Clarita Alia habla en contra de los asesinatos del escuadrón de la muerte en una protesta en la ciudad de Davao en diciembre de 2003. De julio de 2001 a abril de 2007, sus cuatro hijos: Richard, Christopher, Bobby y Fernando, de 18, 17, 14 y 15 años respectivamente, fueron víctimas de aparentes asesinatos perpetrados por el escuadrón de la muerte. La policía no ha arrestado a ningún sospechoso en ninguno de los asesinatos.

© 2003 Ryan Anson

(Manila) – El gobierno de Filipinas debe investigar a los presuntos “escuadrones de la muerte” responsables de cientos de asesinatos selectivos en la Ciudad de Davao y otras ciudades de la isla sudeste de Mindanao, señaló Human Rights Watch en un informe hecho público hoy, en una conferencia de prensa en Manila que contó con la presencia de Kenneth Roth, director ejecutivo de esta organización.

En el informe de 103 páginas, “You Can Die Any Time: Death Squad Killings in Mindanao” (“Puedes morir en cualquier momento: Asesinatos en Mindanao por escuadrones de la muerte”), se expone en detalle la implicación de funcionarios de policía y del gobierno local en los asesinatos selectivos de presuntos vendedores de drogas y delincuentes menores, niños de la calle y otras personas; y se explica que las autoridades no han hecho ningún esfuerzo por investigar los asesinatos ni llevar a los responsables ante la justicia.

“Está claro que los cientos de asesinatos selectivos ocurridos en la Ciudad de Davao en los últimos años no son hechos aislados, sino el resultado de una campaña planeada de asesinatos de un ‘escuadrón de la muerte’ en el que están implicados agentes de policía y funcionarios locales”, señaló Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “La policía falla en llevar a los responsables ante la justicia, mientras que el gobierno local celebra sus actitud”, agregó.

El informe incluye las declaraciones de personas que conocen desde dentro la composición, estructura y operación del denominando escuadrón de la muerte de Davao. Human Rights Watch investigó 28 casos de asesinatos aparentemente selectivos, realizó más de 50 entrevistas con familiares de víctimas, testigos, abogados, periodistas, activistas pro derechos humanos y funcionarios de gobierno en las ciudades de Davao, General Santos y Digos.

El número de víctimas de asesinatos selectivos en la Ciudad de Davao ha aumentado constantemente en la última década. Desde dos casos registrados en 1998 hasta 98 en 2003 y 124 en 2008. Tan sólo en enero de 2009 se registraron 33 casos.

Los días 30 y 31 de marzo de 2009, la Comisión de Derechos Humanos celebró su primera sesión abierta sobre los escuadrones de la muerte en la Ciudad de Davao.

Human Rights Watch halló un patrón de actuación en los asesinatos. Los atacantes llegan normalmente en grupos de dos o tres en motocicletas sin placa de licencia; llevan gorras de béisbol y camisas o chaquetas abrochadas hasta arriba, al parecer para ocultar sus armas; y disparan o apuñalan a sus víctimas sin previo aviso, con frecuencia a plena luz del día y sin preocuparse de los testigos.

Los funcionarios de barangay (municipales), los agentes de policía y, en ocasiones, hasta los funcionarios de la alcaldía de la ciudad han advertido con frecuencia a personas, que fueron después asesinadas, que sus nombres estarían en una “lista” de posibles víctimas a menos que cesaran sus actividades delictivas. En otros casos, las víctimas fueron asesinadas inmediatamente después de que salir de la cárcel o la custodia policial.

Los funcionarios de barangay (municipales), los agentes de policía y, en ocasiones, hasta los funcionarios de la alcaldía de la ciudad han advertido con frecuencia a personas, que fueron después asesinadas, que sus nombres estarían en una “lista” de posibles víctimas a menos que cesaran sus actividades delictivas. En otros casos, las víctimas fueron asesinadas inmediatamente después de salir de la cárcel o la custodia policial.

