La sentencia del juicio contra Saddam Hussein por Dujail refleja graves errores de hecho y jurídicos por parte de la Sala de Juicios del Alto Tribunal iraquí, señaló Human Rights Watch en un documento informativo hecho público hoy. Human Rights Watch encargó su propia traducción de la sentencia de 300 páginas y dispone ahora de un análisis de la misma. Se espera pronto la segunda sentencia del tribunal, sobre el caso Anfal.
El juicio sobre Dujail, que concluyó el 27 de julio de 2006, estaba relacionado con los crímenes cometidos después del intento de asesinato del entonces Presidente Saddam Hussein en Dujail, en julio de 1982. Saddam Hussein y otras tres personas fueron hallados culpables de crímenes contra la humanidad y ejecutados, después de que la sala de apelaciones confirmara la sentencia de la sala de juicios en diciembre de 2006. El documento informativo de 34 páginas, “The Poisoned Chalice” (El cáliz envenenado), documenta errores de hecho y jurídicos en la sentencia.
“Al leer la sentencia, está claro que está más basada en las asunciones que en los hechos introducidos como pruebas”, señaló Richard Dicker, director del Programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch. “La estudiamos para comprobar si la calidad de la sentencia suponía una mejora con respecto al juicio y no lo era”, agregó.
Human Rights Watch documentó fallos procesales fundamentales en el propio juicio, entre ellas la falta de independencia del tribunal frente a la influencia política y las deficiencias en la revelación de las pruebas de la fiscalía a la defensa, que hicieron que el juicio no fuera justo. En su análisis de la sentencia dictada el 22 de noviembre de 2006, Human Rights Watch concluye que las deficiencias del juicio se extienden al razonamiento legal en la sentencia.
Las deficiencias esenciales de hecho y jurídicas detectadas por Human Rights Watch en la sentencia sobre Dujail incluyen:
- Recurrir únicamente a los puestos oficiales de los acusados para determinar que tenían conocimiento e intención de cometer crímenes;
- No mostrar las líneas reales de mando y control necesarias para establecer la responsabilidad de los líderes por los actos cometidos por sus subordinados;
- En el caso de los acusados de menor nivel, utilizar la situación de los miembros del Partido Ba`th para determinar su intención de cometer los crímenes sin demostrar la naturaleza del régimen Ba`thista, y confiar en cambio en el “conocimiento general” para determinar la intención criminal individual del acusado; y,
- No resolver los numerosos casos de revelación de pruebas de la fiscalía a la defensa el mismo día de su presentación o más tarde durante el juicio.
La decisión de 17 páginas de la sala de apelaciones, emitida el 26 de diciembre de 2006, agravó los errores de la sala de juicios al adoptar conclusiones legales deficientes y afirmar proposiciones de hecho que iban más allá de las pruebas aceptadas por la sala de juicios.
“El análisis de las sentencias de las salas de apelaciones y juicios demuestra graves deficiencias en la aplicación de los principios fundamentales del derecho penal internacional”, señaló Dicker. “Esto plantea la preocupación de que dichos errores se repitan en la sentencia sobre Anfal y que, por lo tanto, no pueda superar el escrutinio ni el paso del tiempo”, agregó.
En el caso Anfal, seis altos cargos del antiguo régimen iraquí se enfrentan a cargos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra por su participación en la campaña de Anfal para la exterminación de la población kurda del norte de Irak. En 1992, Human Rights Watch realizó una extensa investigación en el norte de Irak y determinó que al menos 50.000 y posiblemente hasta 100.000 kurdos habían sido asesinados sistemáticamente durante un período de seis meses en 1988, lo que constituía un crimen de genocidio.
El juicio sobre Anfal estuvo repleto de deficiencias procesales que incluyeron injerencias políticas tales como la destitución del presidente del tribunal, el 19 de septiembre de 2006, por parte del Primer Ministro y el gabinete del gobierno iraquí, después de que el magistrado hiciera comentarios considerados favorables a la defensa. Human Rights Watch también ha planteado la preocupación por la vaguedad de los cargos, lo que dificultó que los acusados prepararan su defensa y los abogados no pudieran citar a declarar a testigos que temían por su seguridad. El proceso del juicio sobre el Anfal concluyó el 10 de mayo de 2007 y pronto se dictará la sentencia. El fiscal ha pedido la pena de muerte para cinco de los acusados.
“El tribunal menoscabó el derecho del acusado a presentar una defensa firme al permitir que la fiscalía presentara cargos vagos y denegar las peticiones de facilitar la declaración de testigos de la defensa” señaló Dicker. “Esto incluye escuchar el testimonio de testigos de la defensa a través de vídeolink”, agregó.
