantánamo a un tribunal federal. Mientras el Congreso debatía estas restricciones, Holder manifestó su enérgica oposición en forma pública. Sin embargo, su oposición se vio debilitada a causa de que Obama no hizo ningún anuncio público al respecto. Obama sí emitió una declaración al promulgar la ley, en la cual se comprometió a derogar las restricciones y mitigar sus efectos. Obama aún conserva la facultad de utilizar fondos de otras fuentes distintas de las asignadas por la ley para trasladar a los detenidos a Estados Unidos, a fin de que sean juzgados. No obstante, aún queda por verse si tomará esa difícil decisión política y avanzará para lograr el cierre del centro de detención que, durante nueve años, ha constituido un antecedente oscuro para la historia de los derechos humanos en Estados Unidos.
Repatriación y reubicación
Ya en septiembre de 2002, el gobierno de Bush comenzó a trasladar a detenidos de Guantánamo a su país de origen. Fueron 532 las personas transferidas fuera de Guantánamo durante la presidencia de Bush. Desde que Obama asumió la presidencia en enero de 2009, 67 detenidos han sido trasladados a su país de origen o a terceros países. El gobierno de Bush repatrió a varios detenidos a países donde son objeto de torturas u otros maltratos, como Rusia y Túnez, lo cual supone una violación de la Convención contra la Tortura, ratificada por Estados Unidos. En una medida destinada a evitar repatriaciones ilegítimas, el gobierno de Obama designó a un enviado especial para el cierre de Guantánamo, el Embajador Daniel Fried, quien ha logrado persuadir a otros países de que reciban a los detenidos de Guantánamo, aun cuando Estados Unidos prohíbe reubicarlos en ese país. Si bien el gobierno ha expresado su fuerte compromiso por reubicar a los detenidos que no pueden ser repatriados, no aprovechó una importante oportunidad de reubicar a varios detenidos uigures -musulmanes de China que no habían tomado medidas contra Estados Unidos-. Una comunidad uigur en Estados Unidos estaba dispuesta a recibirlos. Obama no actuó con determinación ni en forma temprana con respecto a las reubicaciones, y esto facilitó la adopción de restricciones a los traslados en el Congreso, que continúan obstaculizando los intentos del gobierno por cerrar el centro de detención.
Durante el gobierno de Obama, dos detenidos han sido restituidos a Argelia contra su voluntad y sin que se les permitiera objetar su repatriación. Según la Convención contra la Tortura, que fue ratificada por Estados Unidos en 1994, ninguna persona podrá ser enviada a un país cuando existan fundamentos para creer que podría estar en peligro de ser sometida a torturas u otros maltratos. El Comité contra la Tortura, el organismo internacional de expertos que monitorea el cumplimiento de la Convención contra la Tortura, afirmó en 2006 que Estados Unidos "debería asegurarse de que los sospechosos tengan la posibilidad de objetar las decisiones sobre refoulement [retorno]".
Ambos hombres -Aziz Abdul Naji y Saeed Farhi bin Mohammed- han expresado que temen ser víctimas de maltratos por parte del gobierno sin son repatriados. Algunos funcionarios estadounidenses señalan que la situación de los derechos humanos en Argelia ha mejorado notablemente durante la última década, y afirmaron que el gobierno de Argelia ofreció "garantías diplomáticas", es decir, prometió que los detenidos que fueran enviados de regreso al país recibirían un trato humano. Las investigaciones de Human Rights Watch han demostrado que las garantías diplomáticas ofrecidas por los países receptores, que no son jurídicamente vinculantes, no ofrecen una protección efectiva contra la tortura y el maltrato. Las organizaciones de derechos humanos de Argelia afirman que en ocasiones se aplican torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra quienes se sospecha que mantienen vínculos con el terrorismo.
De los 173 detenidos que se encuentran actualmente en Guantánamo, el Grupo de Trabajo ha identificado a 59 que deberían ser liberados. Está previsto que 16 de ellos sean reubicados en terceros países. Sin embargo, la oficina del Embajador Fried no ha logrado que sean recibidos ya que, entre otras razones, los aliados estadounidenses que podrían aceptarlos no están persuadidos de que Obama tenga la intención fehaciente de cerrar Guantánamo.
