El presidente de Nigeria, Umaru Yar'Adua, asiste a la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados en Sharm el-Sheikh.

© 2009 Reuters

(Dakar) - El presidente Umaru Yar'Adua de Nigeria, a la mitad de su mandato presidencial, ha debilitado el organismo principal de lucha contra la corrupción del país, ha hecho muy poco para frenar a las fuerzas policiacas abusivas, y ha fracasado en abordar las causas fundamentales de la creciente crisis en el delta del Níger, dijo hoy Human Rights Watch. Human Rights Watch dijo en una carta a Yar'Adua que ha habido retrocesos graves durante los primeros dos años en hacer frente a los problemas crónicos de derechos humanos y a la corrupción endémica de Nigeria.

La carta de Human Rights Watch incluye propuestas de medidas concretas para hacer frente a los problemas apremiantes de derechos humanos del país. La carta describe la corrupción endémica y la mala gestión del Gobierno, que privan a los nigerianos de sus derechos básicos a la salud y a la educación, la continua violencia por parte de las fuerzas de seguridad patrocinada por el Estado, incluidas las ejecuciones extrajudiciales y la tortura, los daños a los civiles durante los enfrentamientos entre el ejército y los militantes armados en el delta del Níger, y los brotes de violencia sectaria, que en los últimos dos años han cobrado cientos de vidas.

"El presidente Yar'Adua ha tenido dos años para mostrar que se toma en serio su promesa de fortalecer el Estado de derecho", dijo Corinne Dufka, investigadora principal de África Occidental en Human Rights Watch. "Pero en lugar, todo sigue como de costumbre. Las personas responsables por el saqueo al por mayor de la riqueza petrolera de Nigeria y de armar a los militantes del delta del Níger, permanecen intocables y las víctimas de la violencia policiaca no han recibido justicia".

Human Rights Watch reconoció las medidas tentativas que el gobierno de Yar'Adua ha tomado para hacer frente a las preocupaciones de derechos humanos de Nigeria, pero señaló que estos esfuerzos han sido hasta ahora un poco más que declaraciones de política y una serie de nuevos comités, paneles, y ministerios que han tenido, si acaso, un mínimo impacto positivo en la vida de los nigerianos. Yar'Adua y su gobierno han fracasado en abordar las causas fundamentales de los problemas de derechos humanos de Nigeria, o en cambiar la atmósfera que permite que los abusos persistan.

Human Rights Watch propuso una agenda de derechos humanos de 10 puntos. Las recomendaciones incluyen: la aprobación de una propuesta de proyecto de ley de Libertad de Información; la mejora de la supervisión de los gastos del Gobierno local y estatal; la rendición de cuentas por parte de los funcionarios gubernamentales responsables de malversación de fondos públicos o de instigar la violencia política; la aprobación de leyes que prohíban la discriminación contra los "no indígenas"; la investigación y el enjuiciamiento de los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en ejecuciones extrajudiciales, la tortura, u otras violaciones graves de los derechos humanos; el despido del presidente de la comisión electoral y el nombramiento de un inspector general de la policía que se comprometa a poner fin a los abusos de la policía.

Yar'Adua prometió en su discurso inaugural el llevar a cabo una "tolerancia cero" imparcial hacia los funcionarios corruptos, pero en lugar de esto, ha despedido al eficiente jefe de la comisión contra la corrupción y no ha responsabilizado a los principales políticos del partido gobernante que probablemente han estado implicados en el saqueo masivo de la tesorería del Estado. La Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante, no ha aprobado el proyecto de ley de Libertad de Información, que permitiría a los ciudadanos de Nigeria tener acceso a los registros financieros del Gobierno.

Dos años después de las violentas y profundamente defectuosas elecciones de 2007 que llevaron al poder a Yar'Adua, las elecciones siguen siendo determinadas por el fraude y la violencia, en lugar de ser determinadas por la voluntad del pueblo. La repetición de las elecciones de abril de 2009 para gobernador en el estado Ekiti estuvo empañada, como lo describió Yar'Adua, por los informes sobre "la violencia, la intimidación de los votantes, el soborno de funcionarios electorales, y otras violaciones de la ley".

A pesar de este reconocimiento, Yar'Adua se ha negado a remover al ampliamente desacreditado presidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente, Maurice Iwu, quien presidió y validó los resultados de las elecciones de Ekiti, así como las elecciones de 2007. Además, el gobierno de Yar'Adua aún no ha investigado adecuadamente, y mucho menos responsabilizado, a aquellos que patrocinaron o llevaron a cabo la violencia de las elecciones de 2007 que dejaron al menos 300 muertos.

La estrategia del Gobierno para el deterioro de la crisis en el Delta del Níger - una oferta de amnistía a los militantes, ofensivas militares, y la creación de un ministerio del Delta del Níger - no ha logrado hacer frente a las causas del empeoramiento de la crisis, dijo Human Rights Watch. Los funcionarios del Gobierno que han patrocinado la violencia para obtener beneficios políticos en la región y los políticos corruptos del partido gobernante, que han malgastado y malversado su vasta riqueza petrolera permanecen libres de control, investigación y enjuiciamiento.

La violencia entre comunidades, que se ha cobrado 12,000 vidas en Nigeria durante los últimos diez años, estalló de nuevo en noviembre de 2008 en Jos, estado de Plateau, dejando centenares de muertos y miles de desplazados. Yar'Adua tiene todavía que poner fin a la impunidad que perpetúa esta violencia o hacer frente a sus causas fundamentales, en particular, las políticas discriminatorias contra los "no indígenas" - aquellos que no pueden rastrear su ascendencia a los habitantes originales de la zona donde viven.

Human Rights Watch señaló que la policía necesita un nuevo inspector general de policía comprometido con reformar esta institución notoriamente corrupta.

Las fuerzas policiacas bajo el mando del actual inspector general, Mike Okiro, siguen estando sumidas profundamente en la corrupción endémica y los abusos generalizados. El Gobierno de Yar'Adua ha hecho poco por investigar y enjuiciar a los funcionarios de la policía responsables de decenas de ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes, así como de ciudadanos comunes, y del uso de la tortura en los sospechosos durante los interrogatorios.

"El presidente Yar'Adua debe tomar medidas inmediatas para hacer frente al lamentable historial de derechos humanos de Nigeria", dijo Dufka. "Si él desea construir su legado en el Estado de derecho, necesita ejercer un liderazgo audaz y valiente para combatir la impunidad que fomenta los abusos y debe abordar sus causas fundamentales. Las vidas de los nigerianos están en la balanza".