El Congreso de Venezuela propinó un duro golpe a la independencia judicial en Venezuela al copar el Tribunal Supremo con 12 nuevos magistrados. Una coalición mayoritaria, dominada por el partido del presidente Hugo Chávez, designó a los magistrados a última hora de ayer para cubrir los puestos creados por una ley aprobada el pasado mayo la cual amplió la composición del Tribunal en más del cincuenta por ciento.

"Hace cinco años, los partidarios del Presidente Chávez contribuyeron a consagrar el principio de la independencia judicial en una nueva constitución democrática", señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Ahora, al copar de adeptos el máximo tribunal del país, están traicionando dicho principio y degradando la democracia venezolana", agregó.

La ley aprobada en mayo, amplió la composición del Tribunal de 20 a 32 miembros. A parte de nombrar los 12 nuevos magistrados, cinco magistrados adicionales fueron nombrados para cubrir algunas vacantes abiertas en los últimos meses, y 32 más fueron designados como magistrados suplentes. Miembros y aliados del Movimiento V República del Presiente Chávez, conforman una mayoría en el Congreso.

En 1999, una asamblea constituyente compuesta en su mayoría por simpatizantes del Presidente Chávez redactó una constitución que garantiza la independencia del Poder Judicial y la autonomía del Tribunal Supremo. La Constitución intenta garantizar específicamente la independencia de los magistrados del Tribunal Supremo mediante el establecimiento de un proceso de destitución según el cual los jueces sólo pueden ser suspendidos por cometer "faltas graves" mediante el voto de una mayoría calificada compuesta por dos tercios del Congreso.

En mayo, el Presidente Chávez firmó una ley para copar el Tribunal Supremo que permitió a su coalición gobernante emplear su entonces estrecha mayoría para ocupar una abrumadora mayoría de los puestos en el máximo tribunal del país. Los 17 nuevos magistrados (y 32 suplentes) fueron seleccionados ayer por una mayoría simple de la coalición gobernante, que no reveló a los congresistas de la oposición los nombres de los nominados hasta el momento de la votación.

La ley para copar el Tribunal Supremo firmada en mayo pasado también otorgó a la coalición gobernante la facultad de destituir a magistrados del Tribunal sin la mayoría calificada de dos tercios exigida por la Constitución. En junio, dos magistrados renunciaron de sus puestos al enfrentarse a una posible suspensión como resultado de estas nuevas disposiciones.

La toma política del Tribunal Supremo agravará el daño que ya han causado a la independencia judicial las políticas seguidas por el propio Tribunal. El Tribunal Supremo, que tiene el control administrativo del sistema judicial, no ha reducido el gran número de jueces en el país que carecen de estabilidad en el cargo. En marzo, el Tribunal destituyó sumariamente a tres jueces, después que dictaran fallos sobre casos políticamente controvertidos.

Los aliados de Chávez han justificado las medidas para copar el Tribunal como una respuesta a los fallos favorables a la oposición en un tribunal profundamente dividido, tales como las altamente cuestionables absoluciones de los oficiales militares que presuntamente participaron en el golpe de 2002.

"El Presidente Chávez y sus simpatizantes deberían tomar medidas para fortalecer el Poder Judicial", señaló Vivanco. "En cambio, están manipulando el sistema para favorecer sus propios intereses", agregó.