Un trabajador del mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas toma notas frente a un gran número de cuerpos en Gatumba, 16 de agosto de 2004.

© 2004 Reuters

(Bujumbura) - El Gobierno de Burundi debe exigir cuentas a todas las partes responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad antes y durante los 16 años de conflicto armado en este país, Human Rights Watch dijo hoy. La declaración marca el quinto aniversario de la masacre en el campamento de refugiados de Gatumba, donde más de 150 refugiados congoleños fueron asesinados en un ataque reivindicado por el grupo rebelde Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL).

El conflicto, que finalizó en 2009, se caracterizó por violaciones generalizadas y sistemáticas del derecho internacional humanitario y de derechos humanos por todas las facciones beligerantes, incluyendo asesinatos, violaciones y torturas. El Gobierno no ha llevado a cabo ningún procesamiento o investigación significativa por estos delitos graves, y se ha estancado en los compromisos para establecer una comisión de la verdad y la reconciliación y un tribunal especial para enjuiciar los crímenes cometidos durante el conflicto.

"El conflicto armado de Burundi fue marcado por incalificables crímenes de guerra contra civiles por todas las partes en conflicto", dijo Corinne Dufka, investigadora principal de África para Human Rights Watch. "Las víctimas y sus familias tienen el derecho a ver que los responsables sean llevados ante la justicia."

Miles de personas fallecieron en masacres cometidas por todas las facciones, incluyendo los crímenes de Gatumba, de los cuales los rebeldes del las FNL asumieron ser responsables; la masacre de 2002 en Itaba de aproximadamente 200 civiles hutus por el ejército de Burundi dominado por tutsis; y el asesinato en 1997 de más de 300 tutsis en Bugendana por los rebeldes del Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia - Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD). Los grupos responsables han aceptado la responsabilidad de estos crímenes. Matanzas por parte del ejército de Burundi también ocurrieron antes de la guerra civil, incluyendo el asesinato de aproximadamente 200,000 civiles hutus en 1972 y otros 20,000 en 1988.

Una serie de acuerdos de paz promovidos internacionalmente allanó el camino para las elecciones y el desarme de todas las facciones en guerra, pero los mecanismos de justicia de transición establecidos por estos acuerdos no han sido establecidos. Las FNL, la última de una serie de facciones rebeldes a ser desarmada, se convirtieron en un partido político en abril, tras las negociaciones dirigidas por un facilitador de Sudáfrica. En junio, sus dirigentes asumieron formalmente puestos en el Gobierno, uniéndose a sus antiguos adversarios del CNDD-FDD, otro antiguo grupo rebelde hutu que ha sido el partido político gobernante desde que ganó las elecciones en 2005. Miembros del antiguo ejército de Burundi (Fuerzas Armadas de Burundi, FAB), predominantemente tutsi hasta 2004, también continúan manteniendo posiciones de poder. Numerosas personas que pudieron haber perpetrado crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra tienen posiciones clave en el Gobierno, incluyendo en el Ejército y el poder ejecutivo.

El Gobierno ha mostrado poca voluntad política para hacer rendir cuentas a los responsables de esos crímenes. La gran mayoría de los rebeldes y los soldados que fueron detenidos en diversas ocasiones durante el conflicto - entre ellos algunos sospechosos de asesinato - fueron puestos en libertad sin juicio mediante decretos presidenciales en 2006 y 2009 concediendo "inmunidad provisional" a los autores de "delitos políticos".

Representantes de Burundi y de la ONU han intentando desde marzo de 2006 lograr acuerdos sobre los planes inicialmente esbozados por el Acuerdo de Paz de Arusha, firmado en el año 2000, para establecer la comisión de la verdad y la reconciliación y un tribunal especial dentro del sistema judicial de Burundi. A pesar de los compromisos hechos a los altos funcionarios de las Naciones Unidas, como el entonces alto comisionado para los derechos humanos, Louise Arbour, en mayo de 2007, funcionarios de Burundi siguen rechazando el llamamiento de la ONU de nombrar a un fiscal independiente para el tribunal.

Los funcionarios gubernamentales también han expresado públicamente su apoyo a la amnistía para delitos graves, incluyendo el genocidio, los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En virtud del derecho internacional, la amnistía no debe ser otorgada por los crímenes internacionales más graves, que las naciones tienen la obligación de juzgar.

Un proceso de "consultas nacionales" para solicitar las opiniones de los burundianos ordinarios sobre los mecanismos de justicia transicional – financiados por donantes y dirigido por un equipo "tripartito" de las Naciones Unidas, el Gobierno de Burundi, y representantes de la sociedad civil - deja explícitamente de lado estas cuestiones fundamentales.

"El proceso de consultas nacionales no debe distraer la atención del hecho de que en los nueve años transcurridos desde Arusha, el Gobierno ha avanzado muy poco hacia el establecimiento de mecanismos de justicia de transición en consonancia con el derecho internacional", dijo Dufka.