Los miembros del escuadrón de la muerte suelen usar pistolas del calibre .45, un arma empleada normalmente por la policía y con un alto costo prohibitivo para miembros de bandas o delincuentes comunes.

Las personas con acceso a información interna señalaron a Human Rights Watch que los responsables obtienen datos sobre los objetivos proporcionados por la policía o funcionarios de los barangay, quienes recopilan listas de delincuentes. Estas personas explicaron que se informa con antelación a las comisarías locales para asegurarse de que los agentes no respondan rápidamente a dichos asesinatos.

Los testigos señalaron a Human Rights Watch que la policía llega al escenario de los hechos mucho después de la partida de los atacantes, aun cuando la comisaría más cercana se encuentra a tan sólo unos minutos del lugar. Con frecuencia, la policía no reúne pruebas obvias como casquillos de bala, ni interroga a testigos o sospechosos, y se dedica en cambio a presionar a las familias de las víctimas para que identifiquen a los asesinos.

“Los asesinos escapan del lugar tan rápido como llegan para matar a sus víctimas, casi siempre antes de que se presente la policía”, señaló Roth. “Y la policía parece rara vez interesada en reunir pruebas para pedir cuentas a los responsables”, agregó.

Los familiares que facilitaron información a la policía, como nombres de posibles sospechosos y testigos, dijeron que los agentes no habían investigado dichas pistas o no les habían informado de ello. En muchos casos, los testigos también tienen miedo de facilitar información porque creen que esto puede convertirles en objetivos. Human Rights Watch señaló que, aunque la policía atribuye el fracaso de las investigaciones a la falta de testigos, ésta y otras instituciones deben crear mecanismos fiables de protección para que los testigos denuncien los asesinatos del escuadrón de la muerte ante las autoridades. Sin embargo, ningún mecanismo de protección puede cumplir plenamente su función mientras la policía esté involucrada en los asesinatos.

Human Rights Watch investigó también una serie de casos de personas asesinadas por error debido, entre otras cosas, a equivocaciones en la identificación de las víctimas. Algunos residentes de Davao expresaron también su convencimiento de que algunos miembros del escuadrón de la muerte se han convertido en sicarios, lo que hace que cualquier persona pueda ser su víctima.

Rodrigo Duterte, quien lleva mucho tiempo ocupando la alcaldía de la Ciudad de Davao, ha realizado numerosas declaraciones intentando justificar el asesinato de presuntos delincuentes, y cree que dichos asesinatos tienen un efecto disuasorio sobre la delincuencia y han aumentado la seguridad en la ciudad. Sin embargo, según las estadísticas suministradas por la Policía Nacional de Filipinas, el número de delitos ha aumentado un 219 por ciento en la última década, mientras que la población de la ciudad sólo ha crecido un 29 por ciento. El aumento de los asesinatos cometidos por el escuadrón de la muerte parece haber empeorado la tasa de delincuencia en Davao.

En febrero de 2009, Duterte declaró a la prensa: “Si usted hace una actividad ilegal en mi ciudad, si es un delincuente o forma parte de una banda que acecha a personas inocentes en la ciudad, mientras yo sea alcalde, usted es un objetivo legítimo de asesinato”.

En los últimos años, las denuncias de asesinatos selectivos se han expandido más allá de la Ciudad de Davao a otras ciudades en Mindanao, y a la Ciudad de Cebu, la segunda metrópoli de Filipinas. Los alcaldes y los funcionarios municipales de varias de estas ciudades han hecho declaraciones similares a las de Duterte justificando los asesinatos en sus ciudades.

El gobierno de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo ha ignorado ampliamente los asesinatos selectivos en la Ciudad de Davao y el resto del país. De hecho, en 2003, Duterte se convirtió en asesor de Arroyo sobre paz y orden público, lo que demostró su aprobación de la estrategia de “mano dura contra la delincuencia” que fomenta violaciones de las leyes.

Al parecer, la pasividad de las instituciones nacionales responsables del rendimiento de cuentas, en concreto el Departamento de Justicia, la Policía Nacional de Filipinas, la Defensoría del Pueblo y, hasta hace poco, la Comisión de Derechos Humanos, ha hecho que los responsables de los asesinatos lleguen a la conclusión de que no sufrirán ningún castigo por sus acciones.

