Women in Kilambo, near Lukweti, attempt to flee nearby fighting in October 2009. The women were robbed by Congolese army soldiers who forced them to turn back.

© 2009 Human Rights Watch

(Nueva York) - El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deben actuar con urgencia para proteger a los civiles en el oriente de la República Democrática del Congo de nuevas atrocidades por el Gobierno y las fuerzas rebeldes, y asegurar que los trabajadores del mantenimiento de la paz no estén implicados en abusos, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 183 páginas, "You Will Be Punished: Attacks on Civilians in Eastern Congo" (Serás castigado: Ataques contra civiles en el este de Congo) documenta en detalle el asesinato deliberado de más de 1,400 civiles entre enero y septiembre de 2009, en dos operaciones sucesivas del ejército congoleño contra una milicia hutu ruandesa, las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR).

El informe se basa en 23 misiones de investigación de Human Rights Watch efectuadas durante el presente año y en entrevistas con más de 600 víctimas, testigos y familiares.

"Las continuas matanzas y violaciones sexuales por todas las partes en el este de Congo demuestran que el Consejo de Seguridad de la ONU necesita un nuevo enfoque para proteger a los civiles", dijo Anneke Van Woudenberg, investigadora principal de África para Human Rights Watch. "El Consejo de Seguridad debería enviar un grupo de expertos a Congo para poner en marcha un serio plan de protección civil".

Los soldados del ejército congoleño y los combatientes rebeldes de las FDLR han atacado a civiles, los han acusado de ser colaboradores, y "castigado" descuartizándolos con machetes en mucho pedazos. Ambas partes también dispararon a civiles que intentaban huir o los quemaron en sus casas. Algunas víctimas fueron atadas antes de que sus gargantas fueran, según un testigo, "cortadas como pollos." La mayoría de las víctimas eran mujeres, niños y ancianos.

Human Rights Watch recomendó la creación y el despliegue inmediato de un grupo de expertos en protección civil que pongan en marcha medidas específicas para mejorar las estrategias de protección civil en el este de Congo. Alan Doss, representante especial del Secretario General en Congo, rendirá un informe al Consejo de Seguridad el 16 de diciembre. El Consejo de Seguridad tiene previsto votar sobre una renovación del mandato de la MONUC, la misión de paz de la ONU en el Congo, el 21 de diciembre.

Human Rights Watch insta a la fuerza de mantenimiento de la paz para que cese inmediatamente todo apoyo a la operación militar actual hasta que se implementen procedimientos claros y las medidas para llevarlos a cabo y evaluarlos para prevenir más violaciones de la ley humanitaria internacional. Human Rights Watch también pidió que todos los comandantes con historiales conocidos de abusos de derechos humanos sean destituidos de las responsabilidades operacionales. Los procedimientos y condiciones deben hacerse públicos.

En los primeros nueve meses de 2009, la ONU registró más de 7,500 casos de violencia sexual en contra de mujeres y niñas a través Kivu del Norte y Kivu del Sur en Congo oriental, casi superando las cifras registradas durante todo el año pasado, y probablemente representa sólo una fracción del total. La mayoría de las mujeres y niñas fueron violadas en grupo, algunas de manera tan violenta que más tarde murieron. Muchas mujeres y niñas fueron obligadas a ser esclavas sexuales tanto por el ejército congoleño y las FDLR durante semanas o meses a la vez, fueron violadas repetidamente y algunas fueron mutiladas y asesinadas con un machete o por disparo en la vagina.

Uno de los casos más jóvenes de violación documentado por Human Rights Watch fue el de una niña de nueve años de edad, violada por combatientes de las FDLR el 27 de enero en la aldea de Ngwilo, territorio Masisi, cuando ella y su madre huían de los combates. Las FDLR primero violaron a la madre e insertaron un palo grande en su vagina causándole lesiones graves que le propiciaron la muerte. Cuando la joven gritó en desesperación, las FDLR también la violaron.

"Muchos embajadores del Consejo de Seguridad de la ONU han visitado Congo y expresaron su indignación por la masiva violencia sexual", dijo Van Woudenberg. "Sin embargo, las violaciones están aumentando - no disminuyendo - en el este del Congo. Esta indignación debe traducirse en acciones audaces y eficaces para ayudar a proteger a estas mujeres y niñas".

En enero, los gobiernos de Congo y Ruanda comenzaron procedimientos militares conjuntos contra las FDLR en una operación de cinco semanas conocida como Umoja Wetu. A esta le siguió una segunda una operación militar en marzo, Kimia II, llevada a cabo con el apoyo de las fuerzas del mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y la cual sigue en marcha.

El Gobierno congolés dijo que las operaciones militares que estaban destinadas a llevar paz y seguridad en esta volátil región, pero no lo han hecho. Human Rights Watch documentó crímenes horribles contra civiles durante las operaciones militares por parte de las FDLR, el ejército congoleño y, en algunos casos, el ejército ruandés. Las investigaciones de Human Rights Watch ligan a comandantes de las FDLR y a varios altos oficiales del ejército congoleño con algunas de las peores atrocidades. Muchos de los abusos de equivalen a crímenes de guerra y posiblemente crímenes contra la humanidad.

Los trabajadores del mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas realizaron importantes esfuerzos para proteger a los civiles en este terreno complejo y difícil, dijo Human Rights Watch. Pero el papel de la fuerza de mantenimiento de la paz como un socio participante en las operaciones militares, proporcionando un importante apoyo al ejército congoleño, ha implicado a trabajadores del mantenimiento de la paz en los abusos y socavado objetivo principal de la misión, que es proteger a los civiles.

El grupo de expertos en protección civil debería ser creado para investigar y formular recomendaciones concretas sobre las necesidades de protección civil y los desafíos en el este del Congo, dijo Human Rights Watch. Este grupo de expertos debería evaluar las circunstancias en que están teniendo lugar los ataques contra civiles, las medidas adoptadas por los trabajadores del mantenimiento de la paz para llevar a cabo el mandato de proteger a los civiles, y las mejores maneras para reforzar estas actividades.

El 11 de noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1894, que reafirma el compromiso del Consejo "de responder a las situaciones de conflicto armado en que los civiles sean objeto de ataques ..., incluso considerando la posibilidad de adoptar las medidas apropiadas que tenga a su disposición de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas". Human Rights Watch dijo que la situación en el este de Congo sirve como una prueba de ese compromiso.

"El Consejo de Seguridad debe proporcionar a los trabajadores del mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Congo con una orientación clara y concreta", dijo Van Woudenberg. "Mediante el envío de un grupo de expertos y dejando claro al ejército congoleño las condiciones en que los trabajadores de la paz trabajarán con sus tropas se puede desempeñar un papel crucial para poner fin a los abusos y garantizar que las fuerzas de paz de las Naciones Unidas no estén implicadas en atrocidades en el futuro".