La policía de Uganda enfrenta a los partidarios del candidato presidencial opositor Kizza Besigye, el 25 de febrero de 2006, después de dispersarlos con gases lacrimógenos y munición real afuera de su Foro para el Cambio Democrático en la sede en Kampala occidental.

© 2006 Alexander Joe/AFP/Getty Images

(Kampala) - El Gobierno de Uganda debe reformar las leyes electorales del país para mejorar la rendición de cuentas por los crímenes relacionados con las elecciones y reducir el riesgo de violencia en las próximas elecciones de 2011, Human Rights Watch afirmó en un informe publicado hoy. La violencia por motivos políticos, la intimidación y el soborno de votantes han deteriorado en el pasado las elecciones nacionales en Uganda, pero la rendición de cuentas por esos crímenes ha sido muy débil.

El informe de 28 páginas, "Preparing for the Polls: Improving Accountability for Electoral Violence in Uganda" (Preparación para las elecciones: Mejorar la rendición de cuentas por la violencia electoral en Uganda), documenta casos recientes en que los magistrados del alto tribunal a cargo de peticiones electorales determinaron que los candidatos y el personal de campaña habían cometido actos delictivos, sin embargo, los presuntos delitos rara vez se investigaron y procesaron. Algunos de los acusados de haber cometido crímenes durante las elecciones de 2006 siguen desempeñándose en sus altos puestos de Gobierno, señaló Human Rights Watch.

“Los delitos impunes relacionados con las elecciones pueden sembrar las semillas de un conflicto civil”, dijo Georgette Gagnon, directora de África para Human Rights Watch. “Uganda debe actuar de inmediato para fortalecer tanto sus leyes como su voluntad para hacerlas cumplir, a fin de que las elecciones de 2011 puedan ser libres y justas".

En 2006, por ejemplo, un juez anuló el resultado de las elecciones para el escaño parlamentario del condado de Bugweri, distrito de Iganga. Dijo que la campaña por el entonces ministro de Información, Ali Kirunda Kivejinja, se había caracterizado por "la intimidación generalizada, la violencia y la tortura de partidarios y agentes [de la oposición].... La totalidad de las registrada apoyan la conclusión de que [ Kivejinja] administró su campaña electoral como si fuera una guerra". El gobernante dijo que incluso tenía una sala de detención en su casa "para aquellos que quisiera obligar a que lo apoyaran".

Sin embargo, nunca nadie fue hecho responsable por los crímenes cometidos durante esa campaña. En enero de 2009, el presidente Yoweri Museveni nombró a Kivejinjia ministro de Asuntos Internos, poniéndolo a cargo de la policía que proporcionará seguridad durante la campaña y el día de las elecciones de 2011.

El informe documenta los obstáculos legislativos y prácticos para enjuiciar los crímenes relacionados con las elecciones. La período actual de tres meses para iniciar el enjuiciamiento de los delitos electorales es significativamente más corto que el permitido en otros países africanos. Human Rights Watch recomienda que el Parlamento extienda esta fase para aumentar las posibilidades de hacer rendir cuentas a los autores de delitos graves como el soborno y la intimidación de los votantes.

La oficina de quejas de la Comisión Electoral sirve como un primer punto de contacto entre las víctimas de delitos electorales y el Gobierno, pero su mandato y atribuciones son poco claros. Human Rights Watch recomendó que el Parlamento aclarara esto en el texto de la ley y que los presuntos delitos sean remitidos a la policía de manera inmediata para su investigación. Además, el Gobierno de Uganda debe garantizar que las investigaciones y enjuiciamientos de la violencia no sean partidistas. Algunos miembros del partido de oposición enfrentaron acusaciones falsas durante el período previo a las elecciones de 2006, alimentando la sospecha de que los cargos fueron impulsados por motivos políticos.

Human Rights Watch también instó al Gobierno a evitar la participación militar en el proceso electoral, en particular en el día de las elecciones, ya que su presencia puede intimidar a los candidatos y votantes. El ejército fue recientemente implicado en el uso innecesario de la fuerza contra los manifestantes de Kampala en septiembre.

"Uganda tiene una oportunidad importante para promover la rendición de cuentas por los crímenes relacionados con las elecciones y prevenir la violencia que ha empañado las elecciones en el pasado", dijo Gagnon. "Debe cumplir su deber con los votantes de Uganda para asegurar que el siguiente período de campaña y día de las elecciones sean justos, pacíficos y creíbles".