Durante la guerra de 2006, Hizbulá disparó miles de cohetes indiscriminadamente y, en ocasiones, deliberadamente contra áreas civiles del norte de Israel, matando al menos a 39 civiles, señaló Human Rights Watch en un informe hecho público hoy. Human Rights Watch indicó que las justificaciones esgrimidas por Hizbulá por sus ataques contra poblaciones israelíes – como respuesta a ataques indiscriminados israelíes contra el sur del Líbano y para llevar a Israel a una guerra terrestre – no tienen fundamento legal de acuerdo con las leyes de la guerra.
En el informe de 128 páginas, “Civilians under Assault: Hezbollah’s Rocket Attacks on Israel in the 2006 War” (Asalto a civiles: Los ataques con cohetes de Hizbulá contra Israel en la guerra de 2006), se presentan más de una veintena de estudios de caso basados en una amplia investigación de campo en el norte de Israel en relación con los ataques que mataron o hirieron a civiles en aldeas, pueblos y ciudades de mayoría judía, árabe o mezclados. También extrae evidencias de la intención de Hizbulá detrás de estos ataques con cohetes partiendo de más de un centenar de comunicados y declaraciones de esta organización.
“Las explicaciones de Hizbulá de las razones para disparar cohetes contra la población civil de Israel no justifican en absoluto estos ataques ilegales”, señaló Sarah Leah Whitson, directora de la división de Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch.
En sus declaraciones, los líderes de Hizbulá amenazaron con atacar poblaciones y asentamientos israelíes en represalia por los ataques de Israel contra poblaciones libanesas – una razón que, conforme al derecho internacional humanitario, no justifica los ataques deliberados o indiscriminados contra civiles. Hizbulá también reivindicó ataques específicos contra poblaciones y asentamientos israelíes, a pesar de manifestar su defensa del principio de evitar daños a civiles. Las declaraciones de responsables de la cadena de mando militar demuestran la intención de disparar indiscriminadamente contra áreas civiles y la existencia de crímenes de guerra.
Los cohetes de Hizbulá, algunos de los cuales iban cargados con bolas de acero antipersonales, impactaron repetidamente contra áreas pobladas del norte de Israel. Human Rights Watch descubrió que se habían disparado numerosos cohetes contra lugares en los que no había aparentemente ningún objetivo militar legítimo en las cercanías en el momento del ataque, lo que indicaba el ataque deliberado contra civiles. Como ejemplo, cientos de cohetes impactaron dentro de Karmiel, Nahariya y Kiryat Shmona, ciudades que no albergaban ningún objetivo militar significativo. En otros casos, había un objetivo militar en las cercanías, pero, aunque se asumiera la intención de Hizbulá de dirigir su ataque contra el objetivo militar, en lugar de áreas civiles, los cohetes de escasa precisión empleados no podían distinguir entre estos dos objetivos, por lo que los ataques fueron indiscriminados.
Los cohetes de Hizbulá mataron al menos 39 civiles israelíes durante el conflicto y provocaron lesiones moderadas o graves a otras 101 personas. Impactaron contra tres hospitales, una escuela de primaria en Kiryat Yam y una oficina de correos en Haifa. La campaña de ataques con cohetes de Hizbulá obstaculizó la actividad económica y la vida cotidiana en la mayor parte del norte de Israel, lo que obligó a varios cientos de miles de personas a huir al sur o esconderse en refugios y “habitaciones seguras”.
Hizbulá declaró que atacó y golpeó objetivos militares israelíes por encima de lo que se conoce, y acusó a la censura de Israel de encubrir el alcance de dichos ataques. Sin embargo, los ataques de Hizbulá contra objetivos militares legítimos, independientemente de su alcance, no justifica los ataques indiscriminados o deliberadamente dirigidos contra civiles.
Las fuerzas de Hizbulá dispararon cohetes de largo alcance no dirigidos, conocidos como Katyuskas, que eran altamente imprecisos y no podían distinguir entre objetivos civiles y militares. Dichos ataques, dirigidos contra ciudades y pueblos, demostraron, como mínimo, un desprecio imprudente por los civiles, y golpearon frecuentemente a personas y objetos civiles de manera deliberada o indiscriminada.
