(Washington, DC) - El Departamento de Estado de EE.UU. no debería certificar que México ha cumplido con los requisitos en materia de derechos humanos establecidos en la Iniciativa Mérida mientras los abusos cometidos por el Ejército mexicano continúen siendo juzgados por tribunales militares, y no por autoridades civiles, señaló Human Rights Watch en una carta dirigida a la secretaria de Estado Hillary Clinton, dada a conocer el día de hoy.
El Congreso de EE. UU. ordenó que se retuviera el 15% de los fondos que debían proporcionarse a México en el marco de la Iniciativa Mérida, un paquete de asistencia regional de varios años de duración que busca hacer frente a la creciente violencia y corrupción de poderosos carteles de narcotraficantes. Esta retención debería ser efectiva hasta que la Secretaria de Estado informe al Congreso que el Gobierno mexicano ha cumplido cuatro condiciones de derechos humanos. Entre los requisitos se incluye que los abusos militares estén siendo investigados y juzgados por autoridades civiles, y no por las militares.
"La Iniciativa Mérida brinda al Gobierno de Obama una importante oportunidad para fortalecer la cooperación estadounidense-mexicana en la lucha contra las drogas y en la defensa de los derechos humanos", expresó Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, en la carta. "Sin embargo, para aprovechar esta oportunidad, el Gobierno de Obama debe exigir enérgicamente que se cumpla con los requisitos de derechos humanos incluidos en el paquete".
La carta manifiesta la preocupación de Human Rights Watch por la creciente cantidad de abusos graves cometidos por los militares durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública, tales como violaciones sexuales, asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias, y porque los autores de tales delitos no son debidamente investigados ni juzgados.
En los últimos 10 años, los tribunales militares mexicanos - que habitualmente asumen la jurisdicción para investigar los abusos cometidos por militares contra civiles - no han condenado ni a un solo miembro del Ejército acusado de cometer una violación grave de derechos humanos. Los agentes del ministerio público y los jueces militares mexicanos no gozan de suficiente independencia para asegurar que estos casos sean adecuadamente juzgados, señaló Human Rights Watch.
"Además, cuando los soldados cometen crímenes que son también violaciones de derechos humanos, perjudican su imagen como fuerza profesional que respeta a los civiles, y contribuyen a aumentar la sensación de caos y violencia, uno de los factores que fomenta la inseguridad pública en México", expresó Roth en la carta.
Human Rights Watch recomendó que Clinton emitiera una informe por escrito en el que certifique que México cumple con los requisitos de derechos humanos establecidos en la Iniciativa Mérida si y solo si puede determinar que dicho país ha reformado efectivamente su sistema de justicia militar para garantizar que, por ley, todas las supuestas violaciones graves de derechos humanos sean juzgadas ante autoridades civiles, y que, en la práctica, sean investigadas y juzgadas por autoridades civiles.