El gobierno de Marruecos debe asegurar juicios justos para ocho defensores de los derechos humanos encarcelados en el Sahara Occidental, que es controlado por Marruecos, afirmó hoy Human Rights Watch. El juzgamiento de siete de ellos, quienes enfrentan dudosos cargos de fomentar y participar en actos de violencia, será reasumido el día martes en el territorio de la principal ciudad, Laayoune.
En una carta enviada al Rey Mohamed VI, Human Rights Watch sostuvo que los procedimientos legales han demostrado hasta ahora que el derecho de los acusados a un juicio justo está en peligro. Bajo la constitución marroquí, el rey es además presidente de la judicatura del país.
“La evidencia en los archivos del caso de los activistas del Sahara Occidental nos hace preguntarnos si deberían ser procesados en primer lugar,” afirmó Sarah Leah Whitson, Directora de la División Medio Oriente y Norte de África de Human Rights Watch. “El gobierno marroquí necesita asegurar que estos juicios serán justos, transparentes y expeditos.”
Las autoridades marroquíes están procesando a los activistas de derechos humanos, junto con siete hombres jóvenes, bajo los cargos de incitar y participar en ataques contra la policía y propiedad pública durante una ola de protestas realizada por miembros de la población Saharauis en Laayoune y en otras ciudades desde mayo. Las protestas, en las cuales los manifestantes lanzaron proclamas pidiendo la independencia del Sahara Occidental, fueron mayormente pacíficas. Pero en algunas ocasiones los manifestantes lanzaron piedras y bombas molotov contra la policía, la cual usó una fuerza excesiva y arbitraria tanto contra los manifestantes como contra inocentes espectadores.
En junio y julio, la policía marroquí arrestó a Aminatou Haidar, H’mad Hammad, Ali Salem Tamek, El-Houcine Lidri, Brahim Noumria, Larbi Messaoud y Mohamed El-Moutaouakil. En octubre, arrestó a Brahim Dahane, quien al parecer será juzgado separadamente. Todos ellos habían estado reuniendo y dando a conocer información sobre los abusos de derechos humanos cometidos por las autoridades marroquíes contra los saharauis. Dahane es el presidente de la Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos Cometidas por Autoridades Marroquíes, una organización que las autoridades marroquíes se han negado a reconocer. El-Moutaouakil, Lidri, Messaoud, y Noumria pertenecían a la sección Sahara del Foro por la Verdad y Justicia antes que una corte marroquí cerrará esa sección en el año 2003.
Los ocho acusados son conocidos además por su defensa pacífica de la independencia del Sahara Occidental. Seis de ellos han sido previamente condenados por actividades políticas no violentas o han sido mantenidos detenidos por años en detenciones secretas sin un juicio, presumiblemente por su oposición al dominio marroquí sobre el territorio.
En los días que se avecinan, el Rey Mohamed VI planea presidir una ceremonia en honor a la Comisión marroquí de Equidad y Reconciliación por su trabajo completado recientemente, el cual documenta los graves abusos cometidos en el país entre 1956 y 1999, compensa a las víctimas y recomienda medidas dirigidas a prevenir posibles abusos de derechos humanos en el futuro. La Comisión condujo misiones de investigación en el Sahara Occidental y se reunió con las víctimas de los abusos pasados y con sus sobrevivientes.
Las autoridades marroquíes usualmente afirman que la Comisión representa un gran paso hacia la consolidación del respeto de los derechos humanos en Marruecos.
“Los logros de la comisión de verdad de Marruecos merecen reconocimiento,” afirmó Whitson. “Pero estos arrestos y juicios demuestran que la represión es todavía la regla en Sahara Occidental.”
El Sahara Occidental fue anexado por Marruecos luego de que España se retirara de la zona que controlaba (conocida como el Sahara Español) en 1976, y Mauritania se retirara del resto en 1979. Una guerra de guerrillas con el Frente Polisario desafiando la soberanía de Rabat terminó en 1991, a través de una tregua en la cual medió la ONU. Desde entonces, un referéndum organizado por la ONU para determinar el estatus definitivo de esta disputada región ha sido postergado repetidamente.
