El presidente de Zimbabue Robert Mugabe, izquierda, y el primer ministro, Morgan Tsvangirai, se preparan para una sesión de fotos después de una ceremonia de juramento de los viceministros en la Casa de Gobierno, en Harare el 19 de febrero 2009.

© 2009 AP

(Johannesburgo) – El Gobierno de coalición de Zimbabue no ha hecho ningún progreso real en la aplicación de las reformas políticas ni para finalizar los abusos de derechos humanos después de un año en el poder, dijo Human Rights Watch hoy. El Gobierno ha demostrado poca voluntad política o capacidad para promulgar cambios significativos para mejorar la vida de los zimbabuenses.

Human Rights Watch instó al Gobierno a tomar medidas inmediatas para poner fin a los abusos y crear el marco constitucional y electoral necesario para garantizar unas elecciones libres, justas y creíbles, como se prevé en el Acuerdo Político Mundial que estableció el Gobierno de coalición.

"El transitorio Gobierno de coalición es una farsa", dijo Georgette Gagnon, directora para África de Human Rights Watch. "Desde una perspectiva de derechos humanos, nada ha cambiado para mejorar. Robert Mugabe y el ZANU-PF están todavía plenamente en control".

El Acuerdo Político Mundial, que entró en vigor el 11 de febrero de 2009, fue aprobado en septiembre de 2008 por la Unión Nacional Africana de Zimbabue - Frente Patriótico (ZANU-PF), el partido que por largo tiempo ha sido el gobernante y liderado por Mugabe y el Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), la antigua oposición. Fue diseñado para resolver la crisis política y económica de Zimbabue y trazar una nueva dirección política para el país.

Una investigación reciente de Human Rights Watch en Zimbabue sugiere que no ha habido ninguna transición política significativa, y que el ZANU-PF, sigue participando en la violencia política contra aquellos que son percibidos como opositores. Grupos de veteranos de guerra y jóvenes del ZANU-PF que en el pasado fueron desplegados para atacar a la oposición, siguen sin rendir cuentas. El ZANU-PF aún utiliza elementos de las fuerzas de seguridad como instrumentos de represión. Continúan las invasiones violentas de granjas comerciales encabezadas por militares.

En la primera semana de febrero de 2010, la policía interrumpió reuniones para la reforma constitucional organizadas por el MDC, golpearon a los participantes y detuvieron arbitrariamente a 43 personas en Binga, 48 en Masvingo, y 52 en el monte Darwin.

Aunque el Acuerdo Político Mundial reconoció la importancia de los derechos a la libertad de expresión y comunicación, los medios de comunicación en Zimbabue siguen siendo reprimidos. No existen diarios privados o estaciones privadas de radio. La información pública sigue estando bajo el firme control del ZANU-PF.

No se ha expedido ninguna licencia para medios de comunicación independientes desde que se conformó el Gobierno de coalición. Radio Diálogo, una iniciativa de radio comunitaria basada en Bulawayo, dio a conocer un comunicado de prensa el 4 de febrero diciendo que tenía el equipo y personal necesario para comenzar a emitir de inmediato, pero que el Gobierno no les había dado una licencia de radiodifusión.

Los periodistas de Zimbabue enfrentan intimidación y arresto por dar la impresión de oponerse al ZANU-PF. El 16 de enero, un periodista independiente, Stanley Kwenda, huyó a Sudáfrica diciendo que había recibido amenazas de muerte de un oficial de policía de alto rango. Dos días después, otro periodista independiente, Andrison Manyere, fue arrestado mientras filmaba una manifestación pública organizada por Women of Zimbabwe Arise. La policía lo detuvo durante más de seis horas antes de ponerlo en libertad sin cargos.

El ZANU-PF sigue utilizando su control de medios impresos y electrónicos de propiedad estatal para manipular la opinión pública a su favor durante mientras utiliza expresiones de odio y un lenguaje ofensivo contra el MDC. Sin un entorno abierto para los medios de comunicación, los zimbabuenses no podrán participar plenamente en el actual proceso de reforma constitucional o en las futuras elecciones, señaló Human Rights Watch.

En estos y otros ámbitos, el ZANU-PF se ha resistido a cumplir con el Estado de derecho. Incluso declaró en diciembre 2009 que no permitiría que las fuerzas de seguridad sean sometidas a la reforma. El sector de seguridad está profundamente arraigado en los asuntos políticos del país.

Los ingresos por diamantes, en particular de los yacimientos de diamantes de Marange, al este de Zimbabue, proporcionan una fuente de ingresos paralela para el ZANU-PF y su aparato represivo, dijo Human Rights Watch. Las empresas con conexiones en el ZANU-PF están extrayendo diamantes en Marange, donde el control militar y los abusos continúan.

Human Rights Watch pidió al Gobierno que permita a los periódicos y medios electrónicos operar libremente y llevar a cabo otras reformas que construyan confianza. Se debe derogar toda legislación represiva, como la Ley del Orden Público y Seguridad, que limita gravemente los derechos de manifestación y tipifica como delito el "insultar" al presidente de Zimbabue y el publicar información "inexacta". Estas disposiciones se han utilizado para hostigar, arrestar y enjuiciar a los periodistas. Además, la policía ha interpretado ampliamente las disposiciones de la Ley de Orden Público para justificar detenciones arbitrarias.

Incluso en temas donde hay consenso entre el ZANU-PF y el MDC, como el nombramiento de nuevos gobernadores provinciales, la aplicación se ha estancado y las partes siguen discutiendo acerca de la demora.

Para desviar el escrutinio sobre la continua inestabilidad política y la incapacidad para llevar a cabo el acuerdo, los partidos en el Gobierno de coalición exageran la importancia de los esfuerzos realizados para estabilizar la economía, señaló Human Rights Watch.

Human Rights Watch pide a las partes del Gobierno iniciar los preparativos para celebrar elecciones bajo las supervisión internacional, libres, justas y creíbles que llevarán a un gobierno legítimo y democrático con la voluntad política para lograr un cambio.

"El experimento del Gobierno de coalición no está funcionando", dijo Gagnon. "Sin la estabilidad política y las reformas de derechos, cualquier progreso en la recuperación económica no va a durar."