La admisión por parte del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) del uso de simulacros de ahogamiento debe impulsar una inmediata investigación penal por el Departamento de Justicia, dijo Human Rights Watch hoy. A pesar de que el uso de simulacros de ahogamiento ha sido ampliamente reportado por la prensa, esta es la primera vez que la CIA ha reconocido abiertamente utilizar dicha práctica.
Durante una audiencia el día de hoy del Comité de Inteligencia del Senado , el general Hayden afirmó que la CIA había utilizado este tipo de simulacros en tres sospechosos de Al Qaeda --Abd al-Rahim al-Nashiri, Abu Zubaydah, y Khalid Sheikh Mohammed—mientras los mantuvo en detención clandestina en 2002 y 2003. Este tipo de tortura, donde se le hace creer al prisionero que se está ahogando, viola tanto el estatuto federal anti-tortura y la Ley de Crímenes de Guerra.
“El reconocimiento por parte del general Hayden de que la CIA sometió a tres detenidos a simulacros de ahogamiento es una admisión explicita de actividad criminal”, dijo Joanne Mariner, director de Terrorismo y Lucha Contra el Terrorismo de Human Rights Watch. “Aquellos que autorizaron estos crímenes tienen que pagar por sus actos”.
Los simulacros de ahogamiento han sido procesados por tribunales de Estados Unidos como tortura desde la guerra entre España y Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, comisiones militares estadounidenses han procesado y castigado severamente a soldados enemigos por someter a prisioneros estadounidenses a simulacros de ahogamiento.
“El testimonio del general Hayden es una prueba de los falsos alegatos por parte del gobierno de que la CIA no ha empleado la tortura”.
En enero, el Departamento de Justicia inició una investigación formal sobre la destrucción por parte de la CIA de grabaciones que mostraban las interrogaciones de Abu Zabuydah y Nashiri—dos de los detenidos que fueron sometidos a simulacros de ahogamiento. Pero como el fiscal general Michael Mukasey dijo a la Comisión Judicial del Senado el 31 de enero, la investigación no está actualmente enfocada en la legalidad de las interrogaciones mismas.
“Ya sea que el alcance de la investigación actual sea expandido, o que una nueva investigación sea abierta”, dijo Mariner. “Aquellos que se involucraron y aprobaron estos simulacros no deber quedarse sin acatar su responsabilidad”.
