(Nueva York) – Las fuerzas de seguridad tailandesas deben dejar de usar la desaparición forzada como un instrumento contra presuntos separatistas musulmanes malayos en las provincias de la frontera sur de Tailandia, señaló Human Rights Watch en un nuevo informe publicado hoy.
El informe de 69 páginas, “It Was Like Suddenly My Son No Longer Existed: Enforced Disappearances in Thailand’s Southern Border Provinces” (Era como si mi hijo hubiera dejado de existir: Desapariciones forzadas en las provincias de la frontera sur de Tailandia), expone en detalle 22 casos de “desapariciones” no resueltas en las que las pruebas indican claramente la responsabilidad de las fuerzas de seguridad. El informe está basado en entrevistas con docenas de testigos, familias de víctimas y funcionarios tailandeses desde febrero de 2005.
Human Rights Watch concluyó que la policía o el ejército habían sospechado que la mayoría de los “desaparecidos” eran militantes separatistas, les apoyaban o tenían información sobre los ataques.
“Las fuerzas de seguridad tailandesas están utilizando las ‘desapariciones’ como un medio para debilitar a los militantes e infundir temor entre la comunidad musulmana malaya”, señaló Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch. “Estas ‘desapariciones’ parecen ser una cuestión política, y no simplemente obra de elementos aislados de los servicios de seguridad”, agregó.
Es probable que la cifra de “desapariciones” registradas en las provincias de la frontera sur esté significativamente por debajo de la realidad, ya que muchas familias se mantienen en silencio debido al temor a represalias y la falta de una protección efectiva de los testigos.
Muchos de los miembros de la comunidad musulmana malaya de Tailandia se han quejado que la falta de resolución de las “desapariciones” les ha dejado con la idea de que también está desapareciendo la justicia para ellos. El resentimiento contra las violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades tailandesas es uno de los factores que promueven una insurgencia cada vez más brutal, responsable de una serie de asesinatos y atentados con bomba contra civiles durante los últimos tres años.
“El gobierno de Tailandia tiene que declarar clara y públicamente una política contra las ‘desapariciones’ y adoptar medidas contra los responsables de este crimen”, señaló Adams.
La mayor parte de las desapariciones forzadas recogidas en el informe se produjeron durante el gobierno del Primer Ministro Thaksin Shinawatra, que fue depuesto por el golpe de septiembre de 2006. Las desapariciones forzadas de musulmanes malayos sospechosos de participar en la insurgencia comenzaron pocos días después de que Thaksin presionara a policías y soldados para que detuvieran rápidamente a los responsables del atentado contra el campamento del ejército en la provincia de Narathiwat, el 4 de enero de 2004.
Cinco días después, Sata Lobo “desapareció”. Su hermana dijo a Human Rights Watch que la policía registró su casa, el 8 de enero de 2004, en busca de armas robadas de la base militar de Narathiwat. No se halló nada ilegal durante el registro. Justo antes de su “desaparición”, el 9 de enero de 2004, Sata llamó a su hermana desde su teléfono móvil para contarle que un grupo de policías lo habían detenido:
Alrededor del mediodía, recibí una llamada telefónica de mi hermano. Me dijo que lo habían detenido unos policías. Estos policías registraron su automóvil y le dijeron que fuera a la comisaría de Narahiwat. Esta fue la última vez que supe de él. Sata nunca regresó a casa.
En otro caso, la esposa de Musta-sidin Ma-ming, de 27 años de edad y propietario de una tienda de teléfonos móviles “desaparecido” en Narathiwat, el 11 de febrero de 2004, dijo a Human Rights Watch que los testigos habían visto a un grupo de hombres con camisas negras llegar a su tienda en plena luz del día y llevarse a Musta-sidin y su asistente. En mayo de 2004, le pidió directamente a Thaksin que averiguara que había pasado con su esposo:
Cuando el primer ministro recibió mi petición, me dijo tres veces: “Voy a investigar el caso”… pero dichas palabras no han resultado en nada.
