(Estambul) - Las duras condenas de prisión para nueve oficiales penitenciarios y policiacos por tortura, un caso de los cuales llevó a la pena de muerte, es un veredicto trascendental que debe demostrar un renovado esfuerzo por el Gobierno turco para poner fin a la tortura de individuos bajo custodia, Human Rights Watch señaló hoy.  Este caso es el primero en que un tribunal turco condenó a un alto funcionario penitenciario por la tortura realizada por los guardias bajo su mando.

Las condenas efectuadas en un tribunal de Estambul el 1 de junio de 2010 fueron por la tortura a muerte de Engin Çeber, un activista de la Asociación Derechos y Libertades, una asociación de carácter político.  Çeber murió en un hospital de Estambul el 10 de octubre de 2008 después de ser repetidamente golpeado bajo custodia policial y en la cárcel.  Un informe de la autopsia por el Instituto de Medicina Forense llegó a la conclusión de que había muerto de una hemorragia cerebral a consecuencia de golpes en el cuerpo y la cabeza, y que sus heridas correspondían a tortura.

"Las autoridades de Turquía se han caracterizado por la protección de los torturadores", dijo Emma Sinclair-Webb, investigadora de Turquía para Human Rights Watch.  "El veredicto Çeber debe demostrar que el sistema judicial turco ya no se hará de la vista gorda frente a la tortura y otros malos tratos".

Tres guardias y un funcionario de alto rango de la Prisión Metris fueron condenados a cadena perpetua.  Otros dos guardias de la prisión fueron condenados cada uno a siete años y tres meses de prisión por torturar a Çeber y a dos compañeros activistas, Özgür Karakaya y Cihan Gün.  Un representante de Human Rights Watch supervisó el juicio.  Tres policías también fueron condenados en el caso.

La convicción del alto funcionario de la prisión, Fuat Karaosmanoğlu, por la muerte de Çeber es particularmente notable, dijo Human Rights Watch.  Karaosmanoğlu fue condenado por la tortura llevada a cabo por guardias bajo su mando, por haber tenido conocimiento de la tortura, y por no haberla detenido.  Anteriormente, en casi todas las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos por las fuerzas de seguridad o por funcionarios públicos de Turquía, los funcionarios habían sido absueltos de responsabilidad.  La convicción de Karaosmanoğlu debería enviar un claro mensaje de que los  altos funcionarios tendrán que rendir cuentas por los abusos graves cometidos bajo su mando, dijo Human Rights Watch.

Los miembros de la policía y la gendarmería torturaron a Çeber, Karakaya, Gün, y a otro compañero activista, Aysu Baykal, antes de que  los tres hombres fueran trasladados a la Prisión Metris y Baykal a la cárcel de mujeres.  El tribunal condenó a dos policías a siete años y seis meses por torturar a Çeber, a Karakaya, y a Gün mientras se encontraban en custodia policial, y a una mujer policía a dos años y seis meses por torturar a Baykal.

El tribunal condenó a 19 funcionarios en total por su papel en la tortura contra los activistas.  Un médico de la prisión fue condenado a tres años y un mes por falsificación de documentos alegando que los reclusos habían sido examinados por el personal médico a su llegada a la prisión.  Otros oficiales recibieron condenas suspendidas de cinco meses por negligencia y omisión de denuncia de un delito.  Un sargento de gendarmería especial recibió una sentencia suspendida de cinco meses por lesiones intencionales, mientras que otros dos gendarmes fueron absueltos.

Antecedentes

Çeber, Baykal, Gün y Karakaya fueron arrestados en el distrito Sariyer de Estambul el 28 de septiembre de 2008.  Los cuatro, todos activistas de la Asociación de Derechos y Libertades, habían estado vendiendo la revista socialista Yürüyüş en la calle y habían sido miembros de un pequeño grupo que llevaba a cabo una protesta pacífica por los disparos de la policía contra Ferhat Gerçek, un compañero de su asociación.  Gerçek había sido baleado por la policía un año antes, el 7 de octubre de 2007, mientras vendía la revista Yürüyüş en otro barrio de Estambul, quedando paralizado de la cintura para abajo.

Çeber, Baykal, Karakaya, y Gün fueron inicialmente detenidos en la comisaría local y fueron trasladados al día siguiente a la cárcel en espera de juicio por "resistirse a la policía.  Los cuatro informaron a sus abogados que habían sido golpeados bajo custodia policial.  Los informes médicos documentaron sus lesiones.  Çeber, Gün, y Karakaya también dijeron a sus abogados que fueron golpeados por los gendarmes posteriormente a su llegada a la Prisión Metris y por guardias de la prisión en la sala de recepción de la prisión.  Çeber también le dijo a su abogado días antes de su muerte que estaba siendo golpeado regularmente por los guardias de prisión por negarse a ponerse de pie durante el recuento diario.  Posteriormente, se derrumbó y fue trasladado a un hospital, donde murió el 10 de octubre de 2008.

El caso Çeber obtuvo considerable atención del público y la cobertura de los medios de comunicación en Turquía, entre otras cosas porque el entonces ministro de Justicia, Mehmet Ali Sahin, ofreció una disculpa pública sin precedentes a la familia de Çeber.  Sin embargo, la respuesta oficial en el caso Çeber tiene una diferencia notable con la de la mayoría de los casos de tortura y malos tratos durante la detención.  Las autoridades turcas habitualmente no realizan una investigación pronta, efectiva e imparcial sobre las denuncias de tortura, y los tribunales no suelen exigir cuentas a los funcionarios turcos a pesar de la abrumadora evidencia de su culpabilidad.

Human Rights Watch recibe informes creíbles de tortura y malos tratos dentro y fuera de lugares de detención en Turquía, y ha expresado repetidamente su preocupación porque los tribunales turcos son notoriamente indulgentes con los miembros de la fuerza pública que están acusados de abusos o mala conducta, lo que contribuye al clima de impunidad y a la persistencia de tortura y otros malos tratos.  Las largas demoras y la falta de investigaciones exhaustivas e imparciales por parte de los fiscales también contribuyen a la impunidad, señaló Human Rights Watch.

Las investigaciones del Ministerio Público aún no han concluido o los juicios no han logrado progresar, por ejemplo, en muchos de los casos documentados en diciembre de 2008 un informe de Human Rights Watch "Closing Ranks against Accountability: Barriers to tackling police violence in Turkey" (Cerrar filas contra la rendición de cuentas: Obstáculos en la lucha contra la violencia policial en Turquía).

"El caso Çeber destaca el fracaso de las autoridades turcas para proteger a los detenidos contra la tortura, a pesar de las mejoras en las garantías procesales de los últimos años", dijo Sinclair-Webb.  "Las condenas en el caso Çeber deben demostrar un renovado compromiso para poner fin a la tortura en Turquía, de una vez por todas".