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Le agradezco su reciente carta (la cual todavía no hemos recibido formalmente, pero que hemos visto publicada en su página Web), en la que S.E. expresa su preocupación por la descripción que nuestra organización, Human Rights Watch, hace de la situación actual de los derechos humanos en Colombia, y que fue expresada en el testimonio que dimos el 24 de abril en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Le agradezco su reciente carta (la cual todavía no hemos recibido formalmente, pero que hemos visto publicada en su página Web), en la que S.E. expresa su preocupación por la descripción que nuestra organización, Human Rights Watch, hace de la situación actual de los derechos humanos en Colombia, y que fue expresada en el testimonio que dimos el 24 de abril en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Aprecio sus declaraciones sobre cuánto valora S.E. nuestro abundante trabajo con relación a los abusos cometidos por todos los actores—guerrillas, paramilitares y las fuerzas públicas de seguridad—en el conflicto armado interno que vive Colombia. Nosotros le dedicamos mucho esfuerzo a cubrir tales abusos en una forma balanceada y objetiva.

Coincido con sus observaciones acerca de la importancia del fortalecimiento del estado de derecho, la protección de los civiles y la promoción de los derechos humanos en Colombia. Por ello, lo instamos fuertemente a actuar de manera coherente con esas afirmaciones, adoptando las medidas necesarias para poner en práctica esos principios, convirtiéndolos en acciones y políticas gubernamentales.

No obstante, debo respetuosamente discrepar con muchas de las afirmaciones fácticas hechas en su carta.

Asesinatos de sindicalistas

Su carta afirma que tan sólo 25 sindicalistas fueron asesinados en el 2006 en Colombia, y que, hasta el momento, este año sólo ha sido asesinado un sindicalista en Colombia. Sin embargo, la única manera de generar estas cifras artificialmente reducidas es excluyendo a los profesores sindicalizados de la categoría de sindicalistas. De hecho, de acuerdo a las cifras oficiales de su propio gobierno, si se incluye a los profesores sindicalizados, 58 sindicalistas fueron asesinados el año pasado, un incremento sustancial con relación a los 40 asesinados del año anterior. Tan sólo en lo que va de este año, de acuerdo a las estadísticas oficiales, siete sindicalistas fueron asesinados en el 2007, incluidos profesores sindicalizados.

Además, grupos de derechos humanos sumamente respetados en Colombia, como la Escuela Nacional Sindical, dicen que las cifras son aún más altas: 72 sindicalistas asesinados en el 2006, un incremento sobre los 70 reportados en el 2005, y nueve asesinados hasta el momento este año —y no sólo uno, como S.E. afirma.

Su gobierno asegura que, a pesar del incremento de asesinatos en el último año, ha habido una reducción en los asesinatos, desde que alcanzaran un pico en el 2001. Sin embargo, en realidad, los índices actuales de asesinatos de sindicalistas son similares a aquellos que fueron comunes en 1998 y 1999.

Es muy positivo, por supuesto, que el Ministerio del Interior ofrezca un programa de protección a los sindicalistas. Sin embargo, para enfrentar decididamente el problema, es crucial que su gobierno tome medidas efectivas para desmantelar a las mafias paramilitares, que tradicionalmente han sido las principales responsables de estos asesinatos, con la aquiescencia e incluso con el apoyo activo de actores estatales.

Cifras totales de homicidios

S.E. sostiene que la tasa de homicidios en Colombia ha bajado sustancialmente desde que S.E. asumió el gobierno—un factor que S.E. atribuye a sus políticas de Seguridad Democrática. Reconocemos que la situación de seguridad ha mejorado en varias de las principales ciudades y carreteras del país y que, al parecer, su gobierno ha logrado empujar a la guerrilla de las FARC fuera de muchas regiones, tales como San Vicente del Caguán, donde las FARC estaban cometiendo abusos.

Sin embargo, la tasa oficial de homicidios, que agrupa todas las muertes resultado de crímenes comunes junto con los asesinatos cometidos por todos los actores del conflicto, es demasiado amplia como para servir de indicador útil en cuanto a violaciones a los derechos humanos. Concentrarse únicamente en estas cifras generales esconde varias tendencias preocupantes.

