(Manama) - Bahrein tiene que tomar medidas urgentes para poner fin a la tortura y los malos tratos a que son sometidos durante los interrogatorios los sospechosos de infringir la seguridad, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El Gobierno debe investigar con prontitud todas las denuncias de tortura y procesar a los funcionarios de seguridad sospechosos de maltratar a detenidos.
El informe de 89 páginas titulado “Torture Redux: The Revival of Physical Coercion during Interrogations in Bahrain” (El regreso de la tortura: El renacimiento de la coacción física durante los interrogatorios en Bahrein), se basa en entrevistas con ex detenidos y exámenes de los informes médicos forenses y documentos de los tribunales. El informe concluye que, desde finales de 2007, las autoridades han recurrido reiteradamente a la tortura con el fin aparente de obtener confesiones de sospechosos de infringir la seguridad.
"La tortura está de vuelta en el repertorio de los servicios de seguridad de Bahrein", dijo Joe Stork, subdirector de Oriente Medio para Human Rights Watch. "El regreso de la tortura es especialmente preocupante puesto que una década atrás Bahrein demostró la voluntad política para poner fin a este flagelo".
El regreso de Bahrein a estas prácticas desacreditadas ha llegado con crecientes tensiones políticas. Las manifestaciones en las calles de jóvenes de la población mayoritaria musulmana chiíta del país, en protesta por la supuesta discriminación por parte del gobierno dominado por los sunitas, han finalizado crecientemente en enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad. Lo que también ha conllevado frecuentes detenciones. Los funcionarios de seguridad parecen estar utilizando técnicas físicas dolorosas para obtener confesiones por parte de muchos de los detenidos.
Estas técnicas incluyen el uso de dispositivos de electrochoque, posiciones en posturas dolorosas y palizas. Algunos de los que fueron detenidos informaron que funcionarios de seguridad los amenazaron con matarlos o violarlos a ellos mismos o a miembros de sus familias. Muchos fueron sometidos a más de una de estas prácticas.
El uso de estas técnicas, por separado y en combinación, viola las leyes propias de Bahrein, así como sus obligaciones como Estado parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención contra la tortura) y otros tratados internacionales.
"El Gobierno debería investigar con prontitud todas las denuncias de tortura y procesar a los infractores de acuerdo a las normas internacionales sobre juicios justos", dijo Stork. "Las autoridades deben suspender de inmediato a cualquier funcionario de seguridad, si existe evidencia creíble de que ordenó, llevó a cabo, o aceptó actos de tortura".
Funcionarios del Ministerio del Interior y la Fiscalía General de Bahrein negaron en reuniones por separado con Human Rights Watch que las fuerzas de seguridad hayan empleado la tortura. Afirmaron que la coherencia de los testimonios de los ex detenidos constituían prueba de que las acusaciones habían sido fabricadas.
Human Rights Watch descubrió, sin embargo, que los testimonios de los abusos coincidían con los testimonios que los detenidos y sus abogados habían hecho anteriormente en los procedimientos judiciales. Además, algunos detenidos estaban en confinamiento solitario en el momento en que por primera vez denunciaron el abuso, lo que reduce las oportunidades de que pudieran haber planeado los testimonios.
El factor más significativo es que los informes de los médicos del Gobierno, junto con diversos documentos de los tribunales, proveen la corroboración más fuerte de las denuncias de los ex detenidos. En un caso, el tribunal absolvió a todos los acusados de todos los cargos, en parte, porque llegó a la conclusión - sobre la base de informes médicos – de que los acusados habían sido físicamente obligados a confesar.
Human Rights Watch instó al Gobierno a investigar también si los fiscales respondieron adecuadamente a las denuncias de tortura de los detenidos o si las acciones de los fiscales los hicieron cómplices de los abusos. Donde existan pruebas creíbles de que un fiscal o agente de Estado fue cómplice de tortura, el Gobierno debe implementar las sanciones apropiadas, señaló Human Rights Watch.
