(Nueva York) – Las legislaturas estatales en Estados Unidos deben rechazar una propuesta para clasificar los certificados de nacimiento de ciudadanos estadounidenses en función del estatus inmigratorio de sus padres, lo que violaría el derecho protegido a nivel internacional de igualdad ante la ley, señaló hoy Human Rights Watch.
La propuesta de ley, formulada el 5 de enero de 2011 por el grupo State Legislators for Legal Immigration (Legisladores Estatales por la Inmigración Legal), pide a los estados que promulguen leyes para hacer una distinción entre los niños que son ciudadanos estadounidenses cuando expidan sus certificados de nacimiento. Con la aprobación del Congreso de Estados Unidos, los estados estarían autorizados a clasificar de manera diferente los certificados de nacimiento de los niños nacidos en Estados Unidos de padres que no son ciudadanos o no tienen autorización para vivir permanentemente en el país, que los certificados de nacimiento de otros niños estadounidenses.
“El derecho internacional, así como la legislación estadounidense, exige que los gobiernos garanticen la igualdad ante la ley”, dijo Alison Parker, directora del programa de Estados Unidos. de Human Rights Watch. “Esta propuesta injusta desbarata ese derecho apreciado y reconocido”.
Bajo la 14ª Enmienda a la Constitución de Estados Unidos todas las personas nacidas en este país tienen derecho a la ciudadanía de Estados Unidos. La propuesta de ley formulada el 5 de enero no pretende alterar el estatus de ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos de padres no-ciudadanos. En su lugar, propone una legislación que permitiría a los gobiernos estatales diferenciar a estos ciudadanos estadounidenses de otros ciudadanos del país, a través de las marcas en los certificados de nacimiento expedidos por el Estado.
Aunque el modelo de estatuto propuesto afirma que no confiere ningún beneficio o penalización particular en función de las diferentes marcas, distinguir a los ciudadanos sobre la base del estatus inmigratorio de sus padres inevitablemente resultaría en un trato discriminatorio, señaló Human Rights Watch.
“La 14ª Enmienda no abordaba únicamente los males de la esclavitud, sino también una serie de actitudes discriminatorias contra las minorías en Estados Unidos”, dijo Parker. “Cualquier propuesta que reduzca la igualdad de protección ante la ley supondría un gran paso atrás”.
El artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Estados Unidos en 1992, establece que: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley”. El Comité de Derechos Humanos, órgano de expertos independientes que supervisa el cumplimiento del PIDCP, ha declarado que la discriminación incluye “cualquier distinción” sobre la base del origen nacional o de nacimiento que tenga el propósito de socavar los derechos, en este caso, el derecho a la ciudadanía.
“La igualdad ante la ley es una piedra angular del derecho internacional y de Estados Unidos”, dijo Parker. “Los estados deberían rechazar esta propuesta de ley tan aborrecible para los valores de Estados Unidos”
