(Nueva York) – El gobierno filipino debe enjuiciar enérgicamente a los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de cientos de ejecuciones extrajudiciales en los últimos años, señaló Human Rights Watch en un informe hecho público hoy.

El informe de 84 páginas, “Scared Silent: Impunity for Extrajudicial Killings in the Philippines” (Silencio por miedo: Impunidad por las ejecuciones extrajudiciales en Filipinas), basado en más de un centenar de entrevistas, expone en detalle la participación de las fuerzas de seguridad del estado en el asesinato o la “desaparición” de miembros de partidos políticos de izquierda u organizaciones no gubernamentales, periodistas, voces críticas al gobierno dentro del clero, activistas antiminas y defensores de la reforma agrícola. Hasta la fecha no se ha enjuiciado con éxito a ningún miembro de las fuerzas armadas implicado en las recientes ejecuciones extrajudiciales.

“Hay pruebas claras de la existencia de una ‘guerra sucia’ de las fuerzas armadas contra activistas y periodistas de izquierda”, señaló Sophie Richardson, subdirectora para Asia de Human Rights Watch. “El hecho de que no se enjuicie a los soldados o policías sospechosos de cometer estos asesinatos traslada el centro de la responsabilidad a los niveles más altos del gobierno”, agregó.

Aunque los abusos han sido habituales en el conflicto de décadas entre el gobierno y el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA, por sus siglas en inglés) de ideología comunista, parece que los asesinatos políticos se incrementaron a partir de febrero de 2006, después de que la Presidenta Gloria Macapagal Arroyo acusara a los partidos políticos de izquierda de aliarse con los conspiradores del intento de golpe militar. En junio de 2006, Arroyo anunció una nueva estrategia de “guerra abierta” para eliminar al NPA, que podría haber hecho entender a los militares que se tolerarían los abusos. El NPA también continúa cometiendo violaciones de los derechos humanos, como secuestros y asesinatos, que también ha condenado Human Rights Watch. Pero los abusos por parte de los insurgentes no justifican que las fuerzas armadas o el gobierno cometan nuevas violaciones de los derechos humanos mediante ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas de ninguna persona, incluidos los miembros de grupos políticos y organizaciones de la sociedad civil que simpatizan con la causa insurgente.

La mayoría de las víctimas de los asesinatos políticos documentados por Human Rights Watch eran miembros de partidos políticos u organizaciones legales que, según el ejército, están ligados al movimiento comunista. En ninguno de los incidentes investigados por Human Rights Watch las víctimas estaban participando en un enfrentamiento armado con el ejército o habían participado de otro modo en operaciones militares del NPA. Al parecer se había planeado individualmente el asesinato de cada una de las víctimas.

Tres hombres armados en motocicletas mataron a tiros a Sotero Llamas, antiguo comandante del NPA en la región de Bicol, en la mañana del 29 de mayo de 2006, cuando conducía su automóvil por su ciudad natal de Tabaco City, en la provincia de Albay. Llamas, que había sido encarcelado en 1995 por su pertenencia al NPA, fue puesto en libertad en 1996, fue consultor del proceso de paz y después miembro fundador del partido político Bayan Muna. En febrero de 2006, Llamas fue una de las 51 personas acusadas por la policía de rebelión e insurrección, y de haber participado en la conspiración para derrocar al gobierno de Arroyo. Un juez desestimó los cargos, pero los fiscales volvieron a presentar el caso, que seguía pendiente de resolución en el momento de su muerte.

Tres testigos presenciales que se encuentran actualmente ocultos hablaron con Human Rights Watch sobre la participación de soldados en el asesinato del Pastor Andy Pawikan, miembro de la Iglesia Unida de Cristo en Filipinas, el 21 de mayo de 2006. Pawikan, su esposa, su hija de siete meses y tres mujeres más caminaban hacia su casa desde la iglesia cuando un grupo de una veintena de soldados los detuvo. Los soldados permitieron seguir su camino a las mujeres, entre ellas la esposa de Pawikan, pero detuvieron a éste último, que llevaba en brazos a su bebé. Después de 30 minutos, los que acababan de estar con Pawikan escucharon “muchos” disparos. Tenían demasiado miedo de investigar. Después de pasado algún tiempo, un grupo de soldados entregó la niña a la suegra de Pawikan. El bebé estaba ileso pero cubierto en sangre. Al día siguiente, los soldados del 48º Batallón de Infantería, con base en el lugar, dijeron a los vecinos que Pawikan se había enfrentado a los soldados y no tuvieron más remedio que dispararle.

Human Rights Watch también descubrió que el gobierno filipino está incumpliendo constantemente su obligación, de acuerdo con el derecho internacional de derechos humanos, de pedir cuentas a los responsables de asesinatos por motivos políticos y negando, por lo tanto, la justicia a las familias. Un obstáculo para los enjuiciamientos es la aparente falta de voluntad de los altos cargos militares de ni siquiera reconocer que los comandantes superiores podrían ser legalmente responsables de los actos cometidos por sus subordinados, de acuerdo con la responsabilidad del mando. El Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Filipinas, el General Hermógenes Esperon Jr., dijo a los medios de comunicación: “Los actos criminales sólo afectan a la persona involucrada”.

