El gobierno español debe suspender inmediatamente la deportación de inmigrantes indocumentados a Marruecos desde los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, señaló hoy Human Rights Watch.
Durante las últimas dos semanas, unas 2.000 personas han intentado entrar en Ceuta y Melilla asaltando las vallas que rodean estas dos ciudades españolas localizadas en la costa del Norte de África y fronterizas con Marruecos. Al menos 11 personas murieron y se produjeron numerosos heridos cuando las tropas españolas y marroquíes intentaron detener su entrada en los enclaves. Cientos de personas han sido albergadas en un centro de acogida temporal y un campamento improvisado en Melilla.
“Enviar a las personas de regreso a Marruecos no es una respuesta a la crisis”, señaló Holly Cartner, directora para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “La prioridad del gobierno español debería ser la protección de estas personas sumamente vulnerables”, agregó.
Existen informes alarmantes de violaciones de los derechos humanos de inmigrantes deportados a Marruecos desde España o detenidos en Marruecos cuando intentaban entrar a Ceuta o Melilla. El viernes, Médicos Sin Fronteras dijo que había descubierto, en el desierto cerca de la frontera entre Marruecos y Argelia, había descubierto más de 500 personas abandonadas por la policía marroquí sin agua ni alimentos. Según se ha informado, el gobierno marroquí ha empezado a transportar a cientos de hombres, mujeres y niños en convoyes en autobuses a la frontera con Argelia, alegando que los inmigrantes atravesaron dicha frontera para entrar a Marruecos. Al parecer, muchos de los inmigrantes han sido esposados por parejas y no les han suministrado agua ni alimentos.
El 6 de octubre, España expulsó al menos 70 personas de los enclaves a Marruecos, partiendo de la base de un acuerdo bilateral para la ocasión, y está intentado reactivar un acuerdo de 1992 con Marruecos que le permite retornar a personas de cualquier nacionalidad a Marruecos si llegaron a España ilegalmente desde dicho país. La Comisión Europea ha propuesto poner a Marruecos en una lista de “países seguros” que limitaría el derecho de las personas que transiten por Marruecos a pedir asilo en la Unión Europea. Está instando a Marruecos a que firme acuerdos de retorno con la Unión Europea que permitirían la devolución a este país de personas de terceros países que transiten por Marruecos.
“Marruecos tiene que hacer mucho más por respetar los derechos humanos fundamentales de los inmigrantes antes de poder ser considerado un país seguro para las devoluciones”, señaló Cartner. “Este es difícilmente el momento de ponerse a discutir un acuerdo sobre devoluciones entre la UE y Marruecos”, agregó.
Se ha informado del uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes fronterizos tanto españoles como marroquíes. El 29 de septiembre, murieron cinco inmigrantes, al parecer a causa de disparos, cuando un grupo de más de 500 personas se precipitó sobre la valla de Ceuta. Se hallaron dos cuerpos en territorio español, mientras que los otros tres aparecieron en la parte marroquí de la valla. El 5 de octubre, seis hombres murieron a causa de los disparos de la policía marroquí en territorio de Marruecos. El gobierno marroquí ha descrito las acciones de sus agentes como “legítima defensa” en respuesta a los ataques con piedras y botellas. Hay numerosas denuncias de palizas y otros malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad de ambos lados de la valla.
“Las acusaciones de que agentes españoles y marroquíes están implicados en las muertes de inmigrantes son sumamente graves”, señaló Cartner. “Estos incidentes requieren una investigación internacional independiente”, agregó
El Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes estaría en buena posición para examinar la situación, señaló Human Rights Watch. Además, el Defensor del Pueblo de España y el Consejo Consultivo de Derechos Humanos (Conseil Consultatif des Droits de l'Homme) de Marruecos deben investigar los actos de violencia.
Una investigación interna de la Guardia Civil sobre las muertes de los dos hombres hallados en el territorio español el 29 de septiembre exoneró de toda responsabilidad a este cuerpo policial. Concluyó que los disparos mortales fueron realizados desde larga distancia y los proyectiles no correspondían con el tipo de munición empleada por la Guardia Civil. El Ministro del Interior de España, José Antonio Alonso, ha dicho que el gobierno marroquí está investigando las muertes de las tres personas halladas en el territorio de Marruecos.
Tanto España como Marruecos deben mejorar la formación de sus fuerzas fronterizas sobre las medidas apropiadas e inapropiadas para el control de masas, de acuerdo con normas internacionales tales como el Código de Conducta de la ONU para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los Principios Básicos de la ONU sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
En virtud de la legislación tanto nacional como internacional, España tiene la obligación de garantizar que todos los que se encuentren en su territorio y quieran solicitar asilo tengan oportunidad de hacerlo. Esto significa que se debe ofrecer a todos los detenidos al entrar en Ceuta y Melilla información clara, en un idioma que puedan entender, sobre su derecho a solicitar asilo y la orientación necesaria con respecto al procedimiento que deben seguir. España y Marruecos tienen la obligación de no enviar a personas a países en los que se enfrentarán al riesgo de persecución o tortura, o donde sus vidas correrían peligro de otro modo.
