(Washington DC) – Una sentencia del 28 de julio de 2010 de un tribunal de distrito estadounidense en Arizona ha decretado el bloqueo temporal de las disposiciones más problemáticas de la reciente ley de Arizona que persigue a los inmigrantes, señaló hoy Human Rights Watch.
De acuerdo con la orden temporal dictada por la jueza Susan Bolton, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Arizona no tendrán que arrestar a personas si tienen una “sospecha razonable” de que se encuentran irregularmente en el país, y no será un delito estatal que los inmigrantes no porten documentos de identidad. El Gobierno de Estados Unidos interpuso una demanda contra el estado de Arizona alegando que estas disposiciones de la ley estatal, SB 1070, violan la autoridad exclusiva del Gobierno federal sobre la inmigración.
“La sentencia del tribunal federal interrumpe, al menos temporalmente, los peores aspectos de una ley discriminatoria”, señaló Alison Parker, directora del programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. “En realidad, Arizona tiene que revocar completamente la ley, y se deben rechazar los proyectos de ley similares que se están considerando en otros estados”, agregó.
Human Rights Watch señaló que las disposiciones impuestas por la ley de inmigración de Arizona violan la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por Estados Unidos en 1994. Este tratado exige a los funcionarios de gobierno, entre ellos los funcionarios estatales y locales, que garanticen que sus políticas no generen discriminación contra personas por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico. El tratado impone al Gobierno de Estados Unidos la obligación de no participar en la discriminación y “asegurarse de que las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación”.
En enero, Harold Koh, asesor jurídico del Departamento de Estado de Estados Unidos, envió una carta a todos los gobernadores, entre ellos la gobernadora Jan Brewer de Arizona, comunicándoles su obligaciones de conformidad con el tratado.
Al final de su sesión de abril, la asamblea legislativa de Arizona aprobó la ley HB 2162, que modifica la ley SB 1070. Con esta modificaciones se intentaron disipar las críticas de que la ley SB 1070 promovía la discriminación racional al introducir, por ejemplo, tres declaraciones indicando que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley “no podían considerar la raza” cuando aplicaran esta ley. Sin embargo, la ley seguía permitiendo que la sospecha razonable de la presencia irregular en el país se basara en el dominio del idioma, la forma de vestir y el comportamiento de la persona cuestionada por la policía, señaló Human Rights Watch.
“Por mucho que se repita que la ley no va a considerar la raza no se va a lograr sanear una legislación que esencialmente obliga a la policía a perseguir a los residente latinos”, señaló Parker.
La ley de inmigración que entrará en vigor el 29 de julio incluye disposiciones que promueven una mayor cooperación entre los agentes de la ley de Arizona y las autoridades federales de inmigración, y que aumentan las sanciones penales por actividades relacionadas con el empleo de inmigrantes sin autorización para trabajar.
“La sentencia del tribunal federal extirpa las disposiciones más terribles”, señaló Parker. “Pero la ley de Arizona sigue siendo profundamente problemática”, agregó.