El número de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército, por ejemplo, está incrementando considerablemente—un hecho que su propio Ministro de Defensa admitió en una reunión conmigo y otros colegas. Las Naciones Unidas tienen una lista de más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles perpetradas por el ejército en todo país en los últimos dos años. La Comisión Colombiana de Juristas, una de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas de Colombia, reportó más de 200 casos al año. En muchas de esas ocasiones, los civiles fueron asesinados y posteriormente disfrazados con uniformes de combatientes, aparentemente para incrementar el número oficial de enemigos muertos en combate de la unidad militar en cuestión.

El número de asesinatos selectivos cometidos por los grupos paramilitares también es motivo de alarma. Empezando en el año 2000, de acuerdo a estadísticas oficiales, el número de masacres atribuidas a los grupos paramilitares empezó a bajar sustantivamente. Pero tal como nos lo describieron comandantes paramilitares en Medellín, esta reducción en realidad reflejaba un cambio de táctica de los paramilitares, quienes habían tomado control efectivo de vastas regiones del país y empezaban a concentrarse en la consolidación del poder adquirido hasta entonces. En su opinión, mantener y reforzar el control territorial que tenían ya no requería masacres a gran escala, sino el asesinato selectivo de personas que ellos consideraban enemigos.

De ese modo, el número de masacres paramilitares bajó sustantivamente. Sin embargo, el número de asesinatos selectivos atribuibles a los paramilitares ha permanecido virtualmente intacto por más de una década, desde 1996, a pesar del programa de desmovilización. De acuerdo a la Comisión Colombiana de Juristas, hasta el día de hoy, grupos paramilitares cometen entre 800 y 900 asesinatos selectivos por año.

El Proceso de Desmovilización Paramilitar

S.E. sostiene que “gracias… a la Ley de Justicia y Paz, hoy 31.671 colombianos miembros de los extintos grupos paramilitares… han dejado las armas y están reintegrados a la sociedad”.

Es cierto que más de 30,000 individuos han participado en ceremonias de desmovilización. Pero de esos 30,000, sólo una pequeña fracción, 2,696, han solicitado los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Tal como informáramos hace casi dos años en nuestro informe “Las Apariencias Engañan”, el gobierno les ha permitido a todos los demás gozar de los beneficios de programas de reinserción, incluyendo generosos estipendios gubernamentales, sin tener que primero confesar sus delitos o devolver sus bienes ilícitos, sin ser interrogados adecuadamente, y sin ser vigilados rigurosamente por las autoridades. Es más, entendemos que su gobierno ha perdido el rastro de varios miles de estos individuos supuestamente desmovilizados y actualmente no se sabe dónde están ni qué están haciendo.

Además, como S.E. bien conoce, tanto la Organización de Estados Americanos como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia han informado que comandantes paramilitares de rango medio continúan involucrados en actividades criminales y en el reclutamiento de nuevas tropas. Ha habido además numerosos informes públicos en las últimas semanas sobre las actividades de los grupos paramilitares en la región de Nariño, y nosotros continuamos recibiendo informaciones sobre amenazas y asesinatos de defensores de los derechos humanos perpetrados por grupos paramilitares. En este contexto, sostener que los grupos paramilitares están “ahora extintos” significa ignorar las realidades que su gobierno debería en cambio enfrentar.

Más aún, en reuniones con nosotros, el Ministro del Interior ha confirmado que los jefes de esos grupos, algunos de los cuales se encuentran actualmente en prisión a la espera de la rebaja de sus penas, tienen acceso irrestricto a teléfonos celulares. Como consecuencia, estos jefes paramilitares muy probablemente continúan comunicándose con sus respectivas mafias. Es sumamente difícil asegurar un desmantelamiento de las estructuras criminales de los paramilitares si a los líderes se les permite continuar comunicándose regularmente con sus grupos.

S.E. sostiene asimismo que su gobierno ha apoyado con recursos a la oficina del Fiscal General y que S.E. ha solicitado la autorización del Congreso para aumentar el personal de esa oficina. Le instamos a que haga todo lo que esté a su alcance para asegurarse que el Congreso de Colombia, donde S.E. tiene el apoyo de una mayoría de representantes, apruebe esa autorización. El hecho que S.E. no haya asignado nuevos fiscales a la Fiscalía General cuando elaboró la Ley de Justicia y Paz nos ha causado una enorme preocupación. Sin un incremento sustancial de personal en la Fiscalía, será extremadamente difícil conseguir cualquier progreso en este tema.

