(Nueva York) - El Gobierno esrilanqués debe poner fin a su detención arbitraria indefinida de más de 11,000 personas recluidas en los denominados centros de rehabilitación y poner en libertad a las que no están siendo enjuiciadas, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 30 páginas, "Legal Limbo: The Uncertain Fate of Detained LTTE Suspects in Sri Lanka" (Limbo legal: El destino incierto de los sospechosos de pertenecer a los TLTE detenidos en Sri Lanka) se basa en entrevistas con familiares de los detenidos, trabajadores humanitarios y defensores de los derechos humanos, entre otros. Human Rights Watch observó que el Gobierno esrilanqués ha violado habitualmente los derechos fundamentales de los detenidos. El Gobierno alega que los 11,000 detenidos son ex combatientes o simpatizantes de los derrotados Tigres de Liberación de Tamil Eelam (TLTE).
"El Gobierno ha mantenido a 11,000 personas en un limbo legal durante meses", señaló Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch. "Ha llegado el momento de identificar quién plantea realmente una amenaza contra la seguridad y de poner en libertad a los demás", agregó.
El Gobierno ha negado a los detenidos el derecho a conocer las razones concretas de su arresto, a recurrir la legitimidad de la detención ante una autoridad judicial independiente y a acceder a asesoramiento legal o a sus familiares, señaló Human Rights Watch. No está claro si alguno de ellos ha sido acusado formalmente de algún delito o de qué actos se les acusa para que el Gobierno los haya detenido.
Aunque el Gobierno tiene el derecho y la responsabilidad de proteger la seguridad pública, también debe hacerlo respetando los derechos fundamentales, señaló Human Rights Watch.
Durante los últimos meses del conflicto de 26 años entre el Gobierno esrilanqués y los TLTE, que se saldó con la derrota de los TLTE en mayo de 2009, el Gobierno confinó a cerca de 300,000 personas desplazadas por el conflicto en lo que denominó "campamentos de bienestar" en el norte del país. Desde principios de 2008, se confina en estos campamentos a prácticamente todos los civiles que huyen del conflicto. En los retenes y en los campos, las autoridades separaron a más de 11,000 personas sospechosas de tener vínculos con los TLTE, a las que enviaron a "centros de rehabilitación". Entre las personas trasladadas a estos centros había más de 550 niños.
Mientras el Gobierno alega que muchas de las personas recluidas se han entregado voluntariamente a la rehabilitación, la falta de acceso a los detenidos por parte de las agencias humanitarias y otros observadores independientes hace difícil determinar cuántos se han rendido, cuántos de ellos lo han hecho voluntariamente y cuántos fueron arrestados.
La falta de transparencia del proceso y la información sobre el destino y el paradero de algunos de los detenidos genera preocupaciones por la posible tortura o maltrato durante la reclusión, y la posibilidad de que algunos hayan sido desaparecidos por la fuerza, señaló Human Rights Watch. Como se documentó en el informe publicado por Human Rights Watch en 2008, "Recurring Nightmare: State Responsibility for 'Disappearances' and Abductions in Sri Lanka" (Pesadilla recurrente: Responsabilidad oficial por las desapariciones y los secuestros en Sri Lanka), las desapariciones forzadas han sido desde hace tiempo un problema en Sri Lanka, y sigue sin conocerse el paradero de miles de personas.
En un caso ilustrativo ocurrido el 15 de mayo de 2009, el ejército detuvo a Jeganathan, de 32 años de edad, después de que cruzara a una zona controlada por el Gobierno junto con su esposa, Aanathi, y su hijo de un año. Los soldados insistieron en que Aanathi prosiguiera el camino hasta el campamento y ésta no supo nada de su esposo durante varias semanas. "Perdí toda esperanza", dijo Aanathi a Human Rights Watch, "pensé que nunca volvería a verle".
Un familiar de Aanathi localizó finalmente a Jeganathan en uno de los centros de rehabilitación, y Aanathi ha podido visitarle en pocas ocasiones. Meses después de su detención, el Gobierno aún no le había informado cuánto tiempo debía pasar en el centro. No ha tenido acceso a un abogado y no ha podido recurrir su detención ante un tribunal. Durante la última visita de Aanathi, su esposo le dijo que las autoridades seguían interrogándole y que habían empezado a golpear a algunos "rendidos".
El Gobierno esrilanqués ha pedido a los donantes internacionales que apoyen financieramente los "centros de rehabilitación". Human Rights Watch dijo que los donantes no deben apoyar los centros a menos y hasta que se respeten plenamente los derechos de los detenidos.
"En ausencia de garantías procesales, apoyar estos centros equivale a apoyar la política de detención ilegal del Gobierno", señaló Adams. "Ningún donante debe asociarse con esto", agregó.
