La incompetencia, negligencia e irresponsabilidad de los estados en Estados Unidos pone a los prisioneros condenados a muerte en riesgo innecesario de dolor atroz durante las ejecuciones por inyección letal, dice Human Rights Watch en un reporte difundido hoy. Las inyecciones letales se usan en 37 de los 38 estados que no han renunciado la pena de muerte en Estados Unidos y por el gobierno federal. Todas las ejecuciones de 2005 fueron por inyección letal.
El reporte de 65 páginas “Mientras mueran: inyecciones letales en Estados Unidos” revela la descuidada historia de las ejecuciones por inyección letal, que usan un protocolo creado hace tres décadas sin investigación científica ni adaptación moderna, y que ha permanecido sin cambios hasta hoy. Mientras el prisionero yace atado a una camilla, los verdugos, ocultos tras una pared, le inyectan en la vena una secuencia de tres fármacos. Una dosis masiva de tiopental sódico, un anestésico, es inyectado primero, seguido por bromuro de pancuronio, que paraliza los músculos voluntarios pero deja al prisionero totalmente consciente y capaz de sentir dolor. Un tercer fármaco, cloruro de potasio, rápidamente causa paro cardíaco pero es tan doloroso que las directrices para veterinarios prohíben su uso a menos que el veterinario primero se asegure de que la mascota que se ha de sacrificar está profundamente inconsciente. Tal precaución no se toma con los prisioneros a ejecutar.
“Los Estados Unidos son más cuidadosos al matar perros que personas,” dijo Jamie Fellner, director de programa de Human Rights Watch y coautor del reporte. “Que un prisionero haya matado sin cuidado ni consciencia no significa que el Estado deba seguir su ejemplo.”
Human Rights Watch se opone a la pena capital en todas las circunstancias y hace un llamado para que sea abolida. Pero hasta que los 38 estados que tienen la pena de muerte y el gobierno federal abolan la pena capital, la legislación internacional de derechos humanos les exige que se aseguren que han desarrollado un método de ejecución que reduzca, en la mayor medida posible, el riesgo de dolor y sufrimiento mental o físico para el prisionero condenado.
Human Rights Watch urge a los estados norteamericanos a suspender las ejecuciones por inyección letal hasta que hayan conducido una revisión y evaluación exhaustiva de los métodos existentes y sus alternativas.
La secuencia farmacológica que se usa en los Estados Unidos fue desarrollada en 1977 por un médico forense en Oklahoma que no tenía pericia en farmacología o anestesia. Texas rápidamente adoptó el protocolo de Oklahoma y al menos otros 34 estados lo hicieron entonces también. (El protocolo de Nevada permanece secreto). Human Rights Watch ha descubierto que ninguno de los estados consultó expertos médicos para determinar si la secuencia original de tres fármacos podía ser adaptada para disminuir el riesgo de dolor para el prisionero usando otros fármacos o métodos para administrarlos.
“Imitar no es la manera correcta de decidir como matar personas,” dijo Fellner. “Si las autoridades estatales van a ejecutar a alguien, deben hacer su tarea, consultar con expertos y seleccionar un método diseñado para infligir el menor dolor y sufrimiento posible.”
Sin una anestesia adecuada o administrada apropiadamente, los prisioneros ejecutados con la secuencia de tres fármacos podrían estar conscientes durante la asfixia causada por el agente paralizante, y sentirían el dolor abrasador del cloruro de potasio mientras recorre sus venas. Las investigaciones en las ejecuciones recientes en California y los reportes toxicológicos de ejecuciones recientes en Carolina del Norte sugieren que los prisioneros pueden haber estado, de hecho, inadecuadamente anestesiados antes de habérseles causado la muerte.
Las instituciones penitenciarias han rechazado la opción de ejecutar prisioneros con una sola inyección masiva de un barbitúrico, aunque eso causaría una muerte sin dolor, porque tal método forzaría a verdugos y testigos a esperar 30 minutos más a que el corazón del prisionero dejara de batir. Los funcionarios penitenciarios también se han resistido a eliminar el bromuro de pancuronio - el agente paralizante – a pesar de que su uso hace mucho más difícil saber si un prisionero ha sido suficientemente anestesiado. El fármaco no es necesario para matar al prisionero, ni lo protege del dolor: parece principalmente servir para evitar que su cuerpo tiemble o se convulsione mientras muere. También encubre cualquier dolor que el prisionero pueda estar sintiendo, dado que no puede moverse, gritar, gemir o aún parpadear.
“Los funcionarios penitenciarios han estado más preocupados por no herir las sensibilidades de los verdugos y los testigos que por proteger al prisionero condenado del dolor,” dijo Fellner. “Están más preocupados por las apariencias que por la realidad.”
Aunque por años los prisioneros han interpuesto demandas legales que las inyecciones letales son inconstitucionalmente crueles, los tribunales han, hasta hace poco, desestimado sus argumentos. Preocupados por evidencias nuevas y convincentes de ejecuciones posiblemente malogradas, los tribunales federales de California y Carolina del Norte se han negado este año a permitir que procedan ejecuciones programadas usando el protocolo estándar para inyecciones letales. El 26 de abril, la Suprema Corte de Estados Unidos escuchará argumentos orales sobre los trámites que debe seguir un prisionero para cuestionar las inyecciones letales.
Hasta hace pocos años, Estados Unidos era el único país en el mundo que usaba inyecciones letales como método de ejecución. Varios otros países que aún no han abolido la pena de muerte le han seguido: China comenzó a usar inyecciones letales en 1997 y las Filipinas y Tailandia promulgaron leyes para la ejecución con inyección letal desde 2001 (aunque a la fecha no han ejecutado a nadie con este método).