Infiltración Paramilitar en el Sistema Político

S.E. también afirma que “la Ley de Justicia y Paz está permitiendo que se conozca a fondo los lazos que por muchos años permanecieron ocultos entre miembros de la sociedad y las extintas autodefensas” y que “la verdad es una consecuencia deliberada, deseada y necesaria del proceso de paz del Gobierno.” Ciertamente, coincidimos con S.E. en que la verdad debe ser consecuencia de ese proceso. Lamentablemente, la Ley de Justicia y Paz que S.E. elaboró y cuya aprobación logró en el Congreso de Colombia, no contenía los mecanismos necesarios para hacer cumplir ese objetivo.

Al contrario, como S.E. recordará, durante las muchas discusiones que sostuvimos con S.E. y otros representantes de su gobierno sobre el proyecto de ley, su gobierno se opuso reiteradamente a la solicitud de que se incluyera en la Ley de Justicia y Paz el requisito de una confesión plena y veraz como una condición para el otorgamiento de las rebajas de penas. Fue sólo gracias a la decisión del año pasado de la Corte Constitucional de Colombia que este requisito por fin se incluyó en el programa de desmovilización.

Además, mientras un puñado de paramilitares ha iniciado el proceso de confesiones establecido por la Corte Constitucional, esos individuos aún no han hablado de sus vinculaciones con políticos. Las revelaciones públicas sobre los supuestos vínculos de paramilitares con miembros del Congreso y con su propio ex director de Inteligencia, Jorge Noguera, han surgido como consecuencia de las investigaciones independientes de los medios de comunicación, la Fiscalía General, la Corte Suprema y la Procuraduría. Por lo tanto, el mérito debe ser otorgado a quienes en realidad lo merecen: las instituciones que están llevando a cabo dichas investigaciones.

Me gustaría agregar que, particularmente en el caso de Jorge Noguera, cuya visa estadounidense ha sido revocada debido a la gravedad de las alegaciones que pesan en su contra, nosotros continuamos preocupados por la respuesta de S.E. ante ese caso. Después de defender inicialmente al señor Noguera y de acusar a la prensa de ser maliciosa y de dañar la democracia, S.E. recientemente ha declarado que respetará el resultado de las investigaciones en relación con esta denuncia. Sin embargo, sabemos que el abogado del señor Noguera ha visitado la Casa de Nariño en nueve ocasiones durante los últimos meses—incluyendo ocho ocasiones entre febrero y marzo del presente año—para discutir el caso del señor Noguera. También sabemos que por lo menos en algunas de esas ocasiones, el abogado se reunió personalmente con S.E. No entendemos por qué al parecer esta persona ha sido recibida con tanta frecuencia en la Casa de Nariño Gobierno, ni por qué S.E. aceptaría reunirse con él, pese a su recargada agenda gubernamental, en lugar de derivar esas conversaciones a las instituciones que están llevando adelante las investigaciones.

Le agradezco el haberse tomado el tiempo para compartir sus preocupaciones con nosotros. Como S.E. bien sabe, Human Rights Watch, desde el comienzo del proceso de desmovilización, ha estado formulando recomendaciones constructivas y razonables sobre cómo pueden ser corregidos los graves problemas en este proceso.

Una vez más, permítame reiterarle que queremos ayudar a Colombia a enfrentar la grave amenaza que el poder paramilitar representa para la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho. Dada la enorme importancia de este tema, le insto, en los términos más enfáticos posibles, a que adopte las numerosas recomendaciones que hemos formulado—como, por ejemplo, quitarles los teléfonos celulares a los líderes paramilitares, así como extraditar a aquellos comandantes que no han cumplido con los requisitos de confesión plena y veraz, entrega de todos los bienes ilícitos y cese de actividades criminales—para asegurar un desmantelamiento efectivo de los grupos paramilitares.

Atentamente,

/s/

Kenneth Roth

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