(Paris) - Las propuestas del Gobierno francés para reformar el sistema de justicia penal deben ser revisadas para fortalecer la protección de las personas bajo custodia policial, especialmente para los acusados de los delitos más graves, señaló Human Rights Watch hoy. El Gobierno inició hoy un proceso de consulta sobre el tan esperado proyecto de ley para reformar el código de procedimientos penales.
A Human Rights Watch le preocupan especialmente los cambios relativamente débiles en el derecho a un abogado. Todos los sospechosos deben tener acceso a un abogado tan pronto se encuentren en custodia policial y durante todo el interrogatorio, y se les debe informar sobre su derecho a guardar silencio, dijo Human Rights Watch
"El Gobierno francés debe tomar en serio las demandas para ofrecer garantías adecuadas a todos los acusados bajo custodia policial", dijo Judith Sunderland, investigadora principal para Europa occidental de Human Rights Watch. "De lo contrario se perderá una oportunidad perfecta para corregir las deficiencias del país cuando se trata del derecho a un juicio justo".
El proyecto de ley del Gobierno propone cambios de gran alcance al sistema de justicia penal, que incluyen transferir de los jueces a los fiscales la responsabilidad de dirigir las investigaciones. Sin embargo, hace sólo ajustes menores en lo que respecta a las normas que rigen el acceso un abogado de los acusados bajo custodia policial. Asimismo, tampoco fortalece las garantías débiles de los acusados de terrorismo o delincuencia organizada, permitiendo los interrogatorios de sospechosos durante un máximo de 3 días sin un abogado presente.
Las complejas propuestas incluyen permitir a los acusados en causas penales ordinarias hablar con un abogado después de 12 horas en prisión, en lugar del actual plazo de 24 horas, además de una visita existente al principio de la detención. Sin embargo, los acusados aún pueden ser interrogados durante las primeras 24 horas sin un abogado. Estos cambios fueron recomendados por una comisión nombrada por el Gobierno, conocida como el Comité de Léger, en septiembre de 2009.
Las propuestas no revocan una disposición introducida en 2003 que eliminó el requisito de que la policía informe a los sospechosos de su derecho a guardar silencio durante el interrogatorio.
El proyecto de ley mantiene severas limitaciones en el acceso a un abogado en casos de delitos graves. Los acusados en casos de narcotráfico podrían ver a un abogado después de 48 horas (un día antes que en la actualidad). Pero las reglas para acusados de terrorismo se mantendrían sin cambios, sin acceso a un abogado por un plazo máximo de tres días, durante lo que pueden ser muchas horas bajo interrogatorio. Después de tres días, a estos sospechosos se les permitiría media hora con un abogado. Pero luego pueden ser cuestionados por otras 24 horas antes de que puedan ver a un abogado de nuevo. En casos excepcionales, la ley permitiría a las autoridades mantener a un sospechoso bajo custodia policial durante un máximo de seis días, con el primer acceso a un abogado después de 96 horas, o cuatro días.
"La idea de que los acusados de los delitos más graves deben tener menos garantías es descabellada", dijo Sunderland. "Es precisamente cuando una persona es acusada de los delitos más graves que existe la mayor tentación de romper las reglas para obtener una condena".
El proyecto de ley hace caso omiso de la recomendación del Comité de Léger para la grabación obligatoria de audio y video de todos los interrogatorios bajo custodia policial. Si bien tales grabaciones se hicieron obligatorias en casos penales ordinarios en 2007, los interrogatorios de personas acusadas de narcotráfico, delincuencia organizada y terrorismo permanecen exentos en virtud de estas propuestas.
Tener un abogado presente durante el interrogatorio asegura la integridad de los procedimientos penales y apoya el derecho de los acusados a presentar una defensa eficaz, señaló Human Rights Watch. La Asociación Nacional de Abogados, entre otros, ha pedido desde hace tiempo una reforma significativa a las normas de custodia policial, incluyendo la presencia de un abogado durante los interrogatorios. Esta es una práctica habitual en muchos países de Europa, incluyendo Alemania, España, Italia, Polonia y el Reino Unido.
