Funcionarios públicos mexicanos obstaculizan activamente el acceso a un aborto legal y seguro para víctimas de violación, y no sancionan la violación y la violencia sexual dentro y fuera de la familia, denunció Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 100 páginas, “Víctimas por partida doble: Obstrucciones al aborto legal por violación en México”, describe detalladamente el trato que reciben por parte de agentes del Ministerio Público y personal de salud las víctimas de violación que han resultado embarazadas. El maltrato incluye falta de respeto, sospechas, y apatía. El informe también expone una impunidad continua y generalizada para los perpetradores de violación y otras formas de violencia sexual en muchos estados en México.
“Las afectadas por violación que resultan embarazadas son – para todo efecto – victimizadas por partida doble,” declaró Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “La primera vez por el perpetrador de la violación y la segunda por los funcionarios públicos que las ignoran e insultan, y que les niegan acceso a un aborto legal.”
En México, el aborto es generalmente penalizado, pero las mujeres y niñas que han sufrido una violación tienen derecho a un aborto seguro bajo todos los códigos penales de México. Sin embargo, Human Rights Watch descubrió que las víctimas de violación que desean ejercer este derecho enfrentan varios obstáculos.
Varias agencias estatales en distintos estados de México aplican tácticas agresivas para desalentar y postergar el acceso a abortos legales por violación, lo cual ocurre especialmente en las procuradurías de justicia, los hospitales públicos, y en Desarrollo Integral de la Familia (DIF). En Jalisco, por ejemplo, una trabajadora social le mostró películas antiaborto científicamente incorrectas a una niña de 13 años que había sido violada y embarazada por un familiar. Algunos agentes del Ministerio Público amenazan a las víctimas de violación con cárcel por buscar un aborto legal, y muchos médicos les dicen sin razón que un aborto les mataría.
Como resultado, muchas víctimas de violación intentan resolver su situación a través de abortos clandestinos que ponen en riesgo su vida y su salud. Niñas violadas por sus padres u otros familiares se ven frecuentemente sin más opción que llevar a cabo el embarazo impuesto sobre ellas.
“El gobierno mexicano debe asegurar que las víctimas de violación no tengan que exponerse a peligrosos abortos empíricos o a embarazos impuestos” declaró Roth. “Los funcionarios públicos que se niegan a informarle a las víctimas que tiene derecho a un aborto legal si lo desean, contribuyen a una violación de los derechos humanos y deben ser sancionados.”
La penalización del aborto amenaza una serie de derechos humanos, tales como los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la vida, a la salud y a la integridad física. Desde 1994, los organismos de derechos humanos de la ONU han expresado una preocupación particular respecto a los países donde se restringe el acceso al aborto para las víctimas de violación o incesto. Human Rights Watch apoya el derecho de toda mujer de decidir de manera independiente sobre todo tema relativo a un aborto sin interferencia alguna de parte del Estado u otros.
De acuerdo a estimados oficiales del gobierno mexicano, más de 120,000 mujeres y niñas son violadas cada año en México. Sin embargo, estudios del gobierno muestran también que alrededor del 10% de las mujeres mexicanas sufren ataques físicos cada año. Ahora bien, estadísticas mundiales muestran que los ataques físicos contra las mujeres incluyen entre 30 y 40% de violaciones, lo que sugeriría que la cifra de violaciones sexuales en México podría llegar a más de un millón en un año.
El marco legal mexicano no protege adecuadamente a las mujeres y niñas contra la violencia sexual. Hasta hace poco, la Corte Suprema de la Nación sostenía que la violación dentro del matrimonio no constituye delito si tiene un objetivo procreativo. Dicha decisión fue modificada por la corte en noviembre de 2005. Varios estados aún no penalizan específicamente la violencia doméstica o lo hacen solamente en casos de violencia continua.
Bajo la ley, las niñas tienen incluso menos protecciones que las mujeres adultas. La mayoría de códigos penales definen el incesto como relaciones sexuales consensuales entre padres e hijos o entre hermanos y castigan a la víctima menor de edad al mismo nivel que al perpetrador adulto. Por consiguiente, el aborto es ilegal en caso de embarazo resultado de un incesto, puesto que las leyes mexicanas definen el incesto como sexo consensual y no como violación.
Además, en la mayor parte de México, la edad de consentimiento para la actividad sexual es de 12 años; sólo en el estado de México esta edad es de 15 años. Como resultado, el crimen de violación de menores presunta en la mayoría de los estados se aplica sólo a niñas que por lo general son demasiado jóvenes para resultar embarazadas.
En teoría, el sexo no consensual entre familiares está penalizado como violación. Sin embargo, muchos agentes del Ministerio Público no acusan a los perpetradores de incesto de violación, incluso cuando no hubo consentimiento o la víctima estaba por debajo de la edad de consentir. En Guanajuato, por ejemplo, Human Rights Watch entrevistó a una mujer que había sido objeto de abuso sexual por su padre desde la edad de seis años, que había debido enfrentar acusaciones penales por “incesto” y que había tenido dos hijos como resultado de su violación continua.
“Las leyes de los estados sobre la violencia sexual y doméstica son claramente deficitarias respecto a las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos”, declaró Roth. “La definición del incesto como relaciones sexuales voluntarias es un insulto a los miles de niñas que sufren diariamente de abuso. Nadie, y menos aún las niñas violadas y embarazadas por padres o hermanos debiera ser obligada a llevar a término un embarazo.”
Testimonios:
“Graciela Hernández” (los nombres de las víctimas han sido cambiados para asegurar su protección) una niña de 16 años en Guanajuato fue violada por su padre al menos una vez a la semana a lo largo de un año. El archivo oficial sobre su acusación contra su padre en 2002 dice:
Después mi papá mi llevó a una casa de huéspedes. … Me penetró y a mi me dolió cuando me penetró. … Y quiero manifestar que yo no quiero tener al hijo que estoy esperando, porque no lo voy a querer porque siendo de mi papá no lo voy a querer.
(Las autoridades no autorizaron un aborto legal.)
“Lidia Muñoz,” una mujer violada de 25 años, fue intimidada por personal médico en un hospital público de Ciudad de México en 2005. Una representante de una ONG que estuvo presente dio el siguiente testimonio:
Cuando obtiene la autorización y acude al hospital para realizarse la interrupción, el médico encargado de atenderla le comenta: “vamos a tener muchos problemas, porque entonces vamos a tener que hacer una acta de defunción, van a tener que traer una carroza, comprar un ataúd para que se lleven el cuerpo, porque no podemos tener el cuerpo aquí.”
“Marta Espinosa,” una niña de 12 años de Yucatán fue derivada de una agencia estatal a otra cuando trató de obtener un aborto legal. Una trabajadora social que la acompañó declaró a Human Rights Watch:
Era una chica de doce años, venía del interior del Estado. ... El primer médico la vió con un mes de embarazo. … La otra clínica con ocho semanas. … Cuando llega a Mérida tienía doce semanas de embarazo. … Fui a la seguridad social, fui al [hospital público]. Fui hasta a las oficinas de la gente que manda. … Todo el mundo te da la vuelta. Dicen: “No es posible.” Les llevé el artículo [del Código Penal estatal] donde dice que [el aborto después de una violación] está dentro de los causales. … En el DIF [donde yo trabajaba] querían que tuviera al niño a como dé lugar. … [Las autoridades] decían que ya muchos meses y [así que el aborto era imposible] y les dije: “Porque iban pasando los meses mientras [Ustedes] me dicen que no.”
(Las autoridades no autorizaron un aborto legal.)
