Tiendas de acampar se quemaron después de que las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaron el campamento en las afueras de El Aaiún, la capital del Sahara Occidental, el 8 de noviembre de 2010.

© 2010 Reuters

(Nueva York) - Las fuerzas de seguridad marroquíes han golpeado y maltratado repetidamente a personas detenidas tras los disturbios del 8 de noviembre de 2010 en El Aaiún, la capital del Sahara Occidental, Human Rights Watch señaló hoy. Las fuerzas de seguridad también atacaron directamente a civiles, según demuestra una investigación de Human Rights Watch. Las autoridades marroquíes deben poner fin inmediatamente al maltrato de detenidos y llevar a cabo una investigación independiente de los abusos, señaló Human Rights Watch.

En las primeras horas del 8 de noviembre, las fuerzas de seguridad marroquíes se dispusieron a desmantelar el campamento de tiendas de Gdeim Izik, compuesto por unas 6,500 tiendas levantadas por los saharauis a principios de octubre para protestar por sus condiciones sociales y económicas en Sahara Occidental­, región controlada por Marruecos. Esto desencadenó enfrentamientos violentos entre los residentes y las fuerzas de seguridad tanto en el campamento como en el vecino El Aaiún. Once agentes de seguridad y al menos dos civiles resultaron muertos, según la versión oficial. Se incendiaron muchos vehículos y edificios públicos y privados en la ciudad.

"Las fuerzas de seguridad tienen derecho a hacer un uso proporcionado de la fuerza para prevenir la violencia y proteger vidas humanas, pero nada puede justificar golpear a personas detenidas hasta que pierdan el conocimiento", señaló Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch.

Tras las confrontaciones violentas iniciales, las fuerzas de seguridad marroquíes participaron, junto con civiles marroquíes, en ataques de represalia contra la población civil y los hogares, e impidieron que los saharauis heridos recibieran tratamiento médico. Dicha conducta, así como las palizas a personas detenidas, no pueden considerarse un uso legítimo de la fuerza para prevenir o detener actos violentos por parte de algunos manifestantes, como arrojar piedras o incendiar edificios, señaló Human Rights Watch.

Después de la violencia del 8 de noviembre, los funcionarios de seguridad marroquíes detuvieron a centenares de saharauis en relación con los disturbios, de los cuales más de cien siguen recluidos. Otros nueve han sido trasladados a Rabat para que un tribunal militar instruya su caso, según dijeron abogados de derechos humanos saharauis en El Aaiún a Human Rights Watch.

Restricción del acceso a la información

Tras el desmantelamiento del campamento de tiendas, las autoridades marroquíes limitaron estrictamente el acceso a El Aaiún, y permitieron que pocos periodistas o representantes de organizaciones no gubernamentales llegaran a la ciudad y enviaron de regreso a muchos de los que lo intentaron. El 11 de noviembre, impidieron a un investigador de Human Rights Watch embarcar en dos ocasiones en un vuelo a El Aaiún, que voló finalmente a la ciudad el 12 de noviembre. Del 12 al 16 de noviembre, el investigador y un asistente de investigación de Human Rights Watch basado en El Aaiún pudieron entrevistar a civiles y agentes de policía heridos en los hospitales y sus casas. También se reunieron con Mohamed Jelmous, gobernador de la región de El Aaiún-Boujdour-Sakia El Hamra.

"Nos alegra que Marruecos cambiara de postura y permitiera que Human Rights llevara a cabo una investigación en El Aaiún", señaló Whitson. "Pero un gobierno que dice una y otra vez que no tiene nada que ocultar debe demostrarlo permitiendo que todos los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales lleguen a la región y recopilen información sin obstáculos", agregó.

Descripción general de los hechos

Human Rights Watch centró su investigación en los abusos contra los derechos humanos cometidos después del desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, no en las características de la protesta en el campamento, la decisión de cerrarlo o la manera en que se cerró.