El tío de Wae-halem Kuwae-kama, un constructor de 40 años de edad y antiguo subjefe del pueblo cuya pista se perdió en la noche del 29 de mayo de 2006, en el distrito de Joh Airong de Narathiwat, dijo a Human Rights Watch que los soldados llevaba tiempo sospechando que Wae-halem desempeñaba un papel importante en la red local de separatistas. Su tío recordó que habían detenido a Wae-halem en un retén a las afueras de su pueblo el mismo día que “desapareció”:
El mes antes de “desaparecer”, los soldados de la unidad estacionada cerca de la Escuela de Bukit Pracha Upatham le dijeron que lo iban a “derribar”, es decir, matarlo a tiros, un día. Dijeron que el nombre de Wae-halem estaba en la lista negra… el 29 de mayo… los residentes vieron una camioneta pick-up, una Mitsubishi verde, estacionado cerca de la casa de té. Había cuatro o cinco hombres dentro. Le dijeron a Wae-halem que detuviera [su motocicleta]. Entonces lo metieron en su pick-up y se fueron. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver a Wae-halem.
“Aunque la mayoría de las ‘desapariciones’ tuvieron lugar durante el régimen de Thaksin, muchos de oficiales superiores de la policía y el ejército que ejecutaron esta política siguen en el servicio activo”, señaló Adams. “Thaksin reconoció estos abusos en 2005 y, sin embargo, no se ha hecho nada para detener o castigar a los responsables”, agregó.
Después del golpe de septiembre, el gobierno, respaldado por las fuerzas armadas, del General Surayud Chulanont señaló que el origen de los problemas en las provincias de la frontera sur era la falta de justicia. El General Surayud se comprometió a introducir una estrategia más sofisticada y positiva para los derechos humanos que la mano dura empleada por Thaksin.
Pero el gobierno del General Surayud ha hecho muy poco por llevar estas promesas a la realidad. Las agencias gubernamentales – especialmente la Policía Real Tailandesa, el Departamento de Investigación Especial del Ministerio de Justicia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el recién reinstaurado Centro Administrativo de las Provincias de la Frontera Sur – tampoco han realizado investigaciones completas e imparciales de los hechos. La Policía Real y el Ejército Real de Tailandia no han emprendido medidas para procesar al personal responsable de las desapariciones forzadas y otras violaciones de los derechos humanos.
La mayoría de las 22 familias entrevistadas por Human Rights Watch para este informe dijeron que habían recibido 100.000 baht (2.778 dólares) en concepto de asistencia financiera del gobierno. Sin embargo, todos ellos dijeron a Human Rights Watch que no creían que la compensación pudiera sustituir una investigación seria para determinar el paradero de sus padres, esposos o hijos, o los enjuiciamientos apropiados de los responsables de los abusos.
“La oferta de dinero y disculpas a las familias de las víctimas no absuelve a las autoridades tailandesas de su responsabilidad de enjuiciar a los responsables de estos crímenes”, señaló Adams. “El General Surayad se comprometió a dar prioridad a la administración de justicia, pero su gobierno sigue sin pedir cuentas a los oficiales responsables de estos crímenes”, agregó.
Human Rights Watch instó al gobierno tailandés a adoptar todas las medidas necesarias para detener la práctica de las desapariciones forzadas, lo que incluye la firma y la ratificación inmediata de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Las autoridades tailandesas también deben tipificar como delito las desapariciones forzadas.
El gobierno tailandés debe emprender investigaciones inmediatas, independientes e imparciales sobre las denuncias de desapariciones forzadas. De la misma forma, se debe enjuiciar a todos los oficiales implicados en las desapariciones forzadas, sin importar su rango, incluidos los que tuvieron conocimiento o debieron tener conocimiento sobre la práctica sistemática de abusos. Como medida preventiva, todas las personas arrestadas por la policía y las fuerzas de seguridad deben estar recluidas en centros de detención reconocidos, y no deben estar sometidos a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las autoridades también deben comunicar su paradero a sus familiares y abogados.
