(Washington D.C.) –Nueva evidencia demostró que en el 2005 los malos tratos y tortura formaron parte de una estrategia deliberada de contraterrorismo del gobierno de Bush, afirmó hoy Human Rights Watch en el lanzamiento de su Informe Mundial 2006.
La evidencia demostró que los interrogatorios abusivos no pueden ser catalogados como los delitos de unos pocos soldados de bajo rango, sino que formaron parte de una política concientemente elegida por autoridades de alto rango del gobierno de Estados Unidos. Dicha política ha obstaculizado la habilidad de Washington de persuadir o presionar a otros estados que respetan el derecho internacional, afirmó el capítulo introductorio del libro de 532 páginas.
“La lucha contra el terrorismo es fundamental para la causa de los derechos humanos,” señaló Kenneth Roth, Director Ejecutivo de Human Rights Watch. “Pero el uso de tácticas ilegales contra supuestos terroristas no sólo es profundamente equivocado sino también es contraproducente.”
Roth afirmó que las tácticas ilegales estimularon el reclutamiento de terroristas, desmotivando la cooperación ciudadana a los esfuerzos de contraterrorismo y crearon un grupo de detenidos no perseguibles judicialmente.
Los socios de Estados Unidos, como Inglaterra y Canadá, agravaron la carencia de un liderazgo en materia de derechos humanos al tratar de minar importantes protecciones internacionales. Inglaterra trató de enviar a los sospechosos a gobiernos que probablemente torturan, basándose en promesas sin valor sobre un buen trato. Canadá trató de diluir un nuevo tratado que declaraba ilegal la práctica de las desapariciones forzadas. La Unión Europea continuó subordinando los derechos humanos en sus relaciones con otros países considerados útiles en la lucha contra el terrorismo, como por ejemplo Rusia, China y Arabia Saudita.
Muchos países –Uzbekistán, Rusia y China entre ellos—usaron la “guerra contra el terrorismo” para atacar a sus oponentes políticos, estigmatizándolos como “terroristas islámicos.”
Human Rights Watch documentó la existencia de graves abusos al margen de la lucha contra el terrorismo. Por ejemplo, en mayo, el gobierno de Uzbekistán masacró a cientos de manifestantes en Andijan, el gobierno de Sudán consolidó su “limpieza étnica” en Darfur, Sudán occidental, y persistentes atrocidades fueron reportadas en la República Democrática del Congo y en Chechenia. Una severa represión continuó en Burma, Corea del Norte, Turkmenistán, y en el Tibet y Xinjiang en China, mientras Siria y Vietnam mantuvieron fuertes restricciones sobre la sociedad civil y Zimbawe condujo desalojos forzados masivos, motivados políticamente.
Hubo hitos brillantes en los esfuerzos de los poderes de occidente por mantener los derechos humanos en Burma y Corea del Norte. Las naciones en vías de desarrollo también jugaron un papel positivo: India suspendió la mayoría de la ayuda militar a Nepal después del golpe de estado del rey, y la Asociación de Naciones Asiáticas del Sudeste forzó a Burma a renunciar a su presidencia 2006 debido a su horribles antecedentes en materia de derechos humanos. Méjico tomó la iniciativa para convencer a la Organización de Naciones Unidas de mantener un reportero especial sobre la protección de los derechos humanos mientras se combate el terrorismo. Kyrgyzstan soportó intensas presiones de Uzbekistán para rescatar a casi todos los 443 refugiados, excepto cuatro, de la masacre de Andizan, y Rumania les dio refugio temporal.
La carencia de liderazgo de los gobiernos de occidente a veces le cedió el campo a Rusia y China, los cuales construyeron alianzas económicas, sociales y políticas sin respetar los derechos humanos.
En la introducción del Informe Mundial, se señala que en el 2005 quedó claramente establecido que el maltrato de detenidos por parte de Estados Unidos no podía ser reducido a “unas pocas manzanas podridas” o deficiencias con el entrenamiento, disciplina, o supervisión, sino que reflejaba una opción política deliberada tomada por los más altos líderes.
La evidencia de esa política deliberada incluyó la amenaza del presidente George W. Bush de vetar un proyecto de ley que proscribía “los tratos crueles, inhumanos y degradantes,” afirma Roth, y el intento del vicepresidente Dick Cheney de excluir a la CIA de tal ley. Más aun, el fiscal general Alberto Gonzáles sostuvo que Estados Unidos podía maltratar a los detenidos, siempre que se encontrasen detenidos en el extranjero y no fueran ciudadanos americanos, mientras que el director de la CIA Porter Goss declaró que el “waterboarding,” un método de tortura que data desde la Inquisición española, era simplemente una “técnica profesional de interrogación.”
“La responsabilidad por el uso de tortura y malos tratos no puede creíblemente seguir siendo calificada como comportamientos inapropiados de soldados de bajo rango en el turno nocturno,” dijo Roth. “El gobierno de Bush debe nombrar a un fiscal especial para examinar estos abusos, y el Congreso debería establecer una comisión bipartidaria e independiente para investigar estos graves hechos.”
El Informe Mundial 2006 de Human Rights Watch contiene información de encuestas sobre el desarrollo de derechos humanos en más de 70 países en el 2005. En adición al ensayo introductorio sobre tortura, el volumen contiene dos ensayos: “Compañías Privadas y el Interés Público: Por qué las Corporaciones Deben Dar la Bienvenida a las Reglas Globales sobre Derechos Humanos” y “Previniendo la Propagación del VIH/SIDA: El Rol Esencial de los Derechos Humanos.”