Human Rights Watch no ha hecho su propio recuento de las bajas civiles y de las fuerzas de seguridad durante los sucesos. Según las autoridades marroquíes, nueve miembros de las fuerzas de seguridad resultaron muertos durante la operación en el campamento de Gdeim Izik, en la mañana del 8 de noviembre, y otro murió durante los disturbios ocurridos ese día en El Aaiún. La novena persona murió el 17 de noviembre como consecuencia de las heridas recibidas durante los disturbios. Un civil murió debido a las heridas sufridas durante la operación de las fuerzas de seguridad en Gdeim Izik, otro murió atropellado por un vehículo durante los disturbios en El Aaiún. La Fiscalía ordenó una investigación judicial de este último caso, según una declaración del Gobierno.

El 18 de noviembre, Human Rights Watch comunicó a los funcionarios del Ministerio del Interior en Rabat sus pruebas de que las fuerzas de seguridad habían abierto fuego en la ciudad de El Aaiún, hiriendo a civiles, y de otros ataques violentos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad contra saharauis, tanto en libertad como detenidos. Al día siguiente, las autoridades marroquíes volvieron a emitir un desmentido y señalaron por escrito a Human Rights Watch que: "Las operaciones de las fuerzas de seguridad durante el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, así como sus operaciones en El Aaiún, se realizaron de conformidad con los procedimientos legales vigentes, respetando estrictamente lo que se requiere de un Estado que respeta el Estado de derecho, y sin que se realizara ni un solo disparo". También señalaron que "las autoridades marroquíes están dispuestas a iniciar investigaciones y los análisis forenses necesarios para esclarecer totalmente la base de estas alegaciones. Es más, aquellas personas que alegan haber sido sometidas a un trato violento, estén o no detenidas, tienen plena libertad para interponer demandas ante los tribunales con el fin de establecer la validez de sus afirmaciones".

El 20 de noviembre, el Gobierno anunció que, partiendo del informe de Human Rights Watch, la fiscalía del Tribunal de Apelaciones de El Aaiún había abierto una investigación acerca de "las alegaciones de personas heridas por disparos de bala" durante los disturbios de El Aaiún.

Human Rights Watch tiene la intención de dar un seguimiento a cualquier investigación oficial así como al trato que reciban las víctimas de abusos que presentan una denuncia.

Las fuerzas de seguridad que participaron en los hechos proceden de varias instituciones. Entre las tropas que intervinieron en el campamento había gendarmes y Fuerzas Auxiliares, según una declaración del Ministerio del Interior. En El Aaiún intervinieron la fuerza policial regular, las unidades especiales anti-motines (groupes d'intervention rapide, GIR) y las Fuerzas Auxiliares. Estas últimas asisten a otros departamentos de las fuerzas de seguridad y no forman parte del Ministerio del Interior.

La misión de investigación de Human Rights Watch identificó los siguientes posibles abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Algunas de las personas que hablaron con Human Rights Watch dieron permiso para utilizar sus nombres, mientras que otras pidieron que no se revelaran sus nombres por temor a las represalias.

Abusos durante la detención
Human Rights Watch entrevistó a siete saharauis detenidos después de los eventos violentos del 8 de noviembre y puestos en libertad posteriormente. Todos ellos alegaron que los policías y los gendarmes los habían maltratado durante la detención, lo que incluyó en algunos casos golpearlos hasta dejarlos inconscientes, arrojar orina sobre ellos y amenazarlos de violación. Los abogados que representan a los que siguen detenidos señalaron a Human Rights Watch que al menos un detenido había dicho al juez de instrucción que lo habían violado durante la detención, mientras que otros muchos contaron al juez de instrucción y al fiscal las palizas y otros abusos a los que habían sido presuntamente sometidos durante la detención.

Los testigos entrevistados por Human Rights Watch tenían hematomas graves y otras heridas recientes que sugerían que habían sido golpeados durante la detención.

Los familiares de los detenidos dijeron a Human Rights Watch que las autoridades marroquíes no les habían informado de las detenciones durante varios días y, al 23 de noviembre, las autoridades todavía no les habían permitido visitar a familiares que llevaban hasta dos semanas detenidos, aunque los abogados defensores habían podido entrevistarse con ellos por primera vez ese día. Los retrasos dificultaron que muchas familias pudieran determinar rápidamente el paradero de las personas desaparecidas u obtener información acerca del trato recibido durante la detención.