Human Rights Watch señaló que el gobierno filipino y las autoridades locales de la Ciudad de Davao y otras ciudades deben adoptar medidas urgentemente para detener los asesinatos, exigir cuentas a los responsables y administrar justicia a los familiares de las víctimas.

Human Rights Watch instó al gobierno filipino a que denuncie públicamente los asesinatos extrajudiciales y las campañas contra la delincuencia local que promueven o fomentan el uso ilegal de la fuerza, y a que adopte todas las medidas necesarias para poner fin a las ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes y niños de la calle, empezando por la Ciudad de Davao.

“Arroyo se ha dejado aconsejar en materia de seguridad por alguien que defiende abiertamente el asesinato para lograr la paz y la prosperidad”, señaló Roth. “Pero esto tiene que acabar. El gobierno de Arroyo debe transmitir un mensaje claro a los funcionarios locales y la policía de que no se tolerarán los asesinatos de criminales de delitos menores, consumidores de drogas y niños de la calle”, agregó.

Testimonios seleccionados del informe “Puedes morir en cualquier momento: Asesinatos en Mindanao por escuadrones de la muerte”:

“No fuimos a la policía a preguntar por el caso, porque teníamos una fuerte sospecha de que quienes habían matado a mi [familiar] eran policías o conocidos por la policía. La esposa de un agente del campamento de policía de Fermin Lira me dijo unos diez días después de los asesinatos hubo algunos problemas en la policía: convocaron una reunión en la que dijeron que había sido un error lamentable”.
– Entrevista de Human Rights Watch con un familiar de Gabriel Sintasas, asesinado en la Ciudad de General Santos en marzo de 2008, cuyo asesinato se considera fruto de un error de identificación.

“Nadie dijo nada, porque todos estaban asustados. Los policías preguntaron quién era la víctima, y se rieron como si les gustara lo que vieron. No hablaron con ninguno de los testigos. Y después se fueron sin llevarse ni el cuerpo ni los casquillos de bala. No hicieron nada. Parecía que no les importaban las pruebas”.
– Entrevista de Human Rights Watch con un amigo de Conrad Dequina, asesinado en la Ciudad de Davao el 10 de octubre de 2007.

“Entré a la casa y, cuando regresé al patio después de un rato, vi a Danilo encarado a un pistolero. El pistolero tenía la piel oscura y el pelo largo, y llevaba pantalones de baloncesto y una camiseta holgada. Vi a su compañero en una motocicleta estacionada a un par de metros de distancia; era una motocicleta XRM negra y el conductor llevaba una gorra militar”.

“El pistolero, que llevaba una pistola en la mano, le preguntaba a Danilo sobre otro hombre, Jon-Jon. Me acerqué y dije que no había nadie con ese nombre en nuestra cuadra. Pero el pistolero no se fue. Danilo se dio cuenta al parecer de que algo no iba bien e intentó entrar en la casa, pero en ese momento le disparó. Primero le disparó en la espalda y, después, cuando Danilo cayó al suelo, el pistolero se arrodilló a su lado y le disparó dos veces más en la cabeza, detrás de ambas orejas. Después saltó a la motocicleta que se aproximó y se fueron”.
– Entrevista de Human Rights Watch con un familiar de Danilo Auges, 38 años, asesinado el 26 de mayo de 2008 en la Ciudad de General Santos.

“Ninguno [de mis amigos en el escuadrón de la muerte] tiene estudios, así que no tienen tantas opciones. Prefieren este trabajo a cometer delitos comunes porque es la actividad ilegal más segura y también se paga bien. No tienen miedo, porque la persona que tendría que arrestarles suele ser su jefe, y el resto lo coordina la policía”.
– Entrevista de Human Rights Watch con “Anthony” (seudónimo) sobre sus cuatros amigos miembros del escuadrón de la muerte de la Ciudad de Davao.