La ausencia de justicia para crímenes de guerra pasados puede contribuir a un clima en el que los miembros de las fuerzas de seguridad sigan cometiendo crímenes tanto comunes como políticamente motivados. Pocos de los crímenes de esta naturaleza, llevados a cabo desde finales de los graves combates en el 2006, se han investigado a fondo. Los asesinatos de más de una docena de miembros de las FNL y activistas del partido de oposición documentados por Human Rights Watch en 2008 y 2009 - más reciente el de Emmanuel Minyurano, cuyo asesinato en abril ha sido atribuido por testigos a un hombre conocido por su trabajo para el servicio de inteligencia – no han conllevado juicio alguno. En otro caso, oficiales del ejército mataron a 31 civiles en la provincia de Muyinga en 2006. A pesar de que un juicio ampliamente elogiado en octubre de 2008 dio lugar a la condena de 15 soldados, un número de civiles involucrados en los asesinatos, incluyendo funcionarios administrativos y de inteligencia vinculados al partido gobernante, nunca han sido llevados a juicio.

Leyes que establecen una nueva fuerza policiaca y la reforma del Ejército en 2004 se comprometieron a excluir a los ex soldados y los rebeldes encontrados responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y torturas. Sin embargo, debido a que no se estableció un mecanismo de control, la policía y los militares, al igual que otras instituciones del Estado, siguen empleando a personas que pudieron haber cometido crímenes atroces contra civiles.

"Cinco años después de la masacre de Gatumba, los autores de la masacre siguen eludiendo a la justicia", dijo Dufka. "Es hora de que el Gobierno de Burundi cumpla sus compromisos de justicia para con las miles de personas que sufrieron las atrocidades cometidas en Gatumba, Bugendana, Itaba, y a través de Burundi durante el largo conflicto del país."

Antecedentes

Antes y durante todo el conflicto armado de Burundi, en que grupos predominantemente hutus, incluyendo al CNDD-FDD y las FNL, lucharon inicialmente contra el ejército de Burundi de mayoría tutsi y luego lucharon entre sí, todas las partes cometieron graves violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Estos crímenes han sido bien documentados por Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos humanos.

Crímenes de guerra atribuidos al ejército de Burundi datan probablemente desde los asesinatos de 1972 de unos 200,000 hutus. Los soldados también masacraron a unos 20,000 hutus en la comuna Marangara (provincia de Ngozi) en 1988 tras un levantamiento hutu en el que varios miles de tutsis fueron asesinados.

Una comisión internacional de investigación compuesta por organizaciones no gubernamentales, incluyendo Human Rights Watch, llegó a la conclusión en 1994 de que altos oficiales del ejército fueron responsables del asesinato del presidente Melchior Ndadaye y de una docena de otros líderes políticos hutus en 1993. Ejecuciones extrajudiciales de dirigentes políticos hutus continuaron durante todo el decenio de 1990. El ejército respondió a la formación de los movimientos rebeldes hutus a mediados de 1990 con manifestaciones periódicas de brutalidad hacia la población civil. Estas incluyeron su apoyo a las milicias civiles tutsis que mataron a cientos de hutus, entre ellos decenas de estudiantes universitarios, en operaciones de "limpieza étnica" en Bujumbura de 1994 a 1996; los asesinatos en 1997 de cientos, si no miles, de civiles hutus que se negaron a trasladarse a campamentos de "reagrupamiento" forzado, documentado en 1998 en un informe de Human Rights ; y la matanza de unos 200 civiles hutus desarmados en Itaba en 2002. Estos homicidios dejaron a Burundi plagado de fosas comunes, la mayoría de los cuales nunca han sido excavados.

Los miembros del CNDD-FDD, ahora el partido gobernante, masacraron a cientos de civiles tutsis desplazados internos en Bugendana (provincia de Gitega) y Teza (provincia de Muramvya) en julio de 1996. En 1997, los rebeldes del CNDD-FDD mataron a unas 100 personas en un servicio religioso en Kayogoro (provincia de Makamba). Durante un ataque en 1997 en el Seminario Menor de Buta (provincia de Bururi), después de que estudiantes hutus se negaron a acatar la orden de separarse de sus compañeros tutsis, los rebeldes mataron a 34 estudiantes de ambos grupos étnicos - la mayoría de ellos niños - y seis profesores.

En Gatumba, en 2004, Human Rights Watch documentó cómo las fuerzas de las FNL, aliadas con los miembros de las milicias congoleñas, se enfocaron a asesinar a refugiados congoleños de la etnia banyamulenge - un grupo que se considera estrechamente relacionado con la etnia tutsi. Ese año, en respuesta a la masacre, el Gobierno emitió órdenes de detención contra el líder de las FNL, Agathon Rwasa, y su entonces portavoz, Pasteur Habimana, pero las órdenes nunca fueron nunca ejecutadas, y los resultados de una investigación gubernamental de la masacre nunca fueron publicados.