(Nueva York) - Marruecos debe revertir la expulsión de la activista saharaui pro derechos humanos Aminatou Haidar y permitir su entrada al país del que es ciudadana, Human Rights Watch señaló hoy. España debe interceder ante Marruecos para garantizar su regreso, Human Rights Watch agregó.

El 14 de noviembre, Marruecos negó a Haidar, presidenta del Colectivo de Defensores Saharauis de Derechos Humanos (CODESA), el regreso a la región del Sáhara Occidental bajo control marroquí y la obligó a embarcar en un vuelo a España, después de que señalara que su lugar de residencia era el "Sáhara Occidental" en un formulario de control fronterizo. Haidar tiene nacionalidad marroquí y viajaba con un pasaporte marroquí. Marruecos afirma que la antigua colonia española forma parte de su territorio nacional, mientras que muchos saharauis, entre ellos Haidar, rechazan esta afirmación en ausencia de un referendo sobre la autodeterminación.

La expulsión de Haidar coincide con el aumento de la represión marroquí contra el activismo pacífico de los defensores de la autodeterminación del Sáhara Occidental.

"Marruecos no puede arrebatar sumariamente la nacionalidad ni deportar a sus propios ciudadanos por la manera en que rellenan los formularios de entrada en el aeropuerto", señaló Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch. "Deben permitir que Haidar regrese a su hogar y dejar de hostigarla por su defensa pacífica de la autodeterminación saharaui", agregó.

El 15 de noviembre, el ministro de Relaciones Exteriores marroquí Taïeb Fassi Fihri señaló que Haidar, quien regresaba de un viaje al extranjero el 13 de noviembre, "renunció" efectivamente a su ciudadanía marroquí al escribir "Sáhara Occidental" como su lugar de residencia en el formulario de entrada. Haidar se negó a retractarse cuando algunos altos funcionarios, entre ellos un comisionado de seguridad de la región y un procurador de la Corona, se presentaron en el aeropuerto y le advirtieron de las consecuencias de sus acciones.

La policía mantuvo detenida a Haidar en el aeropuerto durante esa noche, y confiscó su pasaporte y documento nacional de identidad antes de ponerla en un avión con destino a Arrecife, en las Islas Canarias (España). Haidar se encuentra actualmente en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote para reclamar su derecho a regresar a su país de origen.

La Organización de las Naciones Unidas clasifica el Sáhara Occidental como un "territorio sin Gobierno propio" y no reconoce legalmente la soberanía marroquí sobre él. Marruecos ha propuesto una autonomía regional del Sáhara Occidental bajo control marroquí, una solución que ha rechazado el Polisario, el movimiento independentista saharaui con sede en Argelia, que defiende un referendo de autodeterminación que podría conducir a la independencia del territorio.

Mientras tanto, Marruecos administra el territorio disputado como si formara parte de su territorio nacional. Esto incluye la emisión de pasaportes marroquíes a sus residentes, muy pocos de los cuales tienen acceso a otro tipo de documentos de viaje. Haidar no tiene otro pasaporte.

El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Marruecos, dispone en parte: "Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio... Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país".

Las autoridades marroquíes tienen derecho a exigir a todas las personas que entren al territorio bajo su control que faciliten cierta información  y respondan a preguntas. Sin embargo, confiscar sumariamente un pasaporte y expulsar a un ciudadano por dar una dirección que de alguna manera desagrade a las autoridades constituye un castigo excesivo y con motivos políticos. Dichas medidas deben emprenderse, si fuera el caso, como parte de un procedimiento en el que se respeten plenamente las garantías procesales de la parte afectada. Si las autoridades consideran que Haidar ha cometido una infracción legal, deben permitirle la entrada y dejarle que resida en su casa mientras investigan el caso.

Mientras tanto, España comparte la responsabilidad por el impasse, por haber admitido la entrada de Haidar a su territorio a pesar de que llegó en contra de su voluntad y no llevaba pasaporte, y porque, según se ha informado, el Ministro de Asuntos Exteriores de España ha declarado que no puede salir del país porque carece de pasaporte.

Teniendo en cuenta que las autoridades españolas son conscientes de la arbitrariedad con la que Marruecos confiscó la documentación de Haidar y la expulsó del país, España debería permitirle cumplir su deseo declarado de embarcar en un vuelo con destino a El Aiún y ejercer así sus derechos, en virtud del artículo 12 del PIDCP.

"España debe evitar ser cómplice de la conducta represiva de Marruecos", señaló Whitson. "Debe dejar que Haidar regrese a la patria de la que es ciudadana", agregó.

