(París)- Tropas gubernamentales de la República Centroafricana (RCA), en particular el cuerpo élite de la Guardia Presidencial, han perpetrado cientos de asesinatos ilegítimos y quemado miles de hogares civiles desde mediados de 2005 como parte de su campaña contrainsurgente en el norte del país, denunció un nuevo informe de Human Rights Watch publicado hoy.

El informe de 108 páginas, titulado: “State of Anarchy: Rebellion and Abuses Against Civilians” (“Estado de anarquía: Rebelión y abusos contra civiles”), se basa en tres semanas de investigación en la zona de conflicto. El informe documenta abusos contra los derechos humanos y violaciones a las leyes de guerra cometidos tanto por grupos rebeldes como por las fuerzas gubernamentales en el norte de la RCA. Asimismo, el informe documenta ataques en el noroeste del país por parte de bandas armadas conocidas como zaraguinas, quienes a menudo secuestran a menores de edad para obtener rescate.

“Apenas al otro lado de la frontera con Darfur, el ejército de la República Centroafricana ha asesinado a cientos de civiles inocentes y obligado a decenas de miles de personas a huir de sus aldeas”, dijo Peter Takirambudde, director de África para Human Rights Watch. “La extensa quema de hogares por las fuerzas de seguridad del gobierno es el abuso característico del conflicto”.

Desde el inicio del enfrentamiento, a mediados de 2005, las fuerzas de seguridad de la RCA han sido responsables de las violaciones más graves, incluyendo múltiples ejecuciones sumarias y asesinatos ilegítimos, una extensa quema de hogares civiles y el desplazamiento forzado de cientos de miles de civiles. La investigación de Human Rights Watch determinó que una sola unidad del cuerpo élite de la Guardia Presidencial, con base en el pueblo de Bossangoa, ha sido responsable de muchos de los asesinatos y quemas de aldeas. Las fuerzas de seguridad frecuentemente mataron a decenas de civiles en un solo día y algunos de los asesinatos estuvieron marcados por una terrible brutalidad. El 11 de febrero de 2006, por ejemplo, la Guardia Presidencial mató a por lo menos 30 civiles. Esta misma unidad decapitó a un maestro el 22 de marzo de 2006 en Bémal. Los asesinatos continuaron hasta el mes pasado; con soldados que robaron y mataron a cuatro civiles de Chad e hirieron a cuatro personas más, incluyendo a dos mujeres, en el pueblo fronterizo de Kabo en agosto de 2007.

Las fuerzas armadas de la RCA también han atacado y quemado cientos de pueblos civiles en el norte del país, destruyendo alrededor de 10.000 hogares y creando un desastre humanitario de grandes proporciones. En una pequeña zona afectada por la quema de aldeas – el área de Batangafo-Kabo-Ouandago-Kaga Bandoro – investigadores de Human Rights Watch contabilizaron un total de 2.923 hogares quemados, incluyendo más de mil tan sólo en el grande pueblo comercial de Ouandago. Una destrucción similar ocurre en todo el noroeste de la RCA, un área de cientos de kilómetros cuadrados.

Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas, por lo menos 102.000 civiles han tenido que abandonar sus hogares a causa de los ataques contra sus aldeas como parte de la contrainsurgencia.

Human Rights Watch dijo que ni un solo soldado u oficial ha sido responsabilizado por las atrocidades cometidas en la RCA y exhortó a las autoridades centroafricanas a adoptar medidas inmediatas para terminar con la impunidad y establecer mecanismos efectivos de protección civil en el norte del país.

“El hecho lamentable es que los perpetradores de violencia y abusos, quienes en su mayoría son soldados del gobierno, hasta la fecha han gozado de total impunidad por actos que incluyen crímenes de guerra”, dijo Takirambudde.

Las fuerzas rebeldes también han cometido graves abusos, pero no a una escala comparable a los perpetrados por las fuerzas gubernamentales. Los rebeldes del Ejército Popular para la Restauración de la República y la Democracia (APRD por sus siglas en inglés), conformado principalmente por simpatizantes del depuesto presidente Félix Patassé y cuadros locales de autodefensa, se han involucrado en una extorsión generalizada e imposición forzada de impuestos, saqueo de ganado, secuestros para obtener rescate y golpizas a civiles; asimismo han sido culpados por los asesinatos de un civil y un trabajador de ayuda humanitaria internacional.

Los rebeldes de la Unión de Fuerzas Democráticas por la Unidad (UFDR, por sus siglas en inglés), una coalición de miembros de la tribu étnica local Gula y rebeldes anteriormente asociados al actual presidente Bozizé que se han decepcionado de su gobierno, también han perpetrado abusos graves, incluyendo ataques indiscriminados a civiles, asesinatos ilegítimos, ejecuciones sumarias y saqueos masivos contra la población civil. Aunque ha habido denuncias de violaciones sexuales cometidas por integrantes de la UFDR, Human Rights Watch pudo corroborar sólo uno de estos casos. Tanto el APRD como la UFDR cuentan con una gran cantidad de niños soldados, pero se encuentran en discusiones con UNICEF respecto a la desmovilización de estos menores de edad.

Human Rights Watch también instó a las Naciones Unidas y a la Unión Europea a que garanticen que la fuerza de protección civil, que ambos organismos consideran enviar a la RCA y Chad, tenga el mandato y la capacidad para proteger efectivamente a la población civil de este país.

Asimismo, Human Rights Watch exhortó a Francia, el antiguo poder colonial que continúa brindando asistencia militar a la RCA y ha desplegado tropas para ayudar al gobierno a combatir las fuerzas rebeldes, a que denuncie los abusos del gobierno y exija rendición de cuentas por estos crímenes.

“Francia, quien es el respaldo clave del gobierno de la RCA y tiene tropas en la zona del conflicto, podría hacer mucho más para presionar a las autoridades centroafricanas a que pongan fin a los asesinatos e incendios”, dijo Takirambudde.