También se había previsto la liberación de otros 30 presos originarios de Yemen, pero continúan detenidos en Guantánamo en razón de que el gobierno suspendió las transferencias a Yemen luego del atentado fallido contra un avión en la Navidad de 2009. El hombre acusado por la conspiración habría recibido entrenamiento en Yemen. En octubre de 2010, se logró frustrar otro atentado que implicó el envío de explosivos por aviones de carga desde Yemen a distintas direcciones en Estados Unidos. Pese a que el gobierno admitió excepciones a esta suspensión para dar cumplimiento a órdenes judiciales, 57 de los detenidos que aún permanecen en Guantánamo son originarios de Yemen.
Medidas del Congreso
En 2009, el Congreso sancionó una serie de restricciones de financiamiento que prohibían el traslado de detenidos de Guantánamo a Estados Unidos. Estas restricciones exceptuaban a quienes debían ser trasladados para ser sometidos a juicio. Uno sólo de los detenidos, Ahmed Ghailani, fue trasladado para ser juzgado por un tribunal federal. En noviembre de 2009, fue condenado por conspirar para destruir propiedad del gobierno y se enfrenta a una pena de entre 20 años de cárcel y prisión perpetua.
No obstante, a fines de 2010, el Congreso estableció prohibiciones sobre financiamiento aun más estrictas que afectan las políticas del gobierno sobre Guantánamo. La NDAA, sancionada por el Congreso saliente en 2010, prohibió el uso de fondos del Departamento de Defensa para trasladar a Estados Unidos a los detenidos que se encuentran actualmente en Guantánamo, aún cuando el traslado se efectuara para que puedan ser juzgados en este país.
Al firmar la ley, Obama adjuntó una declaración en la cual expresaba que se oponía rotundamente a los obstáculos interpuestos por el Congreso. Si bien no expresó su intención de llevar a cabo el traslado de los detenidos fuera de Guantánamo, señaló que las restricciones de la ley se aplican únicamente a los fondos asignados por esta, que el juzgamiento de presuntos terroristas ante los tribunales federales es "una herramienta poderosa" para la protección de la seguridad nacional y que "cualquier intento por privar al poder ejecutivo de esa herramienta" entorpece la lucha contra el terrorismo. En tanto la ley se aplica exclusivamente a los fondos asignados al Departamento de Defensa, podrían utilizarse otros fondos, como los del Departamento de Justicia o el Departamento de Estado, para trasladar detenidos hasta Estados Unidos u otros países.
La NDAA también prohíbe el uso de fondos del Departamento de Defensa para la adquisición del centro de detención Thomson Correctional Center en Illinois, donde el gobierno pretendía trasladar decenas de detenidos. Contempla asimismo nuevas reglas que exigen, antes del traslado de un detenido incluso a su país de origen, que el secretario de defensa certifique la existencia de una serie de factores relativos a la capacidad del país de monitorear y controlar al detenido y su experiencia en asuntos de terrorismo en el pasado. Como resultado, es posible que personas para quienes ya se haya previsto la liberación, algunas de las cuales han estado detenidas durante más de ocho años, permanezcan en esa situación por plazo indeterminado sin recibir un juicio, lo cual vulnera las obligaciones jurídicas de Estados Unidos conforme al derecho internacional.
Las nuevas reglas también restringen el uso de los fondos del Departamento de Defensa para trasladar a un detenido a un país donde haya casos de "reincidencia confirmada", un concepto que no se define. Si bien los informes del gobierno señalan que la tasa de reincidencia confirmada entre los detenidos de Guantánamo que fueron liberados alcanza el 13 por ciento, estos informes han sido desacreditados por académicos y expertos que han analizado las cifras y las han cotejado con información de público acceso. El gobierno estadounidense nunca ha difundido una lista con los nombres de los supuestos reincidentes ni otra información sobre los actos que presuntamente habrían cometido. Si bien hay casos de ex detenidos que participan en actos violentos, el intento del Congreso por impedir la liberación de detenidos cuyo traslado había sido autorizado por el gobierno resulta excesivamente amplio, obligaría a Estados Unidos a incumplir sus obligaciones jurídicas internacionales y frustraría las medidas globales del gobierno contra el terrorismo al desalentar la cooperación internacional. Dado que la prohibición se aplica únicamente a los fondos del Departamento de Defensa, el gobierno se reserva la potestad de utilizar otros fondos para repatriar y reubicar a detenidos, incluso en países donde se haya registrado reincidencia.
