Los ataques aéreos indiscriminados de Israel, y no el uso de escudos humanos por parte de Hizbulá, como afirmaron funcionarios israelíes, causaron la mayoría de las aproximadamente 900 muertes civiles en Líbano durante la guerra entre Israel y Hizbulá durante julio y agosto de 2006, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Human Rights Watch investigó más de 500 de dichas muertes.

“Israel actuó mal al pretender que todos los civiles habían acatado sus advertencias de evacuar el sur del Líbano cuando sabía que no era así, ignorando su continuo deber legal de distinguir entre objetivos militares y civiles”, señaló Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “Las advertencias no legitimizan ataques indiscriminados”, agregó.

El informe de 249 páginas, “Why They Died: Civilian Casualties in Lebanon during the 2006 War” (Por qué murieron: Bajas civiles en Líbano durante la guerra de 2006), representa la investigación más extensa hasta la fecha sobre las muertes de civiles en Líbano durante la guerra. Durante los cinco meses de averiguaciones, Human Rights Watch investigó 94 casos de ataques aéreos, de artillería y terrestres por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para escudriñar las circunstancias que rodearon las muertes de 510 civiles y 51 combatientes, casi la mitad de los al menos, 1.125 libaneses muertos durante el conflicto. De las aproximadamente 510 muertes de civiles investigadas por Human Rights Watch, al menos 300 fueron mujeres o niños. Human Rights Watch visitó más de 50 pueblos libaneses y entrevistó a 316 víctimas y testigos presenciales, además de a 39 expertos militares, periodistas, funcionarios de los gobiernos libanés e israelí, y oficiales de Hizbulá.

Human Rights Watch descubrió que un simple movimiento de vehículos o personas –como el intento de ir a comprar pan o desplazarse entre casas particulares – pudo causar el lanzamiento de un ataque aéreo mortal por parte de Israel que acabó con vidas civiles. Los aviones de combate israelíes también atacaron vehículos en movimiento que resultaron estar transportando solamente a civiles que intentaban huir del conflicto. En la mayoría de los casos documentados en el informe, no existen pruebas de una presencia militar de Hizbulá que hubiera justificado el ataque.

“Con frecuencia, los combatientes de Hizbulá no llevaban sus armas a la vista ni utilizaban uniformes militares, lo que los hizo difíciles de identificar”, señaló Roth. “Pero esto no justifica que las FDI no distinguieran entre civiles y combatientes, y en caso de duda, se debe considerar a la persona como a un civil, como exigen las leyes de guerra”, agregó.

La investigación de Human Rights Watch demuestra que la frecuente incapacidad por parte de las FDI para distinguir entre civiles y combatientes no puede explicarse como un simple problema de gestión o una acumulación de errores. Las pruebas indican que los oficiales israelíes tuvieron que saber que su presunción sobre la ausencia de civiles en el sur de Líbano era equivocada. Existieron numerosos reportajes de prensa sobre la presencia continua de civiles en el sur, y la propia experiencia de Israel en conflictos anteriores demuestra que de acuerdo a las pautas de una fuerza militar beligerante no todos los civiles quieren o pueden salir de sus casas. De hecho, a pesar de las advertencias de las FDI, muchos civiles permanecieron en el sur de Líbano durante la guerra, y sin embargo, parece que con frecuencia las FDI no consideraron este hecho al decidir los objetivos de sus ataques. Frecuentamente, los resultados fueron ataques indiscriminados.

Las FDI también atacaron a personas y edificios civiles asociados de algún modo con las estructuras políticas o sociales de Hizbulá, sin considerar si los objetivos constituían objetivos militares legítimos de acuerdo con las leyes de guerra, o el denominado derecho internacional humanitario. De acuerdo con el mismo, los miembros civiles de Hizbulá sólo pueden perder su protección si participan directamente en las hostilidades. Las estructuras políticas y sociales de Hizbulá sólo podrían atacarse si fueran utilizadas para fines militares, y si dicho ataque ofreciera una ventaja militar “concreta y directa”.

La investigación de Human Rights Watch demuestra que las FDI atacaron a un gran número de residencias particulares de miembros civiles de Hizbulá durante la guerra, así como a varias instituciones civiles administradas por Hizbulá como escuelas, agencias de servicios sociales, bancos, tiendas y sedes políticas. En los suburbios densamente poblados del sur de Beirut, los aviones de combate israelíes atacaron las oficinas de instituciones de beneficencia de Hizbulá y sus parlamentarios, su centro de investigación y edificios residenciales en áreas consideradas simpatizantes de Hizbulá. Las declaraciones de los funcionarios israelíes sugieren claramente que las FDI atacaron deliberadamente barrios enteros por ser considerados pro Hizbulá, en lugar de objetivos militares específicos de Hizbulá, como exigen las leyes de guerra.

“El trato de Israel a todos los componentes de Hizbulá como objetivos militares legítimos contradice directamente a las normas legales internacionales y establece un peligroso precedente”, señaló Roth. “Aceptar el argumento de que cualquier parte de Hizbulá puede atacarse porque contribuye a sus esfuerzos militares sería como aceptar que todas las instituciones israelíes ayudan a las FDI y pueden ser atacadas. El resultado final sería un debilitamiento de las protecciones de los civiles”, agregó.

