(Washington, DC) - La propuesta de Porfirio Lobo, quien triunfó en las controvertidas elecciones presidenciales del 29 de noviembre de 2009, de conceder una "amnistía para todos" los sectores que participaron en el golpe de estado de junio vulnera las obligaciones internacionales del país y atenta contra el estado de derecho, señaló hoy Human Rights Watch.
La elección fue organizada por el gobierno de facto y sólo ha sido reconocida por Estados Unidos y cuatro países latinoamericanos. El gobierno de facto tomó el poder luego de que el presidente en ejercicio Manuel Zelaya fuera depuesto por un golpe militar perpetrado el 28 de junio. Zelaya instó a sus partidarios a sumarse a un boicot electoral.
"Una amnistía indiscriminada quebrantaría la obligación de Honduras de asegurar que todas las víctimas de violaciones de derechos humanos puedan obtener una reparación, y sentaría un precedente de impunidad para quienes las cometen", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Honduras es parte de diversos tratados de derecho internacional que imponen la obligación de proteger los derechos fundamentales y ofrecer una reparación cuando estos sean vulnerados, incluida la investigación y el juzgamiento adecuados de los responsables. Estos tratados también garantizan a las víctimas un recurso legal efectivo, como el derecho a la justicia, la verdad y a una reparación adecuada.
Human Rights Watch ha exhortado en reiteradas oportunidades al gobierno de facto a que derogue decretos de carácter represivo, cese en su obstrucción de las investigaciones sobre derechos humanos e investigue los abusos, que incluyen denuncias de asesinatos, uso excesivo de la fuerza y detenciones ilegales y arbitrarias.
"Los abusos cometidos durante el golpe y con posterioridad a este deben ser investigados, no encubiertos", expresó Vivanco. "Sin una investigación exhaustiva e imparcial, la legitimidad de cualquier futuro gobierno se verá cuestionada".
