El Presidente George W. Bush debe instar públicamente al estado de Texas a que respete la orden de la Corte Internacional de Justicia y detenga las ejecuciones de cinco ciudadanos mexicanos, señaló hoy Human Rights Watch.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya está examinando un caso presentado por México cuestionando las condenas a muerte dictadas en Estados Unidos contra 51 ciudadanos mexicanos, a los que negaron el derecho a ponerse en contacto con funcionarios consulares mexicanos después de su detención. El 16 de julio, la CIJ ordenó a Estados Unidos que “adoptara todas las medidas necesarias” para garantizar que cinco de los 51 condenados – José Ernesto Medellín Rojas, César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García y Roberto Moreno Ramos – no sean ejecutados antes de que la Corte emita un veredicto sobre el caso. Los cinco se encuentran en el corredor de la muerte en Texas y la ejecución de Medellín está programada para el 5 de agosto.
“El gobierno de EE.UU. admite que las ejecuciones de los ciudadanos mexicanos constituirían una violación del derecho internacional”, señaló David Fathi, director del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. “El presidente Bush debe transmitir públicamente un mensaje claro para detener estas ejecuciones”, agregó.
A pesar de la orden de la CIJ, las autoridades texanas tienen previsto proceder con la ejecución de Medellín el 5 de agosto. Un vocero del gobernador de Texas, Rick Perry, declaró: “La Corte Internacional no tiene autoridad en Texas y Texas no tiene la obligación de cumplir ninguna sentencia o decreto de un tribunal extranjero”. Esta posición contradice al gobierno de EE.UU., que reconoce la responsabilidad de Washington frente al derecho internacional por los actos cometidos por sus estados y otras subdivisiones políticas.
“La ejecución de ciudadanos extranjeros en violación de una orden de la CIJ pondría en peligro a los estadounidenses en el extranjero”, señaló Fathi. “Si Estados Unidos pasa por alto sus obligaciones legales en este caso, le será difícil defender que otros países respeten los derechos de los ciudadanos estadounidenses detenidos”, agregó.
En 2004, la CIJ dictaminó en el caso Avena y otros ciudadanos mexicanos que Estados Unidos había violado la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares al no informar a los 51 ciudadanos mexicanos de su derecho a contactar a los funcionarios de su consulado después de la detención. La Corte ordenó a Estados Unidos que “revisara y reconsiderara las condenas y las sentencias” contra los mexicanos. Cuatro años después, Estados Unidos no ha realizado dicha revisión en la gran mayoría de los 51 casos.
En marzo de 2008, la Corte Suprema de EE.UU. dictaminó que la sentencia Avena constituye una obligación jurídica vinculante para Estados Unidos, aunque eran necesarias leyes para que fuera ejecutable en los tribunales estadounidenses. México recurrió de nuevo a la CIJ buscando aclarar el alcance de las obligaciones de Estados Unidos de acuerdo con la sentencia de 2004.
El 14 de julio de 2008, el congresista Howard Berman (D-CA) introdujo la iniciativa HR 6481, un proyecto de ley para la ejecución de la sentencia de la CPI sobre el caso Avena. El proyecto de ley se ha remitido al Comité de la Judicatura de la Cámara de Representantes y Human Rights Watch apoya su aprobación.
Human Rights Watch se opone a la pena de muerte en cualquier circunstancia debido a su crueldad y finalidad inherentes.