Human Rights Watch instó a las autoridades a que informen inmediatamente a los familiares cercanos de cada persona detenida, como requiere el artículo 67 del Código de Procedimientos Penales de Marruecos.

Los saharauis recluidos en la prisión de El Aaiún estaban siendo investigados por cargos tales como la formación de una banda criminal con el objetivo de cometer delitos contra las personas y la propiedad, posesión de armas, destrucción de la propiedad pública y participación en la toma de rehenes y el secuestro de personas, en el incendio de edificios, en el uso de la violencia contra miembros de la fuerzas del orden que resultaron en muertos y heridos, así como en encuentros armados.

Ahmed Jadahlou Salem, de 34 años, señaló Human Rights Watch que había llegado al campamento de Gdeim Izik, escenario de las protestas, en la tarde del 7 de noviembre, después de un largo viaje de automóvil desde España. Dijo que en la mañana de la represión policial, los gendarmes que se encontraban en el campamento lo arrestaron y esposaron, y después lo golpearon y patearon con sus botas hasta que perdió el conocimiento. Cuando recobró el conocimiento, seguía en el campamento y los gendarmes volvieron a propinarles varias patadas en el pecho y lo arrojaron después a la parte trasera de un camión:

Nos metieron a unos 30 ó 40 en la parte de atrás del camión de los gendarmes. Todos teníamos las manos esposadas detrás de la espalda. Nos metieron en el camión como si fuéramos ganado; algunos teníamos heridas en la cabeza y todos estábamos sangrando. Estábamos tumbados unos encima de otros, y así nos dejaron durante una o dos horas, mientras nos ordenaban que mantuviéramos la cabeza agachada.

Jadahlou dijo que cuando el camión llegó a El Aiún, sacaron a los hombres arrastrándolos por los pies y los llevaron andando a la gendarmería, mientras les propinaban puñetazos y patadas. Dijo que los encerraron en una habitación que, el 9 de noviembre, albergaba a 72 hombres detenidos. Jadahlou describió a Human Rights Watch cómo sacaron a cada persona de la celda común para interrogarla, y les propinaron patadas y puñetazos por el camino:

En la sala de interrogatorio había quizá seis gendarmes, pero otros entraban y salían todo el tiempo. No había una silla para sentarse y cada pregunta iba acompañada de una patada o una bofetada. Hicieron muchas preguntas: qué hacía en el campamento, por qué queríamos nuestro propio Estado. Me preguntaron por muchas personas por su nombre. Amenazaron con violarme ahí mismo.

Jadahlou dijo que cuando el camión llegó a El Aiún, sacaron a los hombres arrastrándolos por los pies y los llevaron andando a la gendarmería, mientras les propinaban puñetazos y patadas. Dijo que los encerraron en una habitación que, el 9 de noviembre, albergaba a 72 hombres detenidos. Jadahlou describió a Human Rights Watch cómo sacaron a cada persona de la celda común para interrogarla, y le propinaban patadas y puñetazos por el camino:

Otra persona que había estado detenida, Laassiri Salek, de 38 años, dijo a Human Rights Watch que la policía le había detenido alrededor del mediodía del 9 de noviembre en su casa del barrio de Columina Nueva. Señaló a Human Rights Watch que, aunque estaba esposado y con los ojos vendados, está bastante seguro de que lo trasladaron a la comisaría central de la policía de la ciudad. Una vez allí, según dijo, le golpearon durante cinco horas con palos y bastones de madera, lo que le hizo perder el conocimiento en dos ocasiones. La policía lo reanimó arrojándole agua. Dijo que podía oír los gritos de dolor de otros detenidos en las inmediaciones. Después de la larga sesión de golpes, durante la cual varios agentes de policía entraron y salieron, se lo llevaron a la sala de interrogatorio, donde, según dijo, siguieron golpeándole con bastones en la cabeza, la espalda y la zona de los riñones.