En un caso distinto, abogados pidieron el 1 de marzo de 2010 que el Consejo Constitucional examine si las disposiciones del Código de Procedimientos Penales que regulan la custodia de la policía viola los derechos a la defensa, a un juicio justo y la libertad individual. Una reforma del Consejo Constitucional, que entró en vigor el 1 de marzo, permite a los ciudadanos solicitar cambios constitucionales a las leyes. Anteriormente, sólo el presidente, el primer ministro, los jefes de las dos cámaras del parlamento, o un grupo de sesenta o más diputados o senadores del parlamento podían solicitar cambiar las leyes por razones constitucionales.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instó a Francia en julio de 2008 garantizar que los acusados de terrorismo tengan acceso a un abogado inmediatamente, sean informados de su derecho a guardar silencio al ser interrogados, y sean llevados sin demora ante un juez. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho, en casos relacionados con el Reino Unido, que negar el acceso a un abogado, incluso durante las 24 horas de interrogatorio en las investigaciones de terrorismo viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos porque los derechos de la defensa puede ser "perjudicados irremediablemente" durante ese período.
En sentencias recientes contra Turquía, el Tribunal ha hecho hincapié en que los juicios justos, por regla general, requieren acceso a un abogado "desde el primer interrogatorio ...por la policía" (Salduz c. Turquía, noviembre de 2008) y que la negación sistemática por ley a tal acceso viola las protecciones de la Convención (Dayanan c. Turquía, octubre de 2009).
Los tribunales franceses han comenzado a cuestionar la validez de las declaraciones hechas bajo custodia policial sin un abogado presente. El 20 de enero, el Tribunal de Apelación de Nancy excluyó las declaraciones hechas durante detención policial de dos sospechosos en un caso de narcotráfico, argumentando que la falta de acceso a un abogado durante las primeras 72 horas es incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Correccional de París anuló recientemente la custodia policial de cinco personas por motivos similares.
El acceso inmediato a un abogado es también una salvaguardia fundamental contra la tortura y los malos tratos. En el curso de la investigación sobre las leyes contra el terrorismo y los procedimientos en Francia, Human Rights Watch escuchó testimonios inquietantes de violencia física y otros malos tratos bajo custodia policial. Media hora con un abogado tres días después de la detención no es una protección contra tales abusos, señaló Human Rights Watch. Por ello, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha pedido a Francia en varias ocasiones desde 1996 permitir el acceso a un abogado a todos los sospechosos bajo custodia policial desde el primer momento de la detención.
"Las propuestas del Gobierno hacen muy poco por arreglar un sistema complejo en el que los derechos son demorados o negados en función del crimen", dijo Sunderland. "Es realmente muy simple: todas las personas, sin importar las acusaciones contra ellas, merecen una defensa adecuada y la protección contra los malos tratos bajo custodia".
Para garantizar que la reforma del Código de Procedimientos Penales se lleve a cabo en consonancia con las obligaciones de Francia en virtud del derecho internacional de derechos humanos, el Gobierno debe modificar el proyecto de ley para dar a todos los sospechosos bajo custodia policial:
- El derecho a tener un abogado desde el primer momento de la detención y durante todo el período de detención;
- El derecho a hablar en privado con un abogado sin límites de tiempo;
- El derecho a ser interrogados en presencia de un abogado, y
- El derecho a ser notificados de su derecho a guardar silencio.
Además, Human Rights Watch señaló, los abogados que asisten a los acusados bajo custodia policial deben tener acceso a información suficiente acerca de las pruebas contra sus clientes para proporcionar asesoramiento jurídico significativo. Por último, deben ser obligatorias las grabaciones de audio y video durante todos los interrogatorios bajo custodia policial.
