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Tengo el honor de dirigirme a S.E., para expresarle la enorme preocupación de Human Rights Watch sobre su propuesta para excarcelar o reducir las penas de prisión de políticos que se encuentran bajo investigación por varios crímenes cometidos en colaboración con paramilitares, así como por las medidas que está impulsando para liberar a miembros de la guerrilla de las FARC que están en estos momentos purgando penas, posiblemente por graves crímenes.

Tengo el honor de dirigirme a S.E., para expresarle la enorme preocupación de Human Rights Watch sobre su propuesta para excarcelar o reducir las penas de prisión de políticos que se encuentran bajo investigación por varios crímenes cometidos en colaboración con paramilitares, así como por las medidas que está impulsando para liberar a miembros de la guerrilla de las FARC que están en estos momentos purgando penas, posiblemente por graves crímenes.

S.E. ha brindado amplias justificaciones para adoptar estas medidas. Sin embargo, tal como lo explicamos más adelante, estas medidas son inconsistentes con los objetivos que S.E. dice estar buscando. Por el contrario, estas medidas probablemente promoverán una cultura de impunidad y encubrimiento, dejando intacto el poder de los paramilitares y los grupos guerrilleros.

I. Liberación de los colaboradores de los paramilitares

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha logrado importantes avances en los últimos meses en sus investigaciones de políticos acusados de participar en actividades criminales en colusión con grupos paramilitares. Por primera vez, estamos empezando a conocer parte de la verdad acerca de las redes mafiosas de los paramilitares, incluyendo su infiltración en el sistema político. Tras años de impunidad, las instituciones judiciales por fin están empezando a enviar con firmeza el mensaje de que sí serán sancionados quienes participan en actividades fraudulentas, manipulan ilegalmente el proceso electoral y ponen la democracia de Colombia al servicio de intereses criminales.

Estos avances se han realizado gracias al arduo y valiente trabajo de algunos jueces, fiscales, y medios de comunicación, que están asumiendo enormes riesgos en defensa de la democracia y el estado de derecho.

Frente a esta coyuntura crítica, su gobierno debería brindar su apoyo pleno a las investigaciones adelantadas por la Corte Suprema y la Fiscalía General.

Pero después de afirmar muchas veces, tanto en Colombia como en los Estados Unidos, que S.E. apoya a la justicia, S.E. recientemente anunció una propuesta para excarcelar a todos aquellos políticos vinculados a los paramilitares, en la medida en que ellos confiesen, y no sean responsables por delitos de lesa humanidad. En relación a aquellos que han cometido atrocidades, entendemos que S.E. pretende permitirles recibir una rebaja de penas por medio de la Ley de Justicia y Paz.

A pesar de que S.E. aún no ha explicitado ni ha hecho públicos los términos de su propuesta, S.E. y los funcionarios de su gobierno han buscado justificar la excarcelación de los políticos invocando la necesidad de la verdad, la proporcionalidad de la sentencia y la importancia de asegurar que la tragedia de Colombia no se repita en el futuro.

Sin embargo, si el objetivo es buscar la verdad y la justicia, y asegurar la no–repeticion de los abusos, las medidas que S.E. propone van en contra de esos mismos propósitos. En efecto, su propuesta minaría los esfuerzos que ya se están adelantando para descubrir la verdad y asegurar la rendición de cuentas y un desmantelamiento real de los grupos paramilitares.

    1) La mejor manera de asegurar la verdad y el desmantelamiento de las redes de los paramilitares es apoyar, y no entorpecer, las investigaciones que están llevando a cabo las cortes y los fiscales

El medio más efectivo de establecer la verdad sobre las actividades y la influencia de los paramilitares en la política es a través de investigaciones exhaustivas bajo el derecho penal ordinario. En efecto, los avances en materia de verdad que ya se han logrado en Colombia son el resultado, precisamente, de investigaciones penales. Las pruebas que fiscales y cortes logran recopilar son la salvaguarda más confiable contra el encubrimiento, el falso testimonio y la obstrucción a la justicia por parte de quienes se encuentran bajo investigación.

A su vez, la mejor manera de asegurar un efectivo desmantelamiento de las redes políticas y financieras de los paramilitares es apoyando una investigación exhaustiva de esas redes, confiscando sus bienes ilegales, y castigando a los responsables de graves crímenes.