Salek señaló a Human Rights Watch que la policía obligó a los detenidos a cantar el himno nacional marroquí, y les golpeaban si no se sabían la letra. La policía les arrojó agua fría y no les proporcionó alimentos durante los primeros dos días. Dijo que, en la noche del 10 de noviembre, la policía ordenó a los detenidos que se pusieran en línea, todavía con los ojos vendados, mientras los agentes corrían hacía ellos y les propinaban duras patadas con sus botas. Salek volvió a perder la conciencia. Cuando la policía le puso en libertad al día siguiente, no podía caminar y tuvieron que sacarle de la comisaría en una silla de ruedas y llevarle a casa en un taxi. Seguía en una silla de ruedas cuando Human Rights Watch lo entrevistó el 16 de noviembre, cinco días después de su puesta en libertad.

Leila Leili, una activista saharaui de 36 años, fue detenida el 9 de noviembre a las puertas de la casa de su padre cerca de la avenida Smara, en el barrio de Lacheicha, después de que la policía encontrara en su bolso un relato de los acontecimientos del día anterior escrito por ella. Dijo a Human Rights Watch que los agentes de policía la llevaron primero a un edificio privado cercano, donde un policía le dio un puñetazo en la cara. La retuvieron allí durante varias horas y después la trasladaron a la comisaría central. Allí se quejó con los agentes de que los policías que la habían arrestado habían dejado en libertad a varios marroquíes armados con cuchillos, pero habían arrestado a todos los civiles saharauis que habían parado. Según recuerda:

Debido a esto [la queja], empezaron a golpearme con palos en la cabeza y la espalda, y a darme patadas. No sé cuántos eran porque seguía con los ojos vendados. Me ordenaron que gritara eslóganes pro marroquíes como "Viva el Rey" y que dijera que era marroquí. Les dije que respetaba a su rey y al pueblo marroquí, pero que yo no era marroquí. Estaban golpeando a otras personas en la misma habitación y obligándolas a decir las mismas cosas.

Leili fue sometida después a un largo interrogatorio acerca de su trabajo como activista, sus viajes a Argelia y España y el trabajo de su asociación y sus miembros. Después del interrogatorio, la hicieron sentarse en un pasillo de la comisaría, donde los agentes que pasaban le propinaban regularmente patadas y golpes. Dijo a Human Rights Watch: Me pusieron en el pasillo y todo el que pasaba me golpeaba. Preguntaban: "¿Qué hace ésta aquí?", y otro respondía: "Dice que no es marroquí", y entonces me pateaban o golpeaban.

Ataques contra hogares saharauis

Human Rights Watch visitó los barrios de Haï Essalam y Colomina Nueva, donde numerosas casas de saharauis habían sido atacadas el 8 y 9 de noviembre por grupos que incluían a miembros de las fuerzas de seguridad y personas con ropa de calle, algunos de los cuales eran aparentemente civiles marroquíes, según los residentes. Las personas entrevistadas describieron cómo los atacantes golpearon a los residentes dentro de sus casas y dañaron sus pertenencias. Según se ha informado, las autoridades han adoptado medidas para compensar a los propietarios por los daños, pero, hasta donde ha podido determinar Human Rights Watch, no han anunciado ningún arresto o cargo contra los civiles marroquíes implicados en los actos de violencia.

Una persona que lleva 30 años residiendo en el barrio de Columina Nueva describió cómo un grupo de civiles marroquíes se reunió frente a su casa, cerca de la calle Moulay Ismaïl, alrededor de las tres de la tarde del 8 de noviembre. Los marroquíes iban acompañados de agentes de policía de paisano, que podían identificarse por el equipo de protección que portaban, y por policías uniformados armados con gases lacrimógenos y pistolas. Los civiles entraron por la fuerza en su casa y lo golpearon en la cabeza con un machete, lo que le dejó inconsciente y con una profunda herida. Su hermano presenció cómo los civiles saqueaban su casa, robaban televisiones, utensilios de cocina y muchos más objetos valiosos, y destruían las ventanas y los muebles.