La investigación efectuada por Human Rights Watch en el terreno de los hechos refuta el argumento esgrimido por los funcionarios israelíes de que la mayoría de las bajas civiles libanesas se debieron a que Hizbulá generalmente se ocultó entre la población civil y la usó como “escudos humanos” en los combates. Es cierto que, en ocasiones, Hizbulá disparó cohetes desde zonas pobladas, donde también almacenó armas y movilizó sus fuerzas entre la población civil. Esto violó su deber legal de adoptar todas las precauciones posibles para librar a los civiles de los peligros del conflicto armado. En unos cuantos casos documentados por Human Rights Watch, estas violaciones por parte de Hizbulá resultaron en muertes de civiles. Sin embargo, en contraste con esta ilegalidad de arriesgar a los civiles, Human Rights Watch no encontró pruebas de que se estuviera cometiendo simultáneamente otra violación utilizando a civiles como escudos humanos para evitar el ataque. Los diferentes vídeos y fotos hechos públicos por las FDI y sus aliados no demuestran este hecho.

Hizbulá también disparó, casi a diario, desde lugares cercanos a los puestos avanzados de las Naciones Unidas, lo que provocó frecuentes contraataques israelíes. Para facilitar la observación, los puestos de la ONU suelen situarse en las cimas de las colinas, lugares que también constituyen posiciones estratégicas para los ataques de Hizbulá contra Israel. No obstante, esta conducta constituiría una utilización de escudos humanos toda vez que los comandantes o combatientes de Hizbulá eligieran dichas posiciones para lanzar sus ataques debido a que la proximidad del personal de la ONU dificultaría un contraataque. El hecho de que los combatientes de Hizbulá tuvieran varios motivos para hacerlo no descarta esta conclusión. Es necesario seguir investigando este aspecto.

Fuera de estas pocas excepciones, Human Rights Watch concluyó que Hizbulá había almacenado sus cohetes en búnkeres y arsenales ubicados en campos y valles deshabitados; había ordenado a sus combatientes y funcionarios civiles que salieran de las zonas pobladas por civiles en cuanto empezaran los combates; y había disparado sus cohetes desde posiciones previamente instaladas fuera de los pueblos. En la gran mayoría de los ataques aéreos investigados por Human Rights Watch que resultaron en muertes de civiles, no había existido presencia o actividad militar de Hizbulá que justificara el ataque.

En sus averiguaciones, los investigadores de Human Rights Watch cuestionaron detalladamente a múltiples testigos, compararon los testimonios de personas que no habían hablado entre sí, y, con frecuencia, comprobaron detalles que habrían sido difíciles de inventar y coordinar. Los investigadores también inspeccionaron personalmente los escenarios de los ataques para examinar evidencias de la presencia de Hizbulá o el tipo de armamento utilizado. En cada uno de los lugares visitados, los investigadores de Human Rights Watch tomaron fotos, documentaron todas las pruebas forenses encontradas y registraron las coordenadas satelitales. Siempre que fue posible, también visitaron los cementerios donde estaban enterrados los fallecidos durante los ataques aéreos de Israel, con el fin de examinar las lápidas para saber si fueron identificados como civiles o como “mártires” o “combatientes” de Hizbulá u otros grupos. Dado que a los familiares les gusta habitualmente calificar de “mártir” o “combatiente” a los seres queridos que murieron combatiendo, las lápidas constituyen una importante prueba de quienes eran o no combatientes.

En el informe se hacen las siguientes recomendaciones principales:

  • Israel debe revisar sus políticas militares que tratan como combatientes a todas las personas que permanecen en un área después de advertirles que la evacuen, para que en el futuro sólo ataque a personas o estructuras que constituyan objetivos militares legítimos de acuerdo con las leyes de guerra. La Comisión Winograd de Israel, en particular, debe examinar esta cuestión.
  • Hizbulá debe adoptar todas las medidas posibles para garantizar que sus fuerzas no pongan en peligro innecesario a civiles o personal de la ONU al movilizarse, disparar o almacenar armamento en zonas pobladas. El gobierno libanés debe investigar estas prácticas. (En el informe de Human Rights Watch sobre los ataques deliberados e indiscriminados con cohetes contra áreas civiles de Israel también se insta al gobierno libanés a que investigue estas prácticas).
  • Estados Unidos debe investigar el uso de armamento estadounidense por parte de Israel en violación a las leyes de guerra y suspender la transferencia de aquellas armas que hayan sido utilizadas ilegítimamente, así como los fondos o el apoyo para dicho material militar, pendiente a la espera de que el Departamento de Estado certifique que Israel ha dejado de usar dichas armas ilegalmente y cambiado la doctrina militar que justifica dicho mal uso.
  • Siria e Irán no deben transferir a Hizbulá ningún material, incluidos los cohetes que haya sido empleados en violación a las leyes de guerra, hasta que Hizbulá se comprometa a no utilizarlo de este modo y cese dicho uso.
  • El Secretario General de las Naciones Unidas debe establecer una comisión internacional de averiguación para investigar las denuncias de violaciones a las leyes de guerra por todas las partes en conflicto, incluyendo posibles crímenes de guerra.

El presente informe se basa en el informe de Human Rights Watch de agosto de 2006, “Fatal Strikes: Israel’s Indiscriminate Attacks Against Civilians in Lebanon”. En un informe publicado la semana pasada, Human Rights Watch cubre los ataques deliberados e indiscriminados con cohetes de Hizbulá contra áreas civiles de Israel, en violación a las leyes de guerra. En un próximo informe, Human Rights Watch tratará el uso ilegítimo por Israel de bombas de racimo en Líbano durante el conflicto de 2006.