La propuesta de S.E. de permitir que estos políticos eviten cumplir sus penas en prisión no contribuirá en nada al avance de esas investigaciones. Por el contrario, estableciendo nuevos e innecesarios procedimientos diseñados especialmente para los colaboradores de los paramilitares, S.E. arriesga desbaratar y debilitar las investigaciones en curso que por primera vez están produciendo resultados.

Es cierto que la rebaja de penas puede ser una herramienta útil de negociación para asegurar la colaboración de personas procesadas. Pero las cortes y los fiscales de Colombia ya cuentan con la facultad procesal de reducir penas en función de una colaboración judicial eficaz. Por eso, no hay justificación para ofrecer a los políticos beneficios mayores que aquellos que ya se contemplan en las leyes ordinarias.

    2) El principio de proporcionalidad no es aplicable porque los políticos nunca se desmovilizaron

La Ley de Justicia y Paz permite a los comandantes paramilitares recibir penas dramáticamente rebajadas por todos sus crímenes, que incluyen algunas de las atrocidades más espantosas en la historia de Colombia, así como actividades de narcotráfico. Sin embargo, esta es una ley excepcional que supuestamente debe estar basada en una premisa fundamental: la desmovilización de los individuos que buscan beneficios.

Los políticos nunca han participado de un programa de desmovilización. Por lo tanto, no son elegibles para solicitar la rebaja de sus penas bajo la Ley de Justicia y Paz. El estándar apropiado para medir la proporcionalidad de sus penas no es la Ley de Justicia y Paz, sino el Código de Procedimiento Penal.

Es importante destacar que estos individuos tuvieron la oportunidad de participar en el programa de desmovilización cuando su gobierno estaba prepando la lista de personas que se estaban postulando para los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Pero ellos optaron por no aprovechar esa oportunidad. Es sólo ahora que han sido descubiertos, y que finalmente enfrentan la posibilidad de tener que rendir cuentas por sus delitos, que están buscando una manera de salir de sus problemas.

    3) La impunidad conduce a la repetición de abusos y crímenes

Uno de los principales factores que han contribuido al fortalecimiento del poder de los paramilitares y a las violaciones de los derechos humanos y la corrupción en Colombia, es el hecho de que los responsables casi nunca son investigados ni procesados. Quienes han cometido graves crímenes casi siempre salen libres, con la convicción de que aún si cometen nuevos crímenes, lo más probable es que nunca serán plenamente investigados o procesados.

Al proponer dejar exentos de castigo a los políticos que han colaborado con los paramilitares, precisamente cuando estamos empezando a ver señales esperanzadoras de que podría haber justicia en estos casos, S.E. está agravando el problema de la impunidad. Está enviando el mensaje que, para aquellos que se benefician de la violencia, los abusos, la corrupción, y el fraude, siempre habrá alguna manera de evitar rendir cuentas. S.E. está socavando la capacidad del estado para detener los abusos y la corrupción a través de la amenaza de una sanción penal.

    4) Los políticos y otros que eligieron colaborar con paramilitares no son víctimas

S.E. y algunos funcionarios del gobierno han sugerido que los colaboradores de los paramilitares han sido ellos mismos “víctimas” que no tuvieron otra opción que trabajar con los paramilitares, porque fueron “abandonados” por el estado.

Es cierto que millones de colombianos han sufrido abusos por parte de diferentes actores en el conflicto armado interno de Colombia. Los paramilitares y la guerrilla regularmente usan la extorsión y la amenaza de la violencia para obligar a muchas personas a cumplir con sus demandas.

Sin embargo, aquellos políticos que se han beneficiado de elecciones fraudulentas, sobornos, y del exterminio de sus opositores políticos por parte de los paramilitares, aquellos militares que usaron a los paramilitares para hacer su “trabajo sucio,” y aquellos patrocinadores financieros que lucraron con las actividades criminales de los paramilitares, no son víctimas. Lo único que consigue al sugerir que lo son es trivializar el profundo sufrimiento de las víctimas reales de la violencia paramilitar, así como el trabajo y el sacrificio de fiscales, jueces y funcionarios que han luchado para defender la democracia colombiana frente al poder paramilitar.