Alrededor de una docena de hogares saharauis en la calle Moulay Ismaïl o las cercanías fueron invadidos y dañados. A dos calles de lugar, un grupo de unos 40 soldados y agentes de policía invadieron la casa de dos mujeres mayores a las diez y media de la mañana del 8 de noviembre. Las mujeres dijeron que los invasores dispararon proyectiles antimotines con perdigones de plástico contra la casa, dijeron a la familia que saliera y robaron una computadora y joyas.

En uno de estos ataques ocurridos en Columina Nueva, un grupo de civiles marroquíes y policías entró en una casa saharaui a la una y  media de la tarde del 8 de noviembre, donde encontró a siete hombres saharauis desarmados ocultos en un pequeño cuarto en la azotea. Cuatro de ellos, a los que Human Rigths Watch entrevistó el 16 de noviembre, dijeron que la policía los atacó, disparando a uno en la parte baja de la pierna izquierda con munición de guerra con una pistola de pequeño calibre, disparando cartuchos de escopeta antimotines con perdigones de plástico contra el grupo provocándoles heridas superficiales y golpeándoles duramente con una pesada bombona de gas butano y palos. Uno de ellos, un hombre de 28 años que ocho días después dijo que todavía no podía mover el brazo derecho debido a la dureza de los golpes, recordó el ataque:


La policía entró por la fuerza a la casa y entró armada, después echaron abajo la puerta de la habitación donde estábamos escondidos. Un policía me golpeó con una bombona de gas butano, levantándola por encima de su cabeza y arrojándomela, primero sobre mi brazo y después sobre mi pie. Nos insultaba y nos decía: "Todos ustedes son del Polisario". Después nos golpearon con palos y nos dispararon. Nos obligaron a ponernos contra la pared y siguieron golpeándonos. Éramos siete [civiles] y había unos nueve policías.

La policía arrestó a los hombres y los llevó a la planta baja de la casa. Por el camino, algunos de los civiles marroquíes que habían entrado en la casa los golpearon, según dijeron después a Human Rights Watch. Los introdujeron en un automóvil y los trasladaron a la Prefectura de Seguridad Nacional, donde los recluyeron durante dos días antes de ponerlos en libertad sin cargos.

Cuando Human Rights Watch visitó el cuarto de azotea el 16 de noviembre, el suelo y las paredes estaban manchados de sangre. Los hombres mostraron a los investigadores los perdigones de plástico y los cartuchos de escopeta para el control de disturbios que, según dijeron, quedaron en el suelo del cuarto después del asalto policial.

Los residentes de algunas calles donde se habían dañado casas el 8 y 9 de noviembre dijeron que, más tarde esa misma semana, los funcionarios del Ministerio del Interior visitaron la zona e hicieron arreglos para proporcionar alguna compensación financiera. El gobernador Mohamed Jelmous también dijo a Human Rights Watch que se estaba indemnizando a los propietarios.

Según más de uno de los testigos entrevistados, durante la mayor parte del 8 de noviembre, la policía impidió el acceso al principal hospital público de El Aaiún, en ciertos casos atacando a los civiles saharauis que buscaban tratamiento para sus heridas. Un trabajador del hospital dijo a Human Rights Watch que presenció un ataque en el que la policía rompió las ventanillas de un taxi que llegó hasta el hospital trasladando a tres saharauis heridos, y golpeó tanto a los hombres heridos como al taxista, antes de dejar al taxista que se fuera y detener a los tres pasajeros. Varios saharauis que habían sido golpeados dijeron que no acudieron al hospital a recibir tratamiento por miedo a que la policía estuviera allí.

