(Nueva York)- Las autoridades penitenciarias de Irán deben terminar con el aislamiento de 17 prisioneros políticos y proporcionarles todas las protecciones a las que tienen derecho, incluyendo el acceso a sus familias y abogados, Human Rights Watch señaló hoy. Todos los 17 han estado en huelga de hambre desde el 26 de julio para protestar por el deterioro de las condiciones dentro de la Prisión Evin y se les han prohibido el contacto con sus familias.

Los 17 se encuentra entre los cientos de detenidos en la sección 350 de la Prisión Evin de Teherán, muchos de los cuales fueron detenidos ilegalmente como parte de los masivos arrestos de políticos disidentes y manifestantes pacíficos tras las disputadas elecciones presidenciales del 12 de julio de 2009. Existen especulaciones de que otros prisioneros pudieron haberse unido a la huelga de hambre en los últimos días.

"Arrojar a estos prisioneros al aislamiento en lugar de dar respuesta a sus legítimas preocupaciones solo les causa un daño adicional", dijo Joe Stork, subdirector de Oriente Medio para Human Rights Watch. "Necesitan ser reintegrados de nuevo con la población general, recibir el cuidado que necesitan, y que se les permita tener contacto con sus seres queridos de inmediato".

Las autoridades transfirieron a los 17 a celdas de aislamiento el 26 de julio, después de que se quejaron sobre las condiciones penitenciarias. Un familiar de un recluso dijo a Human Rights Watch que al 5 de agosto tres de los prisioneros habían iniciado una huelga de hambre "seca", rechazando comer o beber por completo. El familiar expresó serias preocupaciones sobre el deterioro físico de varios de los reclusos. Desde que los reclusos iniciaron la huelga de hambre, las autoridades han transferido a varios de ellos a la clínica de la prisión para darles tratamiento con suero, pero fueron usualmente devueltos poco después a sus celdas. Varios de los 17 sufren de problemas médicos que requieren cuidadosa vigilancia, como diabetes, esclerosis múltiple y enfermedades del corazón.

Los 17 huelguistas son: Bahman Ahmadi Amoui, Gholam Hossein Arshi, Ebrahim Babaei, Babak Bordbar, Majid Darri, Jafar Eghdami, Koohyar Goodarzi, Peyman Karimi-Azad, Ali Malihi, Abdollah Momeni, Hamid Reza Mohammadi, Zia Nabavi, Hossein Nouraninejad, Ali Parviz, Keyvan Samimi, Mohammad Hossein Sohrabirad y Majid Tavakoli. Algunos son periodistas, activistas de la sociedad civil, estudiantes activistas, activistas de derechos humanos, miembros de la oposición política, veteranos de la guerra Irán-Irak.
Human Rights Watch ha documentado el enfoque, los arrestos y las detenciones arbitrarias por parte del Gobierno de varios de estos prisioneros por sus actividades políticas durante los últimos años.

Kaleme, un sitio web afiliado con el ex candidato presidencial y líder opositor Mir Hossein Mousavi, informó que las autoridades enviaron a los 17 al aislamiento después de que se quejaron de las condiciones penitenciarias y los malos tratos hacia sus compañeros. Los reclusos iniciaron la huelga de hambre después de que oficiales penitenciarios los transfirieron al aislamiento. Durante su transporte al aislamiento, guardias de la prisión presuntamente los amenazaron y hostigaron verbalmente. Desde la semana pasada las autoridades han cortado toda comunicación entre la sección 350 y el mundo exterior, negando a todos los prisioneros en esta área sus derechos a visitas y a realizar llamas telefónicas diarias.

El 2 de agosto, los 17 reclusos emitieron una declaración con cinco demandas, que incluyeron el pleno respeto de las autoridades penitenciaras a los derechos garantizados a los prisioneros por ley, poner fin a su aislamiento, un incremento al tiempo permitido para realizar llamas telefónicas y mejorar el acceso a instalaciones médicas. La declaración de los 17 reclusos afirma que las autoridades penitenciarias hostigan rutinariamente a los prisioneros, niegan o limitan arbitrariamente los privilegios de visitas y llamadas telefónicas, y no proveen las instalaciones ni los tratamientos médicos básicos. También se quejaron de las condiciones de hacinamiento en la sección 350. Informes de la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán indican que las autoridades penitenciaras están negando sistemáticamente la atención médica a los prisioneros políticos.

Los medios de comunicación persas han informado que desde que los reclusos iniciaron la huelga sus familias han intentado hablar con el fiscal de Tehrán, Jafari Dolatabadi, y otros oficiales para obtener acceso a los reclusos, asegurar su traslado de vuelta a la sección general y mejorar las condiciones penitenciarias. El 2 de agosto, después de que los guardias de la Prisión Evin les negaron acceso a los reclusos, los familiares empezaron su propia huelga de hambre en solidaridad con los 17 prisioneros.

El 4 de agosto, después de que familiares se reunieron afuera de la oficina del Procurador General en Teherán para demandar acceso a sus familiares en detención, miembros de la policía antidisturbios los atacaron con bastones, arrebataron de sus manos fotos de sus familiares encarcelados, y los amenazaron con arrestarlos, informó Kalame. Un activista de derechos humanos en contacto cercano con familiares dijo a Human Rights Watch que en días recientes autoridades gubernamentales han amenazado a las familias y les han advertido no dar entrevistas a la prensa.

Tanto las leyes internacionales como las iraníes requieren que las autoridades penitenciarias satisfagan las necesidades básicas de todos los prisioneros y los traten con dignidad y respeto. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Irán es Estado parte, prohíbe el trato o castigo inhumano o degradante. En 2004, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas criticó el uso sistemático de Irán del aislamiento y subrayó: "[T]al aislamiento absoluto, cuando es de larga duración, puede ser ligado al trato inhumano de acuerdo a la Convención Contra la Tortura". Los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas declaran que "se tratará de abolir o restringir el uso del aislamiento en celda de castigo como sanción disciplinaria y se alentará su abolición o restricción".

Adicionalmente, los artículos 22 y 39 de la Constitución de Irán prohíben afrentas a la dignidad de los individuos y detenidos. Las normas de la Organización de Prisiones Estatales exigen a las autoridades penitenciarias el proveer alimentos, alojamiento e higiene personal adecuados a los reclusos. Garantizan a los detenidos el derecho a la atención médica y supervisión, visitas y comunicaciones familiares, y periodos fuera de prisión en caso de emergencias familiares.

Un abogado que representa a varios reclusos en huelga dijo a Human Rights Watch que las autoridades también impiden de manera rutinaria a los abogados reunirse con sus clientes: "Para poder visitar a mis clientes tengo que acudir al tribunal, a pesar de que la ley simplemente dice que puedo visitar a mis clientes", afirmó el abogado. El abogado dijo a Human Rights Watch que recientemente, en lugar de emitir órdenes para permitir las visitas, los tribunales han estado remiendo a los abogados a la oficina del fiscal. "He estado visitando al fiscal de Teherán muchas veces, pero no he podido reunirme con él", dijo el abogado.

"Los prisioneros piden únicamente lo que Irán está obligado a hacer de acuerdo a sus leyes", dijo Stork. "Su lucha por ejercer sus derechos más básicos como prisioneros muestra qué tan seria se ha convertido la crisis de derechos humanos en Irán".