Muchos de los cohetes que impactaron contra áreas costeras densamente pobladas – Haifa y la serie de suburbios al norte y este de esta ciudad conocidos como HaKrayot – eran proyectiles de 220 milímetros cargados de miles de esferas de seis milímetros que se convierten en devastadoras armas antipersonales al momento de la explosión. Estas armas, incapaces de provocar graves daños a estructuras o materiales militares sólidos, penetran la carne y los órganos de las personas que se encuentren dentro del amplio radio de explosión del proyectil. Hizbulá también disparó contra áreas civiles, cohetes con municiones de racimo, con submuniciones diseñadas para dispersar en una zona amplia bolas de acero de 3 milímetros en el momento del impacto. La Policía de Israel ha señalado que examinó 118 impactos de proyectiles con municiones de racimo.
En otros informes, Human Rights Watch ha abordado otros aspectos del conflicto, entre ellos las violaciones cometidas por Israel durante las hostilidades. En septiembre se hará público un importante estudio de Human Rights Watch, “Why They Died: Civilians Deaths in Lebanon during the 2006 Israel-Hezbollah War” (Por qué murieron: Muertes de civiles en el Líbano durante la guerra de 2006 entre Israel e Hizbulá). Human Rights Watch valora en todo momento el cumplimiento por todas las partes de sus obligaciones de acuerdo con las leyes de la guerra, en lugar de comparar la conducta de una parte con la de otras partes en conflicto. De acuerdo con dichas leyes, las violaciones cometidas por una parte en conflicto no excusan o mitigan las violaciones cometidas por la otra parte.
En “Civilians under Assault”, Human Rights Watch insta a Hizbulá, por cuestiones de práctica y de doctrina, a que cese todos los ataques deliberadamente dirigidos contra civiles, así como los que no pueden discriminar entre civiles y combatientes, y renuncie públicamente al argumento de que los ataques contra civiles israelíes son represalias permisibles por los ataques de Israel contra civiles libaneses. En el informe se insta al gobierno del Líbano a que prohíba el suministro de cohetes a Hizbulá mientras siga usándolos, o defienda una doctrina que permita su uso, en ataques deliberados o indiscriminados contra áreas civiles.
En el informe también se insta a los gobiernos de Siria e Irán a que no permitan la transferencia de material militar a Hizbulá, lo que incluye el tipo de cohetes que ha utilizado en violación del derecho internacional humanitario.
Human Rights Watch señaló que, en algunos casos, Israel situó sus propias instalaciones militares fijas o móviles en el interior o las cercanías de áreas civiles del norte del país, lo que plantea dudas sobre su pleno cumplimiento de la norma que exige evitar, en la medida de lo posible, la ubicación de objetivos militares en el interior o las cercanías de zonas densamente pobladas, y proteger adecuadamente a todos los ciudadanos residentes cerca de instalaciones militares. Aunque esta práctica no disminuye la responsabilidad de Hizbulá de discriminar en todo momento entre no combatientes y objetivos militares legítimos, Human Rights Watch insta al gobierno de Israel a que adopte todas las medidas posibles para ubicar los objetivos militares lejos de zonas densamente pobladas y garantice medidas adecuadas para proteger, de manera igualitaria, a todos los civiles que puedan estar más expuestos al fuego enemigo debido a su proximidad a las instalaciones militares israelíes.
Finalmente, tomando en cuenta que los gobiernos tanto libanés como israelí no han investigado hasta ahora las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el transcurso de la guerra de 2006, Human Rights Watch recomienda que el Secretario General de las Naciones Unidas establezca una comisión internacional encargada de investigar las denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos posibles crímenes de guerra, en Líbano e Israel, y formular recomendaciones con vistas a pedir cuentas a los que violaron la ley.
“Hizbulá, al igual que Israel, tiene que respetar las leyes de la guerra”, señaló Whitson. “Mientras no se pida cuentas a los responsables de ambas partes por sus acciones, en lugar de permitir que se escuden en las violaciones de sus adversarios, existirá el temor de que los civiles sigan pagando inevitablemente un precio muy caro”, agregó.
