La Corte Suprema de Libia debería considerar las alegaciones de torturas sufridas por seis trabajadores extranjeros de la salud, en espera de la pena de muerte por haber inyectado con el virus del SIDA a 426 niños libios, sostuvo Human Rights Watch. La Corte analizará el caso hoy.

Cuatro de los seis acusados, cinco enfermeras búlgaras y un doctor palestino, señalaron a Human Rights Watch que en mayo confesaron el delito después de largas torturas, incluyendo golpizas, uso de electricidad y violencia sexual. Los oficiales libios negaron el acceso oportuno de los acusados a la asesoría de un abogado, expresaron. En junio, una corte de Trípoli absolvió a diez agentes de seguridad libios acusados de torturar a tales trabajadores de la salud.

“Los alegatos de tortura contra los trabajadores de la salud extranjeros son creíbles”, afirmó Sarah Leah Whitson, Directora de Human Rights Watch para el Medio Oriente y Norte de África, “La Corte Suprema de Libia debería tomar en cuenta y rechazar las sentencias de muerte”.

Hoy, la Corte Suprema puede aceptar las sentencias a muerte o devolver el caso a una corte inferior. Puede incluso posponer la revisión del caso, como ya lo ha hecho con anterioridad.

Las autoridades libias arrestaron a los búlgaros y palestinos en febrero de 1999, bajo los cargos de haber infectado intencionalmente con VIH a 46 niños. Los niños eran pacientes en el Hospital para Niños al-Fateh, en Benghazi. Una corte de Benghazi sentenció a los trabajadores a morir fusilados en mayo de 2004. Nueve libios que trabajaban en el hospital fueron absueltos.

Al menos 50 de los niños infectados con VIH han muerto, el caso ha enfurecido profundamente a la opinión pública en Libia.

“La grave condición de esos niños es una tragedia”, afirmó Whitson, “Pero su sufrimiento no debe afectar a la justicia o llevar a más abuso”.

Luc Montagnier, el co-descubridor del virus del SIDA, señaló en el juicio que los niños fueron infectados como resultado de la pobre higiene en el hospital, además indicó que muchos de los niños ya habían sido infectados con el SIDA con anterioridad a la llegada de los trabajadores extranjeros al hospital en 1998.

Sin embargo, peritos de la Fiscalía aseveran que los contagios son consecuencia de inyecciones intencionales del virus del SIDA, realizadas por los acusados de nacionalidad búlgara y palestina. La Fiscalía alega que los acusados ya confesaron su crimen.

Cuatro de los seis acusados le dijeron a Human Rights Watch que los interrogadores los sometieron a descargas eléctricas, los golpearon en el cuerpo con cables y palos de madera, y a golpes en la plantas de sus pies para obtener sus confesiones. En mayo, Human Rights Watch entrevistó a los acusados en la prisión Jdeida de Trípoli.

“Yo confesé bajo tortura con electricidad. Me pusieron pequeños cables en los dedos de mis pies y en mis pulgares. Algunas veces colocaron uno en mi pulgar y otro fue colocado ya sea en mi lengua, cuello u oreja”, le afirmó a Human Rights Watch Valentina Siropulo, una de las acusadas de nacionalidad búlgara. “Tenían dos tipos de máquinas, una con una manivela y otra con botones”.

Otra acusada de nacionalidad búlgara, Kristiana Valcheva, dijo que los interrogadores usaron una pequeña máquina con cables y una manilla que producía electricidad.

“Durante las descargas, me preguntaron de dónde provenía el VIH y cuál era mi rol”, le afirmó a Human Rights Watch. Ella aseguró que los interrogadores la sometieron a descargas eléctricas en sus genitales y pechos.

“Mi confesión fue totalmente en árabe, sin traducción”, señaló, “Habríamos firmado lo que fuese con tal de detener la tortura”.

Las cinco enfermeras búlgaras se encuentran detenidas en un ala especial de la prisión de Jadida, donde ahora pueden recibir las visitas de sus abogados y de oficiales búlgaros. El doctor palestino, Ashraf Ahmad Jum'a, está en el sector de la prisión donde se encuentran aquellos en espera de la aplicación de la pena de muerte.

“Sufrimos una tortura brutal y sádica por un crimen que no cometimos,” Jum’a le afirmó a Human Rights Watch durante una entrevista realizada en frente de uno de los guardias de la prisión. “Usaron descargas eléctricas, drogas, golpizas, perros policiales, privación del sueño”.

“La confesión fue como una pregunta con repuestas alternativas, al dar la respuesta incorrecta recibí una descarga”, señaló. Él alega que los acusados fueron forzados incluso a aplicar las descargas entre ellos.

Human Rights Watch entrevistó además a uno de los 10 agentes de seguridad juzgados en junio por el uso de tortura contra los trabajadores de la salud extranjeros. Jummia al-Mishri, uno de los principales investigadores del caso y abogado de uno de los torturadores, insiste en que Jum’a confesó voluntariamente. Alega que los investigadores encontraron dos botellas con el virus del SIDA en la casa de Kristiana Valcheva.

Al-Mishri sostuvo que los acusados reclamaron respecto de la tortura 3 años después de su arresto, sugiriendo que se confabularon para alegarla. Sin embargo, Jum’a le afirmó a Human Rights Watch que él y otros acusados presentaron sus reclamos respecto de la tortura durante la primera audiencia ante la corte en el año 2000, pero el juez rechazó el reclamo. La corte les negó incluso el derecho a un abogado hasta su primer en día ante la corte, sostuvieron los acusados.

El 7 de junio, una corte de Trípoli absolvió a al-Mishri y a los otros nueve agentes de seguridad libios –siete policías, un doctor y un traductor— acusados de torturar a los trabajadores extranjeros de la salud.

El caso de VIH en Benghazi se ha convertido en un asunto internacional. Tanto la Unión Europea como los Estados Unidos están involucrados en las negociaciones entre los gobiernos de Libia y Bulgaria. Altos oficiales libios han sugerido que los acusados podrían ser perdonados si Bulgaria pagara una compensación a las familias de las víctimas. Sin embargo, el gobierno de Bulgaria ha rechazado la oferta porque implica una admisión de culpa.

El 10 de noviembre, Saif al-Islam Qaddafi, el influyente hijo del líder de Libia y la cabeza de la Fundación Qaddafi, dijo que no creía que los acusados fuesen culpables. Su fundación ha ayudado a garantizar mejores condiciones en la prisión para los acusados.

Human Rights Watch ha pedido además asistencia médica continua para los niños libios infectados con VIH. La Asociación para Niños Víctimas del VIH en Benghazi le señaló a Human Rights Watch en mayo que 19 de las madres de estos niños están contagiadas con el virus.

“Díganle al mundo que esos niños son inocentes y que están sufriendo”, le pidió a Human Rights Watch Ramadan al-Faturi, el vocero de la asociación. Exige un mejor entrenamiento de los médicos libios y un apoyo sicológico para las familias.

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Human Rights Watch tiene fotos exclusivas de los trabajadores de la salud de nacionalidad búlgara. Para ver estas fotos, libre de cargo, por favor visite nuestro sitio de Internet:

https://www.hrw.org/photos/2005/libya1105/