El nuevo presidente de Ecuador debe actuar rápidamente para garantizar el respeto por los derechos humanos.
Ayer, una mayoría de 60 de los 100 miembros del Congreso votaron a favor de destituir al Presidente Lucio Gutiérrez. El vicepresidente, Alfredo Palacio, tomó juramento como presidente provisional. Se informó que Gutiérrez se encontraba en la embajada de Brasil en la capital de Ecuador, Quito, y que Brasil le había concedido asilo. Es el tercer presidente ecuatoriano destituido en los últimos ocho años.
"Las autoridades interinas tienen que hacer todo lo que esté a su alcance para restaurar la confianza pública en el Estado de Derecho, y hacer que funcionen las instituciones democráticas de Ecuador", señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch.
Los días 19 y 20 de abril se informó de que al menos dos personas habían muerto en Quito durante las protestas callejeras contra Gutiérrez, que fueron reprimidas por la policía usando grandes cantidades de gases lacrimógenos. Entre los manifestantes se encontraban personas ancianas, mujeres y niños. La Cruz Roja dijo que había atendido a más de 200 personas aquejadas de graves problemas respiratorios provocados por el gas lacrimógeno.
Se informó que otros habían resultado heridos durante los enfrentamientos entre opositores al gobierno y los simpatizantes de Gutiérrez, que fueron aparentemente trasladados en autobús por el gobierno desde zonas rurales.
Human Rights Watch pidió a las nuevas autoridades que se aseguren de que las fuerzas de seguridad actúen con prudencia al enfrentarse a los manifestantes y eviten el uso de la fuerza excesiva. El gobierno debe realizar también una investigación exhaustiva e imparcial de las circunstancias que rodearon las muertes registradas durante las protestas de los días 19 y 20 de abril.
Un fotógrafo de prensa chileno de 58 años, Julio García, murió por un paro cardiaco, al parecer como consecuencia del gas lacrimógeno. Se informó de que una mujer había muerto a causa de lesiones graves en la cabeza al caer de un autobús a la calle y ser arrollada por un vehículo militar.
Un grupo de un centenar de manifestantes entraron aparentemente por la fuerza en el edificio que alberga temporalmente al Congreso, golpearon y amenazaron a algunos de sus miembros y exigieron la renuncia de todos los diputados. Los manifestantes también ocuparon posteriormente la pista del aeropuerto para impedir que Gutiérrez saliera del país.
La confianza pública en el Estado de Derecho en Ecuador se vio seriamente debilitada el 8 de diciembre del año pasado, cuando Gutiérrez y sus aliados en el Congreso destituyeron a 27 de los 31 magistrados de la Corte Suprema, a los que sustituyeron por sus aliados políticos. Frente a las crecientes protestas, el 15 de abril, Gutiérrez despidió a toda la Corte Suprema y decretó un estado de emergencia.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reunió hoy y tiene previsto volver a reunirse mañana (22 de abril) para debatir la situación en Ecuador.
"La protección de los derechos humanos depende fundamentalmente del Estado de Derecho y los controles y equilibrios del sistema democrático", señaló Vivanco. "La Organización de Estados Americanos tiene que ofrecer todo su respaldo para ayudar a Ecuador a fortalecer el funcionamiento de sus instituciones democráticas lo antes posible", agregó.
