La prueba de ADN es una herramienta única y poderosa para resolver crímenes. Examinar la evidencia de la escena del crimen utilizando nuevas y avanzadas técnicas ha resuelto muchos crímenes anteriormente pendientes, conduciendo al arresto y condena de violadores y otros criminales violentos. De igual importancia, la prueba de ADN ha exonerado al menos a 232 personas inocentes que habían sido condenadas injustamente, incluyendo 17 personas que habían sido condenadas a muerte por crímenes que no cometieron.
Por estas razones, John Ashcroft, fiscal general en el gobierno de George W. Bush, ha llamado a la prueba de ADN "la máquina de la verdad de la aplicación de la ley, asegurando la justicia mediante la identificación de los culpables y exonerando a los inocentes". Pero el lunes, un abogado de la administración de Obama argumentará en la Corte Suprema que un preso que se declara inocente no tiene el derecho constitucional de poner a prueba el ADN encontrado en la escena del crimen --incluso si el mismo prisionero está dispuesto a cubrir los gastos de la prueba.
Siendo claros, el Departamento de Justicia de Obama heredó este caso del gobierno de Bush, el cual presentó un escrito apoyando el enjuiciamiento a menos de tres semanas de dejar el cargo. Pero los abogados del prisionero William G. Osborne, solicitaron al nuevo gobierno cambiar su postura ante el caso, tal como tiene derecho a hacerlo, pero esta solicitud fue rechazada.
Osborne fue declarado culpable bajo el cargo de asalto sexual y secuestro en un ataque brutal a una mujer en Anchorage en 1993, y fue sentenciado a 26 años en prisión. Él alega su inocencia, y ha tratado durante años de poner a prueba una muestra de semen encontrada en la escena del crimen con técnicas de pruebas de ADN que no estaban disponibles en el momento de su juicio, ofreciendo a pagar por sí mismo los costos de las pruebas. Sin embargo, Alaska es uno de los seis estados que no cuentan con una ley que permita las pruebas de ADN después de la condena, y la fiscalía ha negado consistentemente su consentimiento. Osborne presentó una petición, y una corte federal de apelaciones acordó que Osborne tiene derecho a poner a prueba de ADN las evidencias encontradas en la escena del crimen. La fiscalía apeló, y el lunes la Corte Suprema escuchará la apelación de la fiscalía sobre esa decisión.
Uno ha de preguntarse por qué la fiscalía ha decidido presentar este caso ante la Suprema Corte. Después de todo, si las pruebas de ADN involucran a Osborne, el Estado tendrá pruebas adicionales y contundentes de su culpabilidad. Por otro lado, si las pruebas de ADN descartan a Osborne como el culpable –y la fiscalía concede que un resultado favorable de la prueba podría concluyentemente establecer su inocencia—entonces una grave injusticia puede ser corregida. Además, los resultados de la prueba podrían permitir a las instituciones de aplicación de la ley el identificar al verdadero culpable, el cual podría estar aún en libertad. En cualquier caso, la función del sistema de justicia de buscar la verdad será cumplida.
La decisión del gobierno de Obama de adherirse a la postura de la decisión de Bush en este caso es decepcionante para aquellos que esperaban una mayor sensibilidad hacia el problema tan real que plantean las condenas injustas. Siendo aún senador del estado de Illinois, Obama apoyó firmemente los esfuerzos para reformar el fracturado sistema de pena de muerte del estado, apoyando una ley que tenía por objetivo reducir las confesiones falsas u coaccionadas, requiriendo que los interrogatorios de la policía fueran grabados. Y en un artículo de 1999 citado en el sitio de internet de la campaña de Obama-Biden, Obama abogó específicamente por un mayor acceso a las pruebas del ADN para los acusados en casos capitales "para asegurar que se tiene a la persona correcta".
La petición de Osborne de pruebas de ADN está respaldada por las obligaciones de los tratados de los Estados Unidos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un tratado ratificado por los Estados Unidos en 1992, señala que toda persona declarada culpable de un delito tiene derecho a que la sentencia sea revisada por un tribunal superior, también establece que las personas condenadas erróneamente tienen derecho a la indemnización. Estos derechos no pueden ser respetados significativamente si al preso que alega ser condenado injustamente se le niega el acceso a la evidencia que pudiera establecer su inocencia de manera concluyente.
La recolección de pruebas de ADN de personas que se niegan a ello – particularmente de los detenidos que no han sido condenados por ningún delito - plantea serias cuestiones de privacidad. Pero estas cuestiones no están involucradas en este caso. Todo lo que Osborne pide es que las evidencias encontradas en la escena del crimen, sean sometidas a pruebas de ADN y sean entonces comparadas con su propio ADN. El único argumento que la fiscalía ofrece al defender su negativa de permitir las pruebas, se refiere a la "conclusión" de la sentencia de Osborne. Sin embargo, las pruebas de ADN socavarían esta conclusión sólo si Osborne es inocente. Es difícil discernir el interés público en la conclusión de un procedimiento que deja a un hombre inocente en la cárcel y, posiblemente, a un violador en libertad.
En su escrito, el gobierno de Bush argumentó – ahora adoptado efectivamente por el gobierno de Obama – que la decisión de si se permiten las pruebas de ADN deben ser dejadas a elección de los estados como parte de un “proceso democrático vibrante." Pero algunas cuestiones no deberían ser puestas a votación – y la libertad de un hombre probablemente inocente, es una de ellas.