La Policía Nacional de Filipinas también califica frecuentemente de “resueltos” los casos en los que se ha identificado a un sospechoso y se ha presentado una denuncia a la fiscalía o al tribunal, aunque las pruebas o las acusaciones sean tan inciertas que se planteen serias dudas sobre la viabilidad de la investigación y el enjuiciamiento. Es raro que el presunto responsable esté detenido y, en muchos casos, no es posible siquiera detenerle. Las familias dijeron a Human Rights Watch que recibieron muy poca o ninguna información de la policía sobre la situación de las investigaciones, y que la policía no mostró casi ningún interés en atender las preguntas sin responder o las preocupaciones de la familia de la víctima. Una viuda dijo: “No hemos tenido contacto [con la policía] desde el asesinato… Por eso no confiamos en ellos. Porque han pasado casi dos meses, y parece que no han resuelto la investigación”.

“Las fuerzas armadas están subordinadas a la autoridad civil, pero el gobierno no está ejerciendo esa autoridad para lo más importante: la protección de los civiles”, señaló Richardson. “Las víctimas y sus familias merecen algo mejor de su gobierno”, agregó.

En respuesta a la creciente presión internacional, en agosto de 2006, la Presidenta Arroyo creó un cuerpo especial de policía, el Grupo Especial Usig, al que encargó la resolución de diez casos en diez semanas. Al final de su mandato, el Grupo Especial afirmó que había “resuelto” 21 casos presentando denuncias ante los tribunales contra sospechosos sin identificar, todos ellos miembros del Partido Comunista de Filipinas o el NPA. Sólo 12 de los sospechosos involucrados en estos incidentes habían sido realmente detenidos por la policía.

En agosto de 2006, la Presidenta Arroyo también creó la Comisión Melo para examinar más detenidamente los asesinatos de trabajadores de los medios de comunicación y activistas de izquierda desde 2001. El informe de la comisión, que sólo se hizo público gracias a las presiones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, no aportó ninguna información ni análisis nuevos sobre los casos. En las sesiones de la comisión, no se cuestionó a los oficiales del ejército o la policía cuando presentaron interpretaciones distorsionadas de la responsabilidad del mando, y les permitió largas digresiones sobre la importancia de neutralizar la amenaza del NPA. El mandato de la Comisión Melo concluye el 30 de junio de 2007.

Human Rights Watch señaló que, mientras el gobierno afirma estar haciendo todo lo posible para enfrentar los abusos, este ha adoptado pocas medidas concretas para poner fin a los asesinatos o enjuiciar a los responsables. Sobre el papel, Filipinas cuenta con un sistema de protección de testigos, tribunales especiales para investigar los asesinatos políticos y toda una variedad de grupos de trabajo y comisiones oficiales encargados de investigar las ejecuciones extrajudiciales, pero el gobierno no está implementando estas medidas de manera creíble o convincente. Esto genera un temor generalizado, especialmente en las comunidades rurales afectadas, a nuevos abusos militares. Los testigos y los familiares de las víctimas tienen miedo de cooperar con la policía por temor a las represalias.

Human Rights Watch instó al gobierno filipino a que dicte inmediatamente una orden ejecutiva a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional reiterando la prohibición de la ejecución extrajudicial de cualquier persona. Además, Human Rights Watch ha instado a Estados Unidos a considerar la suspensión de la ayuda militar a Filipinas hasta que se enjuicie a los miembros de las fuerzas armadas sospechosos de participar en asesinatos.

“Las acciones valen más que las palabras, y la única prueba real del compromiso del gobierno a poner fin a estos asesinatos será pedir finalmente cuentas a los responsables ante los tribunales”, señaló Richardson. “Hasta que el gobierno de Arroyo, el ejército y la policía cumplan sus obligaciones de investigar los crímenes y enjuiciar a los responsables, incluso cuando se trate de miembros de las fuerzas de seguridad, el asesinato seguirá sin castigarse en Filipinas”, agregó.

Testimonios seleccionados de “Scared Silent: Impunity for Extrajudicial Killings in the Philippines”:

“En este momento estoy recibiendo notas que dicen que alguien seguirá a mis familiares. No sé si es una amenaza o una advertencia. En algunas de las notas dice que sabe quién mató a mi padre y que debo ir a hablar con él. No sé quién es. Sólo tengo su número… [He recibido unas] veinte notas que dicen cosas como ‘no investigues o iremos a por tu familia’”.
– Marilyn Llamas, 21 de septiembre de 2006

“[Un testigo] ya ha desaparecido. Los otros testigos tienen miedo de la situación aquí. Tienen miedo de que los responsables empiecen a matarlos a ellos también, porque les [advirtieron] que volverían y los matarían si hablaban del incidente… Tengo miedo de que maten también a sus familias si denuncian el incidente… Si empujo el caso temo por lo que pueda pasarme [a mí y a mi familia]. Así que no estoy muy segura de seguir o no con el caso”.
– Maria Balani (no su nombre real), 2006

“Después del internamiento de mi hermana, los investigadores de la policía me citaron a hablar con ellos… Así que fui. Me tomaron declaración, y les dije lo mismo que le estoy diciendo a usted ahora. Pero noté que el investigador no estaba anotando mi declaración… No hicieron nada.”
– Entrevista de Human Rights Watch con Maria Fabicon (no su nombre real), 2006.