Las autoridades marroquíes han bloqueado arbitrariamente el registro legal de CODESA, la organización de derechos humanos que preside Haidar, alegando que sus líderes se adhieren a la causa de la independencia saharaui y violan por lo tanto las leyes marroquíes que prohíben los "ataques" contra la "integridad territorial" de Marruecos. El viaje de Haidar al extranjero incluyó una parada en Nueva York, donde fue galardonada con el Premio al Coraje Civil por parte de Train Foundation, uno de los muchos premios que ha recibido de organizaciones internacionales.

La expulsión de Haidar, con 42 años de edad y madre de dos hijos, es una medida sin precedentes, aunque forma parte de varios actos de represión contra activistas saharauis cometidos por el Gobierno marroquí desde octubre. En su discurso del 6 de noviembre para conmemorar el 34º aniversario de la "Marcha Verde" hacia el Sahara Occidental para reclamar su control, el rey Mohammed VI de Marruecos anunció una nueva estrategia de mano dura:

Hemos de reafirmar que la confusión y el engaño ya no tienen más cabida entre nosotros. Así pues, el ciudadano debe decidir el ser o no ser marroquí. Atrás ha quedado la era de la ambigüedad de posiciones y de la elusión de obligaciones, y ha sonado la hora de la transparencia y de la lealtad, en la que la persona ha de elegir abiertamente entre ser patriota o traidor; pues no existe una posición intermedia entre el patriotismo y la traición, como tampoco se puede seguir disfrutando de los derechos de la ciudadanía, a la vez que se reniega de ella, conspirando con los enemigos de la patria.

El 6 de octubre, la policía marroquí impidió que cinco activistas saharauis salieran del Sáhara Occidental en dirección a Mauritania, confiscándoles los pasaportes y enviándoles de regreso a El Aiún, sin ofrecerles una justificación oficial. Se ha prohibido viajar al extranjero a otros activistas saharauis, como en el caso de Sultana Khaya, el 10 de octubre, y los estudiantes Hayat Rguibi y Nguiya Hawassi, quienes fueron enviados de vuelta el 18 de noviembre en el aeropuerto de Casablanca cuando se disponían a partir hacia Gran Bretaña.

El 8 de octubre, los servicios de seguridad arrestaron a siete saharauis cuando regresaban de una visita a los campamentos de refugiados de Tinduf, Argelia, donde, según las autoridades marroquíes, se reunieron con "organismos opuestos a Marruecos", refiriéndose presuntamente a los líderes del Polisario. La prensa pro gubernamental también acusó a los siete de reunirse con funcionarios de seguridad argelinos. El juez que investiga su caso lo ha remitido a un tribunal militar, una decisión muy poco habitual e inquietante para los civiles acusados de delitos por motivos políticos.

Desde el 19 de octubre, la policía ha interrumpido al menos en siete ocasiones las visitas de delegaciones de derechos humanos y periodistas extranjeros a los hogares de conocidos activistas saharauis, a los que ha informado que, a partir de ahora, todas estas visitas requieren autorización previa.

Haidar, con la que hablamos por teléfono el 17 de noviembre, dijo que rellenaba frecuentemente el formulario de entrada en el aeropuerto de El Aiún de la misma manera sin que la hubieran detenido ni interrogado. Sin embargo, el 13 de noviembre sintió que podría haber problemas al desembarcar del avión, debido a la presencia más numerosa de lo habitual de las fuerzas de seguridad en este aeropuerto pequeño y normalmente tranquilo. Haidar dijo que, en cuanto entregó el formulario de entrada, la policía se la llevó para lo que acabó siendo un interrogatorio de 12 horas sobre cuestiones que abarcaron desde sus opiniones sobre el conflicto del Sáhara Occidental hasta sus diversas actividades durante su viaje de un mes al extranjero. Haidar señaló que, aunque se negó a cambiar lo que había escrito en el formulario, no dijo nada que indicara su renuncia a la ciudadanía marroquí. Cuando acabó el interrogatorio, firmó un registro escrito del mismo y la policía le informó que se quedarían con su pasaporte y su documento nacional de identidad, y que iban a embarcarla en el siguiente vuelo a España.

"Marruecos tiene que encontrar una solución a la crisis que ha provocado con la expulsión de Aminatou Haidar por sus ideas políticas", señaló Whitson. "Y dicha solución debe involucrar permitir el regreso de Haidar a su hogar y poner fin a la actual represión contra los saharauis que se adhieren pacíficamente a la causa de la autodeterminación", agregó.