El nuevo ministro del interior de Irán está implicado en graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante las pasadas dos décadas, incluyendo posiblemente crímenes contra la humanidad relacionados con la masacre de miles de prisioneros políticos, afirmó Human Rights Watch en un informe lanzado hoy.
Human Rights Watch sostuvo además que el nuevo ministro de información debe ser investigado por su posible participación en el asesinato de un disidente.
El informe, “Ministros del Terror: Nuevo Gabinete de Seguridad de Irán,” detalla creíbles acusaciones sobre la participación del ministro del interior, Mustafa Pour-Mohammadi, y del ministro de información, Gholamhussein Mohseni Ezhei, en violaciones sistemáticas y extremadamente graves de los derechos humanos durante las pasadas dos décadas.
“Es absolutamente inaceptable que personas con tales antecedentes sean parte del gobierno de Irán,” afirmó Joe Stork subdirector para el Medio Oriente de Human Rights Watch. “Ellos deben ser destituidos de sus cargos e investigados por estos terribles crímenes.”
El gabinete de Irán está dominado actualmente por ex oficiales de seguridad e inteligencia, señaló Human Rights Watch, aumentando los temores de que el gobierno recurrirá a la violencia para eliminar a los disidentes y castigar a los críticos.
Durante el período de Pour-Mohammadi’s como subsecretario del ministerio de información desde 1987 hasta 1999, los agentes del ministerio se involucraron en asesinatos sistemáticos de figuras de oposición, activistas políticos e intelectuales.
En 1988, el gobierno iraní ejecutó a miles de prisioneros políticos que se encontraban detenidos en las cárceles iraníes. La forma deliberada y sistemática por la cual estas ejecuciones extrajudiciales tuvieron lugar, constituye un crimen contra la humanidad de acuerdo al derecho internacional, afirmó Human Rights Watch. Mustafa Pour-Mohammadi era miembro de un comité de tres personas que ordenó la ejecución sumaria de los prisioneros detenidos en la infame prisión Evin de Teherán.
Pour-Mohammadi fue director de las operaciones de inteligencia en el exterior del ministerio de información desde 1990 hasta 1999. Durante este período, decenas de figuras de la oposición fueron asesinadas en el extranjero. En algunos casos, la mano del gobierno iraní ha sido comprobada, mientras en otros casos existen creíbles acusaciones de una participación del gobierno. Pour-Mohammadi se encuentra en el centro de fuertes acusaciones que lo involucran directamente en la planificación de tales asesinatos.
En 1998, agentes del ministerio de información mataron a cinco destacados activistas intelectuales en Teherán. Una fuente iraní con conocimiento directo de la investigación le dijo a Human Rights Watch que Pour-Mohammadi fue implicado en esos asesinatos por los investigadores y que además una orden de arresto en su contra estaba próxima a ser emitida. “Sin embargo, en vez de ello, se ordenó su salida del ministerio de información,” afirmó esta fuente.
Gholamhussein Mohseni Ezhei, el nuevo ministro de información, fue fiscal general de la Corte Especial para el Clero y desde esta posición lanzó la persecución de destacados clérigos reformistas. Además, ha sido figura clave en la supresión de la libertad de prensa, la que trajo como consecuencia la clausura de más de 100 periódicos desde el año 2000. Varios periodistas y activistas han señalado que Mohseni Ezhei ordenó el secuestro y asesinato de Pirouz Daban, un activista y disidente político, en 1998.
Human Rights Watch hizo un llamado al presidente Ahmadinejad para que destituya a Pour-Mohammadi y Mohseni Ezhei de sus funciones inmediatamente y a establecer un mecanismo independiente para conducir una investigación imparcial y exhaustiva de sus supuestos crímenes.
Si el presidente Ahmadinejad no destituye a Pour-Mohammadi y Mohseni Ezhei de su gabinete, el Parlamento debe llamar a un voto de desconfianza e iniciar su propia investigación independiente, afirmó Human Rights Watch.
“Es absolutamente peligroso tener hombres como ellos a cargo de ministerios clave,” afirmó Stork. “La comunidad internacional debe dejar en claro que se hará responsable al gobierno del presidente Ahmadinejad por la seguridad de los disidentes y activistas políticos.”