II. La liberación unilateral de los miembros de las FARC

S.E. ha dado pasos para liberar unilateralmente a miembros de las FARC que han sido condenados y están purgando penas de prisión por sus crímenes. Estamos sumamente preocupados por varios aspectos de su decisión:

    1) Las personas responsables de crímenes contra la humanidad y de crímenes de guerra, incluyendo la captura de rehenes, no deben ser liberadas

Muchos miembros de las FARC se encuentran actualmente en prisión purgando sentencias por crímenes horrendos, incluyendo crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, tales como la captura de rehenes, asesinato, desapariciones forzadas, y el reclutamiento de niños combatientes. Su gobierno tiene la obligación, bajo el derecho internacional, incluyendo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de asegurar que rindan cuentas aquellos que son responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Es imperativo que Colombia honre sus obligaciones legales internacionales y que se abstenga de indultar o conceder rebajas de penas a individuos responsables de estos graves crímenes.

    2) Una liberación unilateral puede enviar un mensaje peligroso a las FARC

Asimismo, la organización guerrillera a la cual estos individuos pertenecen, las FARC, practican el secuestro de manera regular y han buscado usar a los rehenes para presionar al gobierno con el objeto que acceda a sus demandas. Reiteradamente ha mostrado un desprecio profundo por las vidas y el bienestar de civiles y rehenes. Sus líderes han mostrado una falta de seriedad y credibilidad en las pasadas negociaciones con el gobierno.

Al excarcelar a miembros de las FARC responsables de graves crímenes, S.E. enviaría a este grupo despiadado un mensaje muy peligroso: que la captura de rehenes rinde frutos. En lugar de impulsarlos a negociar, se arriesga a incentivarlos a cometer nuevos crímenes.

    3) Miembros de las FARC que ya han sido condenados no deben recibir los beneficios de la desmovilización

De otra parte, los miembros de las FARC que están siendo liberados no se desmovilizaron antes de ser capturados y condenados, posiblemente por graves delitos. Al igual que en el caso de los políticos que colaboraron con los paramilitares, no hay una buena justificación para otorgarles un indulto u otros beneficios asociados con la desmovilización.

    4) La excarcelación de miembros de las FARC responsables de graves crímenes debilita el estado de derecho

Por último, los miembros de las FARC que usted está liberando fueron hallados culpables, posiblemente de graves delitos, gracias al trabajo y sacrificio de investigadores, fiscales y jueces. En un país donde la impunidad es la norma, estos son algunos de los pocos casos en los cuales las instituciones de justicia parecen haber funcionado. Al liberar a esos individuos, antes que hayan terminado de purgar sus sentencias, su gobierno reforzará el mensaje de que los responsables de graves crímenes rara vez—y acaso nunca—van a ser castigados, y que inclusive los miembros de las FARC siempre pueden encontrar una manera para evadir su plena responsabilidad por graves delitos.

* * *

Al justificar estas medidas, S.E. ha dicho reiteradamente que éstas son necesarias para sepultar la “tragedia” que sufre Colombia. Pero son las víctimas civiles de Colombia—los millones de desplazados, los familiares de los desaparecidos, los secuestrados, y los sindicalistas, periodistas y defensores de los derechos humanos asesinados—quienes han sufrido lo peor de esta tragedia. Por años, aquellos responsables de esas atrocidades han permanecido en libertad y han podido continuar beneficiándose del sufrimiento de otros. Esta impunidad es, per se, un componente central de la tragedia de Colombia, que agrava el sufrimiento de las víctimas e incentiva a seguir cometiendo abusos. Al perpetuar esta impunidad, las medidas que S.E. ha propuesto sólo contribuirán a profundizar la tragedia, en lugar de resolverla.

Muchas personas, jueces y fiscales están luchando, a pesar de grandes obstáculos, para construir una democracia pacífica y próspera, donde los derechos humanos y el estado de derecho sean respetados. Instamos a S.E. a tomar medidas efectivas para fortalecer esos objetivos, abandonando estas propuestas y medidas mal concebidas, y apoyando las investigaciones y la rendición de cuentas de aquellos individuos que han participado en violaciones a los derechos humanos y corrupción.

Atentamente,

/s/

José Miguel Vivanco
Director Ejecutivo

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