Esta semana, en una votación crucial, la Organización de los Estados Americanos podría poner fin a la suspensión que, desde hace casi 50 años, impide que Cuba participe en este órgano regional clave. El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, ha expresado su voluntad de someter a votación este tema durante la reunión de la Asamblea General, lo cual podría suceder esta semana. Esta decisión perjudicaría a la sociedad civil en Cuba y a la OEA.

La participación de Cuba en la OEA se suspendió en 1962, debido a que su gobierno de orientación marxista-leninista se consideró "incompatible" con el sistema interamericano. No obstante, en los últimos tiempos, una cantidad cada vez mayor de países latinoamericanos -entre los cuales se encuentran no sólo aliados de Cuba como Venezuela, sino también otros actores influyentes como Brasil- han pedido que se revoque la suspensión. Dado que los únicos países que se oponen públicamente a esta posibilidad son Estados Unidos y Canadá, existen probabilidades reales de que esta suspensión se termine en el corto plazo.  

En el mejor de los casos, podría decirse que quienes proponen que Cuba reingrese a la OEA tienen una visión ilusoria sobre qué podría ocurrir en el país luego de su reinserción en la OEA. En el peor de los casos, podría tratarse de negación absoluta.

Entre quienes mantienen una postura de negación se encuentra Insulza, quien señaló en una entrevista concedida recientemente en El País que "hay otros países con problemas de democracia en América, no sólo Cuba". Esto sugiere que los "problemas" de Cuba no son tan distintos de los de sus vecinos. Sin embargo, esta afirmación contradice abiertamente las conclusiones del propio órgano de monitoreo de derechos humanos de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual sostuvo en un informe difundido tres días antes de la entrevista de Insulza que: "Las restricciones a los derechos políticos, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento han conformado durante décadas una situación permanente y sistemática de vulneración de los derechos humanos de los habitantes en Cuba".

Cuba es el único país de la región donde se reprimen prácticamente todas las formas de disidencia política. Durante décadas, el gobierno cubano ha impuesto el consenso político a través de procesos penales, detenciones a corto y largo plazo, abuso físico y vigilancia. Esta deficiente situación no ha mejorado desde el traspaso del poder de Fidel a Raúl Castro.

Quienes se refugian en el argumento ilusorio sostienen que admitir nuevamente a Cuba en la organización propiciaría un nuevo espacio de diálogo. Sin embargo, los hermanos Castro han dejado en claro qué piensan de la OEA. En abril, Fidel Castro se refirió a la OEA como el "odioso instrumento del poderoso país" y descalificó sus principios y aspiraciones como "sueños delirantes". Su hermano Raúl ha expresado que la institución debería desaparecer.

El diálogo formal que Cuba mantiene con la OEA tampoco inspira mucha confianza. La carta de la OEA fomenta las gestiones diplomáticas continuas con aquellos miembros que hayan sido suspendidos. Sin embargo, durante décadas, Cuba ha respondido a todos los informes elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante la emisión de una misma carta, en la cual rechaza la legitimidad de la comisión. Estos informes analizan graves violaciones de derechos humanos, como el juicio y la condena injustificados en marzo de 2003 de 75 periodistas, dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos, 54 de los cuales aún se encuentran en prisión.

Quienes creen que la revocación de la suspensión de Cuba puede contribuir a que el gobierno esté más dispuesto a asumir compromisos deberían analizar la falta de cooperación de Cuba con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al cual se incorporó en 2007. El gobierno cubano continúa ignorando las solicitudes de visita de expertos independientes sobre libertad de expresión y culto de la ONU, y en febrero presentó un informe para su Examen Periódico Universal, en el cual negaba la existencia de prisioneros políticos. 

Uno de los argumentos más contundentes para no invitar a Cuba a reincorporarse a la OEA es el avance que han logrado otros Estados miembros, a diferencia de Cuba. Cuando Cuba fue suspendida en 1962, Guatemala era gobernada por una junta militar que había llegado al poder gracias a un derrocamiento orquestado por la CIA, y Haití se encontraba bajo el mando del nefasto dictador conocido como "Papa Doc" Duvalier. En sólo algunos años, los gobiernos de Bolivia, Brasil, República Dominicana, Ecuador y El Salvador fueron derrocados por golpes de estado.

Actualmente, sin embargo, la mayoría de los líderes de la región llegan al poder a través de elecciones, y no mediante la violencia. Sin duda, aún existen graves problemas. El mismo informe de la OEA que incluyó recientemente críticas a Cuba también denunció la falta de independencia del poder judicial en Venezuela y las agresiones contra defensores de derechos humanos en Colombia. No obstante, en líneas generales, la región ha logrado avances progresivos para consolidar el estado de derecho. En 2001, los miembros de la OEA suscribieron la Carta Democrática Interamericana, que no sólo reafirmó su compromiso con los principios democráticos, sino que además estableció la responsabilidad colectiva de defender estos principios activamente.

La readmisión de Cuba equivaldría a burlarse de estos compromisos. Se estaría premiando a un gobierno que no ha mejorado en absoluto la deficiente situación de los derechos humanos en su país y, de este modo, se debilitaría la protección de los derechos humanos en la región. Se avanzaría hacia una aceptación tácita de esta situación, en lugar de promover un dialogo constructivo. En vez de reducir los requisitos para acomodar a Cuba, la OEA debería impulsar a Cuba para que fortalezca el respeto de los derechos humanos, con el fin de alcanzar un estándar colectivo más elevado. Los líderes  del norte y del sur deben trabajar conjuntamente para elaborar una estrategia multilateral y dirigida a ciertos aspectos específicos que exija que Cuba ponga fin a los abusos sistemáticos que ocurren en el país.

Esta no es una tarea fácil, y no se logrará de un día para el otro. Sin embargo, creer que con sólo permitir que Cuba se sume al club de los países democráticos se podrá desmantelar la maquinaria represiva del gobierno sería -en las palabras del propio Fidel Castro- el "sueño más delirante" de todos.