(Nueva York) - El Gobierno tailandés debe investigar con prontitud el uso de la fuerza letal por parte de soldados tailandeses en contra de migrantes birmanos en un suceso que resultó en la muerte de tres niños, dijo Human Rights Watch hoy.
Soldados del ejército dispararon contra una camioneta que transportaba a 13 trabajadores migrantes indocumentados procedentes de Myanmar el 25 de febrero de 2010, después de que el conductor ignoró una señal de alto para inspección. Human Rights Watch ha obtenido fotos que demuestran que el camión estaba lleno de agujeros de bala.
"El Gobierno necesita llevar a cabo una investigación inmediata sobre cómo y por qué el ejército abrió fuego sobre este camión", dijo Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch. "No es aceptable disparar contra un camión sin aparente preocupación sobre quién pudiera resultar muerto o herido. Los responsables deben enfrentar las consecuencias".
En el tiroteo en el sub-distrito Pak Nam, provincia de Ranong, estuvieron involucrados soldados de la 25 División de Infantería bajo el mando del coronel Pornsak Punsawad. Los soldados abrieron fuego con rifles de asalto a las 5am del 25 de febrero, cuando el conductor ignoró una señal de alto para inspección cerca de un muelle de pesca, dijo el ejército. Uno de los niños muertos tenía tres o cuatro años de edad, otro seis o siete años, y el otro 16. Otras cinco personas en la camioneta resultaron heridas.
Human Rights Watch instó tanto al gobierno de Tailandia y como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos llevar a cabo de inmediato una investigación transparente y exhaustiva sobre el tiroteo. Si se determina que se utilizó fuerza excesiva o ilegal, todos los responsables, incluyendo los oficiales que dieron las órdenes o estaban implicados de alguna forma, deben ser procesado o sancionados de manera adecuada, dijo Human Rights Watch.
Human Rights Watch dijo que los soldados tailandeses, en el desempeño de funciones policiales, deben acatar estrictamente los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las Naciones Unidas. Los Principios exigen que los funcionarios de aplicación de la ley, en la medida de lo posible, utilicen medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza. Cada vez que el uso de la fuerza sea inevitable, se debe utilizar con moderación y actuar en proporción a la gravedad de la ofensa. El objetivo legítimo debe lograrse con muy poco daño y perjuicio, y con respeto a la preservación de la vida humana.
Human Rights Watch también pidió al Gobierno tailandés facilitar a los investigadores el acceso sin trabas a los sobrevivientes y garantizar que ninguno de los supervivientes sea deportado a Birmania mientras se llevan a cabo las investigaciones. El Gobierno tailandés también debe proporcionar asistencia humanitaria a las víctimas sobrevivientes y garantizar que se pague una compensación apropiada a las familias de los tres niños muertos.
"Este episodio demuestra que el Gobierno debe reconsiderar su enfoque de seguridad fronteriza", dijo Adams. "Lo que se necesita son agentes civiles para la seguridad fronteriza bien entrenados, que son menos probable de apretar el gatillo que los soldados. El Gobierno debe actuar con urgencia para evitar que esta terrible tragedia humana se repita.
Ochenta por ciento de los trabajadores migrantes en Tailandia proceden de Birmania. Millones de estos trabajadores y sus familias han huido de la represión y la pobreza en Birmania, sólo para encontrar abuso y explotación en Tailandia. Aparte de los riesgos mortales en puestos de control fuertemente armados en las zonas fronterizas, los migrantes que logran entrar a Tailandia también sufren a manos de funcionarios corruptos y la policía, empleadores sin escrúpulos y sicarios. La policía local y los funcionarios con frecuencia ignoran o no investigan las denuncias de manera eficaz.
El informe reciente de Human Rights Watch "Del tigre al cocodrilo: El abuso de los trabajadores migrantes en Tailandia", detallada violaciones generalizadas y graves de los derechos de los trabajadores migrantes en Tailandia - incluidos asesinatos, tortura durante la detención, extorsión, abuso sexual, y abusos contra los derechos laborales. Los autores de esos abusos tienen poco de miedo de las consecuencias, dijo Human Rights Watch, porque saben que los migrantes indocumentados teman ser deportados si se quejan legalmente.
La vulnerabilidad de los inmigrantes indocumentados ha aumentado como resultado de la decisión del Gobierno tailandés de que todos los inmigrantes se sometan a un proceso para verificar su nacionalidad, antes del 2 de marzo, o enfrentarán detención y deportación.
"Los trabajadores migratorios hacen grandes contribuciones a la economía de Tailandia, pero reciben muy poca protección contra el abuso y la explotación", dijo Adams. "Es hora de que el Gobierno tailandés haga lo correcto demostrando a los migrantes que el Estado les hará justicia cuando sufran abusos".
