(Nueva York) – Las fuerzas de Georgia, Rusia y de Osetia del Sur cometieron numerosas violaciones de las leyes de la guerra durante y poco después del conflicto de agosto de 2008 por el control de Osetia del Sur, y provocaron muchas bajas y heridos entre la población civil y la destrucción generalizada de bienes civiles, señaló Human Rights Watch en un informe hecho público hoy.

En el informe de 200 páginas, “Up in Flames: Humanitarian Law Violations in the Conflict Over South Ossetia” (En llamas: Violaciones del derecho humanitario en el conflicto por el control de Osetia del Sur) se analizan los ataques indiscriminados y desproporcionados por parte de las fuerzas georgianas y rusas, y la campaña de las fuerzas de Osetia del Sur de destrucción deliberada y sistemática de ciertas poblaciones de origen georgiano en la región. También detalla que Rusia no garantizó el orden público ni la seguridad en las zonas de Georgia bajo su control efectivo. El informe está basado en más de 460 entrevistas realizadas durante varios meses de investigación de campo.

“La guerra por el control de Osetia del Sur sólo duró una semana, pero tendrá consecuencias devastadoras para la población civil durante varias generaciones venideras”, señaló Rachel Denber, directora para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Algunos observadores se están desviando del objetivo al preocuparse solamente sobre quién comenzó el conflicto o quién cometió las atrocidades más graves, lo más urgente es exigir cuentas a todos los responsables y permitir que los desplazados regresen a salvo a sus hogares”, agregó.

Osetia del Sur es una región escindida de Georgia que comparte frontera y tiene relaciones muy estrechas con Rusia. El conflicto armado comenzó el 7 de agosto de 2008, y duró hasta el alto al fuego del 15 de agosto, cuando las fuerzas georgianas se retiraron y las fuerzas rusas ocuparon Osetia del Sur y se establecieron temporalmente en algunas zonas no disputadas de Georgia. Durante la semana de conflicto abierto, y las numerosas semanas posteriores de violencia e inseguridad rampantes en las zonas controladas por Rusia, murieron cientos de civiles y decenas de miles fueron desplazados. Muchos de ellos no han podido regresar a sus casas.

La investigación de Human Rights Watch demostró que, en varios casos, las fuerzas georgianas lanzaron ataques de artillería indiscriminados y desproporcionados en Osetia del Sur y que, en algunas de sus incursiones por tierra, realizaron ataques con un impacto excesivo sobre la población civil en comparación con la ventaja militar prevista. En concreto, las fuerzas georgianas realizaron ataques indiscriminados al utilizar sus sistemas para lanzar cohetes en las áreas civiles, que no pueden apuntarse con suficiente precisión para poder distinguir entre objetivos civiles o militares. Se cree que las fuerzas rusas también hicieron uso de este tipo de cohetes, conocidos como Grad.

“El empleo de cohetes Grad, que tienen un efecto indiscriminado cuando se utilizan en zonas con población civil, demuestra que las fuerzas georgianas atacaron Osetia del Sur con un desprecio manifiesto por la seguridad de la población civil”, señaló Denber.

Human Rights Watch observó, en una serie de casos en Osetia del Sur y zonas no disputadas de Georgia, que las fuerzas rusas habían utilizado sus aeronaves, su artillería y sus tanques para lanzar ataques indiscriminados que se saldaron con muchos civiles muertos y heridos. Human Rights Watch documentó varios casos en los que las fuerzas rusas que ocupaban el distrito georgiano de Gori habían abierto fuego contra vehículos ocupados por civiles que provocaron muertos o heridos.

Las fuerzas tanto rusas como georgianas usaron municiones de racimo, que causaron bajas civiles y pusieron en peligro a la población civil al sembrar “campos minados” con bombas sin explotar. Estas armas están prohibidas por la Convención sobre las Municiones de Racimo, que ni Georgia ni Rusia han firmado.

Después de que las fuerzas georgianas se retiraran de Osetia del Sur el 10 de agosto, durante semanas las fuerzas de Osetia del Sur estuvieron destruyendo, de manera deliberada y sistemática, las poblaciones de origen georgiano de Osetia del Sur que habían estado administradas por el Gobierno de Georgia. Las tropas de Osetia del Sur saquearon los hogares de numerosos civiles de origen georgiano, a los que maltrataron, amenazaron, detuvieron ilegalmente y en varios casos ejecutaron debido a su origen étnico y a sus imputadas afiliaciones políticas; todo ello con el objetivo expreso de obligar a huir a los que se habían quedado y asegurarse de que nunca regresaran.

Durante su ocupación de estas zonas, Rusia incumplió su deber, en virtud del derecho internacional humanitario, de garantizar, en la medida de lo posible, el orden público y la seguridad en las áreas bajo su control efectivo.

“En lugar de proteger a los civiles, las fuerzas rusas permitieron que las tropas de Osetia del Sur que seguían sus pasos invadieran, saquearan e incendiaran las casas de georgianos, y mataran, golpearan, violaran y amenazaran a la población civil”, señaló Denber. “Dichos ataques deliberados constituyen crímenes de guerra y, cuando forman parte de una práctica generalizada y sistemática, pueden ser enjuiciados como crímenes contra la humanidad”, agregó

Las más de 20,000 personas de origen georgiano que huyeron del conflicto de Osetia del Sur siguen desplazadas. Los residentes de origen georgiano de la provincia de Akhalgori, una zona remota del oriente de Osetia del Sur bajo el control de las fuerzas rusas, se enfrentan a las amenazas y al hostigamiento de las milicias, y el temor al posible cierre de la frontera administrativa con el resto de Georgia. Ambos factores han forzado a numerosas personas a abandonar sus casas y huir al territorio no disputado de Georgia.

“No se puede tolerar el desplazamiento forzado permanente de miles de personas”, señaló Denber. “Rusia debe promover públicamente y salvaguardar el derecho de todas las personas desplazadas por el conflicto a regresar y vivir en sus hogares con seguridad y dignidad, y ofrecer seguridad a todas las personas que residen en la zona, independientemente de su origen étnico”, agregó.

En el informe también se documenta el hecho de que, cuando las fuerzas rusas ocuparon el territorio georgiano colindante con la frontera administrativa de Osetia del Sur, las milicias osetianas saquearon, destruyeron e incendiaron casas masivamente, asesinaron deliberadamente al menos a nueve civiles y violaron al menos a dos. En ocasiones, las tropas rusas intervinieron en el saqueo y la destrucción, ya sea como observadores pasivos o participantes activos, o transportando a los milicianos a los pueblos.

En el informe se analiza la manera en que las fuerzas de Osetia del Sur, a veces junto con las fuerzas rusas, detuvieron arbitrariamente al menos a 159 personas de origen georgiano. Las fuerzas de Osetia del Sur mataron al menos a uno de los detenidos y sometieron a casi todos ellos a un trato y condiciones de detención inhumanas y degradantes. También torturaron al menos a cuatro prisioneros de guerra georgianos y ejecutaron al menos a tres. Las fuerzas georgianas golpearon y maltrataron al menos a cinco de los 32 osetianos detenidos en agosto durante el conflicto armado.

“Tanto Georgia como Rusia deben emprender una investigación imparcial y exhaustiva de los abusos cometidos por sus fuerzas”, señaló Denber. “Rusia debe investigar también los crímenes cometidos por las fuerzas de Osetia del Sur, ya que ejerce el control efectivo de la región. Rusia y Georgia deben asegurarse de llevar ante la justicia a los responsables de estos crímenes y ofrecer un recurso adecuado a las numerosas víctimas del conflicto”, agregó.