A menos que los gobiernos tomen medidas para poner fin a los abusos de derechos humanos que exacerban la propagación del VIH, no se lograrán avances significativos en la lucha contra la epidemia mundial, señalaron hoy 400 organizaciones que trabajan en SIDA y derechos humanos. La coalición instó a los organizadores de la Conferencia Internacional sobre el SIDA, que se inaugura el 3 de agosto de 2008 en México D.F., a que incluyan los derechos humanos como uno de los temas centrales del encuentro mundial más grande sobre VIH/SIDA.
“Los gobiernos han hecho poco para cumplir con sus reiteradas promesas de terminar con las violaciones de derechos de las personas que viven con VIH y de quienes están expuestos a un alto riesgo de infección”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Hasta tanto no actúen para abordar seriamente estos abusos, incluso las mejores políticas de salud para el tratamiento del VIH y para detener la transmisión del SIDA están destinadas al fracaso”.
El gobierno mexicano, anfitrión de la Conferencia Internacional sobre el SIDA de este año, también se ha comprometido a remediar las violaciones de derechos humanos vinculadas al VIH a través de leyes y programas, pero se ha quedado corto en implementar estas promesas de forma adecuada.
“México cuenta con buenas leyes sobre VIH/SIDA”, señaló Anuar I. Luna Cadena, de la Red Mexicana de Personas Viviendo con VIH/SIDA. “Sin embargo, las instituciones del gobierno no monitorean adecuadamente los abusos que sufren las personas que viven con VIH ni se aseguran de que reciban el tratamiento y/o la protección a la que tienen derecho por ley”.
Los y las trabajadoras sexuales de México han denunciado violaciones de derechos humanos, incluido el abuso físico y la discriminación, por parte miembros de la policía, empleados públicos, trabajadores de la salud y empleadores. Las personas que viven con VIH, los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres y las personas transgénero también están sujetas a altos niveles de estigma y discriminación.
Fuera de África, casi un tercio de las nuevas infecciones de VIH se producen entre quienes consumen drogas por vía intravenosa. Sin embargo, las medidas efectivas tendientes a reducir la infección de VIH, como los programas de sustitución de jeringas y los tratamientos de medicación asistida con metadona, están prohibidas por ley en muchos países o se ven frustradas por prácticas policiales abusivas. Abusos por parte de la policía, que en algunos casos constituyen tortura, mantiene a quienes consumen drogas alejados de los servicios básicos de prevención de VIH, incluso en los casos en que el gobierno patrocina dichos servicios. También es habitual que la policía obtenga dinero y confesiones por medio de la fuerza de las personas que consumen drogas, en ocasiones utilizando la simple tenencia de jeringas como una excusa para hostigar o arrestar a los consumidores de droga o a quienes les prestan servicios. En las cárceles, la falta de prevención del VIH y de servicios efectivos para el tratamiento de adicciones no hace más que agravar el riesgo de contraer VIH y otros riesgos para la salud. Muy a menudo, una pena de prisión también lleva al contagio de VIH y/o tuberculosis.
“Es una trágica ironía que quienes están expuestos a un mayor riesgo de contraer VIH son quienes menos atención reciben”, señaló Richard Elliott, director ejecutivo de la Red Jurídica Canadiense de VIH/SIDA (Canadian HIV/AIDS Legal Network). “En muchos países, los consumidores de drogas representan la mayoría de las personas que viven con VIH, pero a la vez son el grupo que menos tratamiento antirretroviral recibe. Cuando se las arresta, tienen incluso una menor posibilidad de recibir los servicios que requieren, tanto de prevención como de tratamiento del VIH”.
En todo el mundo, los servicios de VIH y SIDA dirigidos a hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres y a los y las trabajadoras sexuales, se ven obstaculizados por leyes punitivas y por prácticas abusivas de los gobiernos. Los funcionarios responsables de aplicar las leyes sobre prostitución obtienen habitualmente sobornos, confesiones, testimonios y “favores” sexuales de los y las trabajadores y trabajadoras sexuales. En muchos países la policía decomisa los preservativos en poder de los trabajadores sociales del área de SIDA y los utilizan como prueba de trabajo sexual o sodomía.
La coalición de organizaciones de VIH/SIDA y derechos humanos también resaltó las violaciones de derechos humanos que enfrentan las mujeres, quienes representan la mayoría de los casos de VIH en África – el continente más afectado por la epidemia. Las leyes que niegan a las mujeres el acceso en igualdad de condiciones al divorcio, a la propiedad y a la herencia, incrementan la vulnerabilidad a la infección y dificultan el acceso al tratamiento. En muchos países, los gobiernos no investigan efectivamente los casos de violencia doméstica o de género, ni reconocen las violaciones o agresiones físicas perpetradas por las parejas como un delito. Esto pone a las mujeres en una situación de riesgo de infección de VIH por parte de sus maridos o parejas, y crea obstáculos al acceso a los servicios de VIH que permiten salvar vidas.
“Los gobiernos africanos se apresuran a ratificar las convenciones internacionales, pero actúan con extrema lentitud cuando se trata de garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres”, destacó Michaela Clayton, directora de la Alianza de Lucha contra el SIDA y por los Derechos de África el Sur (AIDS and Rights Alliance for Southern Africa). “Las leyes de protección de los derechos de las mujeres han estado paralizadas en los parlamentos africanos durante años. Proteger a las mujeres de la violencia y garantizar la igualdad de derechos a la propiedad son medidas esenciales para contener la epidemia del SIDA”.
La Sociedad Internacional de Sida (International AIDS Society), que organiza la conferencia, ha reafirmado la importancia de abordar los abusos de los derechos humanos como parte de la respuesta al VIH. La programación del evento de este año incluye una sesión plenaria sobre derechos humanos, una Zona de Trabajo en Red sobre Derechos Humanos en la Aldea Global de la conferencia y un mitin programado para el 7 de agosto para alertar sobre la necesidad de poner mayor énfasis en los derechos humanos, con el fin de asegurar el acceso universal al cuidado, la prevención y el tratamiento del VIH.
“Abundan las afirmaciones retóricas sobre la importancia de los derechos humanos en las respuestas al VIH”, señaló Vivanco. “Esta conferencia es la oportunidad para que estas palabras se conviertan en acción”.