Ataque policial a un investigador de Human Rights Watch en la calle

La policía propinó una paliza a Brahim Alansari, asistente de investigación de Human Rights Watch en El Aaiún, en una calle de la ciudad, cuando iba acompañado de John Thorne, corresponsal en Rabat de The National, el diario en lengua inglesa de Abu Dhabi. Alrededor de las nueve de la mañana del 8 de noviembre, en un momento en que los manifestantes estaban arrojando piedras y las fuerzas de seguridad se estaban concentrando en las calles, la policía detuvo a los dos hombres en una calle adyacente detrás del hotel Negjir, en el centro de El Aaiún, y exigió saber qué hacían en el lugar. Después de que Alansari y Thorne les informaran de su nombre y su profesión, los agentes los separaron. Alansari describió lo que sucedió a continuación:

Los policías me rodearon y empezaron a patearme, golpearme con sus bastones y abofetearme. Me preguntaron mi nacionalidad. Cuando me negué a contestarles, aparentemente se enfurecieron y empezaron a golpearme de nuevo. Entonces llegó un oficial superior y me ordenó que respondiera. Dije que no podía hablar mientras me golpeaban. No ordenó a los otros que dejaran de pegarme...

Uno de los policías me llevó donde estaba John [Thorne] sentado en una silla. El policía me obligó a sentarme en el suelo al lado de John y dijo que yo era un perro y que ese era mi sitio. Después de unos 10 ó 20 minutos, algunos policías se acercaron y dijeron al Sr. Thorne que regresara a su hotel y no hiciera ningún trabajo. Después, el hombre con ropa de paisano me pidió que no acompañara al Sr. Thorne ni lo llevara a ningún  lado y que debía en cambio irme a casa y no meterme en problemas. Me devolvieron mi teléfono y mi identificación, y le dieron a John su pasaporte, y nos fuimos.

Thorne dijo a Human Rights Watch que pudo ver la paliza desde donde le obligaron a sentarse, a unos cinco metros:

Alrededor de una docena de policías (algunos con uniformes verdes y otros con equipamiento antidisturbios de color azul) rodearon a Brahim y empezaron a golpearlo. No pude ver cuántos policías lo golpearon, pero pude ver que lo golpearon con las manos y los bastones al menos una veintena de veces durante unos cuantos minutos. Después los policías obligaron a Brahim a sentarse a mi lado.


El 23 de noviembre, Human Rights Watch envió una carta a las autoridades marroquíes explicando este incidente y solicitando que se investigara. El 24 de noviembre, el Ministerio del Interior respondió afirmando que había abierto una investigación administrativa y que el Ministerio de Justicia había pedido a la fiscalía de El Aaiún que emprendiera una investigación judicial. Human Rights Watch tiene la intención de informar sobre el resultado de estas investigaciones.

 

Antecedentes

El origen del conflicto actual sobre el Sahara Occidental se remonta a 1975, cuando España, la antigua potencia colonial, se retiró de la región y Marruecos tomó el control de este territorio desértico escasamente poblado. Desde entonces, Marruecos ha afirmado su soberanía y administrado el Sahara Occidental como si fuera una parte de Marruecos, a pesar de que la ONU no reconoce dicha soberanía y considera al Sahara Occidental como "un territorio sin gobierno propio". El Frente Polisario, el movimiento independentista del Sahara Occidental, libró una guerra contra Marruecos hasta 1991, cuando la ONU promovió un alto el fuego y un acuerdo para la organización de un referendo de autodeterminación para la población del Sahara Occidental.

El referendo no se ha celebrado debido a las objeciones de Marruecos, que rechaza la opción de la independencia y propone en cambio la concesión de cierta autonomía para el Sahara Occidental bajo el control marroquí. El Polisario sigue insistiendo en la celebración de un referendo que incluya la opción de la independencia. Las negociaciones para superar este obstáculo no han dado frutos hasta ahora. Mientras tanto, gran número de marroquíes han emigrado al sur y se han asentado en el Sahara Occidental, donde ahora superan en número a los saharauis originarios de la región.

Bajo el régimen marroquí, la promoción de la independencia se considera un "ataque contra la integridad territorial", sancionable por ley. Aunque no todas las actividades pro independentistas en el Sahara Occidental son de carácter no violento (en algunos casos, los jóvenes han arrojado piedras y cócteles molotov durante los recientes enfrentamientos y han causado daños a la propiedad), las fuerzas de seguridad disuelven sistemáticamente incluso las protestas pacíficas, y los activistas no violentos son sometidos a juicios injustos y penas de cárcel.