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Tailandia: Trabajadores migrantes enfrentan asesinatos, extorsión y violación de derechos laborales

El plazo hasta febrero para la renovación de permisos de trabajo contribuye a la explotación

(Bangkok) - El Gobierno tailandés debe actuar rápidamente para poner fin a los abusos policiales, así como a las leyes y políticas discriminatorias contra los trabajadores migrantes y sus familias, dijo Human Rights Watch en un nuevo informe publicado hoy. El plazo hasta febrero para que más de un millón de trabajadores migrantes se sometan al proceso de "verificación de nacionalidad" o sean deportados de inmediato incrementa el riesgo de abusos y se debe posponer hasta que pueda llevarse a cabo de manera justa.

El informe de Human Rights Watch de 124 páginas "From the Tiger to the Crocodile: Abuse of Migrant Workers in Thailand” (Del tigre al cocodrilo: El abuso de los trabajadores migrantes en Tailandia), se basa en 82 entrevistas con migrantes de los países vecinos Birmania, Camboya y Laos. En él se describen las violaciones generalizadas y abusos graves contra los derechos de los trabajadores migrantes en Tailandia, que incluyen asesinatos, tortura durante la detención, extorsión y abuso sexual, así como violaciones de los derechos laborales tales como el tráfico, el trabajo forzado y las restricciones a la organización.

"Los trabajadores migratorios contribuyen de manera importante a la economía de Tailandia, pero reciben muy poca protección contra el abuso y la explotación", dijo Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch. "Trabajadores de Birmania, Camboya y Laos sufren mucho a manos de funcionarios corruptos y policías, empresarios sin escrúpulos y matones violentos, todos los cuales se dan cuenta de que pueden abusar de los inmigrantes con poco temor a las consecuencias".

Human Rights Watch dijo que los trabajadores migrantes enfrentan una amenaza inminente debido a la decisión del Gobierno tailandés de que todos los inmigrantes se sometan al proceso de verificación nacional antes del 28 de febrero, o enfrentarán detención y deportación. Ochenta por ciento de los trabajadores migrantes en Tailandia son de Birmania, y ellos corren un riesgo particular, pues enfrentan conflictos étnicos y políticos en su país de origen. El costo del proceso de verificación de nacionalidad, que puede ascender a dos o tres meses de salario, es inaceptablemente alto para este tipo de comunidades de migrantes.

Human Rights Watch dijo que las exigencias poco realistas establecidas por el Gobierno de Tailandia, junto a un proceso complicado y no reglamentado de verificación de nacionalidad, podría dar lugar a deportaciones masivas de inmigrantes de Tailandia a Birmania y a situaciones que podrían dar lugar a violaciones de los derechos humanos fundamentales y laborales.

La policía abusa de los migrantes con impunidad. Una migrante birmana dijo a Human Rights Watch que fue testigo cuando de dos policías tailandeses en Ranong patearon en repetidas ocasiones a un joven birmano en el pecho, causándole la muerte, porque no respondió a sus preguntas en tailandés.

"Muchos birmanos estaban viendo y nadie se acercó a ayudar porque toda la gente le tenía miedo a los policías, y por eso nadie dijo nada de este asesinato, y nadie informó a la estación de policía", dijo la testigo. "Cuando vi esto [el asesinato], sentí que nosotros los birmanos siempre tenemos que ser humildes y tenerle miedo a la policía tailandesa. Creo que no hay seguridad para nuestro pueblo birmano [en Tailandia] o para mí misma".

La policía local y los funcionarios con frecuencia ignoran o no investigan eficazmente las denuncias. Decretos provinciales y leyes nacionales prohíben a los migrantes establecer sus propias organizaciones para hacer valer sus derechos, mientras que las restricciones en la política sobre el cambio de empleadores, el mudarse fuera de las zonas designadas y celebrar reuniones con más de un puñado de personas dejan a los migrantes vulnerables a la explotación y los malos tratos.

Otro trabajador migrante dijo a Human Rights Watch cómo dos hombres armados se le acercaron en la plantación de caucho en la que trabajaba, mataron a su esposo a tiros frente a ella, y luego ambos hombres la violaron. A pesar de que el nombre de un posible sospechoso aparece en un informe de la policía, la policía no siguió el caso.

"Soy birmana y trabajadora migrante. Por esto a la policía no le importa este caso", dijo. "Mi esposo y yo sólo somos trabajadores migrantes y no tenemos derechos aquí".

Los migrantes informaron que viven con un miedo constante de ser extorsionados por la policía, quien exige dinero u objetos de valor de los migrantes bajo custodia policial a cambio de su liberación. No es raro que un migrante pierda el equivalente al sueldo de uno a varios meses en un incidente de extorsión.

"Muchos funcionarios y policías tratan a los trabajadores migrantes como cajeros automáticos móviles", dijo Adams. “Ellos son sólo parte de un sistema que roba y maltrata a los migrantes, a dondequiera que vayan”.

Human Rights Watch encontró que en varias provincias decretos por gobernadores provinciales han aumentado la vulnerabilidad de los migrantes haciendo cumplir prohibiciones sobre el uso de teléfonos móviles y motocicletas, imponiendo severas restricciones a la circulación, prohibiendo las reuniones de migrantes e implementado toques de queda nocturnos. Estos decretos represivos hacen ver a los migrantes como un problema de seguridad nacional, en lugar de como parte de un fenómeno global de la circulación de personas por razones económicas, ambientales y políticas.

"Si el Gobierno Abhisit es realmente reformista, debe abolir de inmediato los decretos provinciales que mantienen a los migrantes efectivamente confinados, atados a sus lugares de trabajo y aislados del mundo exterior", dijo Adams.

Human Rights Watch pidió al Gobierno tailandés establecer una comisión independiente e imparcial para investigar las denuncias de maltrato por la policía y otras autoridades contra los migrantes. Dicha comisión deberá tener el poder de citación, exigir la presentación de pruebas, y recomendar cargos penales y civiles contra los abusadores. Debe presentar informes públicos periódicamente.

"La vida es muy incierta y peligrosa para los inmigrantes en Tailandia, ya que huyen de una situación difícil o mortal en otra", dijo Adams. "Son un ejemplo vivo del proverbio tailandés que describe cómo el vulnerable ‘escapa del tigre pero después se encuentra con el cocodrilo’”.

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