El gobierno ruso debe reformar los reglamentos que están estrangulando el activismo independiente, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Las nuevas leyes y regulaciones que otorgan poderes al estado para interferir en la labor de las organizaciones no gubernamentales (ONG) se han adoptado en el contexto del creciente autoritarismo en Rusia.
En el informe de 72 páginas, “Choking on Bureaucracy: State Curbs on Independent Civil Society Activism” (Estrangular mediante burocracia: Obstáculos oficiales al activismo de la sociedad civil independiente) se documenta como estos reglamentos han afectado a varias ONG que se ocupan de cuestiones controversiales, intentan promover la disidencia pública o reciben financiación extranjera.
“Con las nuevas reglas, las ONG viven bajo la amenaza constante del hostigamiento”, señaló Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “Y esto supone una grave amenaza contra la libertad de expresión en Rusia”, agregó.
Los nuevos reglamentos incluyen una ley de 2006 por la que el Servicio de Registro ostenta el control sobre las ONG. Puede rechazar las solicitudes de las ONG, realizar inspecciones instrusivas de las operaciones de las ONG y solicitar numerosa documentación interna, lo que incluye documentos confidenciales.
Una inspección consiste en un prolongado suplicio burocrático durante la que puede quedar estancado el trabajo más importante de una ONG. En teoría, una ONG puede someterse a una serie de inspecciones. Tras las inspeccciones, el Servicio de Registro puede emitir advertencias por toda una serie de presuntas infracciones, algunas de ellas insignificantes. También puede pedir la suspensión de las actividades de una ONG por infracciones reiteradas o “sistemáticas”. Según el Servicio de Registro, en un período de cuatro meses durante 2007 emitió advertencias a 6.000 ONG.
El informe de Human Rights Watch ilustra como funciona estas reglas en la práctica, mediante ejemplos de ONG acosadas por las autoridades o cuyas actividades se vieron paralizadas por la burocracia.
Por ejemplo, en 2007, las autoridades realizaron una inspección de un mes de duración del Centro para la Ilustración y Programas de Investigación (CIPI), una pequeña ONG con sede en San Petersburgo. El Servicio de Registro local criticó al CIPI por incumplir su mandato por realizar actividades de “educación” en lugar de “ilustración”, y celebrar eventos fuera de San Petersburgo, a pesar del carácter regional del CIPI: También reprendió al CIPI por una publicación que, según los funcionarios, podría interferir y desacreditar su trabajo y socavar los intereses de Rusia, al afirmar que la policía no era suficientemente consciente de los derechos de los refugiados. La oficina local del Servicio de Registro pidió la disolución del CIPI. El caso está pendiente de resolución.
Las organizaciones trabajan en cuestiones delicadas o reciben financiación extranjera han sido sometidas a inspecciones por incumplimiento de los códigos fiscales, las licencias de software u otros reglamentos. Las organizaciones que se ocupan de Chechenia son especialmente vulnerables. Por ejemplo, durante la mayor parte de 2007, el servicio de hacienda amenazó con disolver el Centro de Información del Consejo de ONG, una grupo que ofrece boletines informativos diarios sobre la situación en Chechenia e Ingushetia, por estar inadecuadamente registrado y no pagar impuestos atrasados. La organización ha recurrido una multa equivalente a 20.000 dólares impuesta por el servicio de hacienda.
El gobierno ruso dejó claro que el objetivo de la ley de 2006 es controlar y supervisar la financiación extranjera de las ONG, que se considera cada vez más sospechosa desde las denominadas revoluciones de colores de Georgia en 2003 y Ucrania en 2004. También es la última de una serie de medidas oficiales que han debilitado los límites y los controles sobre el Kremlin. A partir de 2000, el gobierno ha hecho desaparecer la televisión independiente, establecido un control considerable sobre los medios impresos, marginado a la oposición parlamentaria y acabado con la elección directa de los gobernadores regionales.
“No estamos diciendo que el gobierno ruso está intentado suspender las actividades de la sociedad civil, pero ciertamente ha limitado su espacio de actuación”, señaló Roth. “La comunidad no gubernamental rusa es amplia y vibrante, y esto se debe a su propia resistencia y los aliados extranjeros de Rusia, que han mantenido la presión en defensa de la libertad de expresión. Ahora el gobierno tiene que actuar y los aliados tienen que colaborar con Rusia para asegurarse de que ocurra”, agregó.
Human Rights Watch insta al gobierno ruso a que modifique la ley sobre ONG de 2006 mediante la implementación de reglamentos que eliminen sus disposiciones más restrictivas e instrusivas, y reoriente la relación del Servicio de Registro con las ONG de la sanción a la cooperación.
Human Rights Watch también señaló que los aliados internacionales de Rusia, especialmente la Unión Europea y el Consejo de Europa, deben aprovechar todas las oportunidades para pedir al gobierno ruso que adopte medidas concretas al comienzo de este nuevo ciclo político, con el fin de fomentar un entorno en el que la sociedad civil pueda funcionar con libertad.
