En los centros de reclusión para jóvenes en Río de Janeiro los menores sufren abusos y son sometidos a condiciones inhumanas, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Esta semana se cumple un año desde la fecha en que el Presidente Luiz Inacio Lula da Silva puso en marcha un plan de acción para abordar los derechos de los niños, entre ellos las necesidades de los menores recluidos, que aún no se ha cumplido.

En el informe de 70 páginas, “‘Real Dungeons’: Juvenile Detention in the State of Rio de Janeiro” (“Verdaderas mazmorras”: Detención de menores en el Estado de Río de Janeiro), se demuestra cómo los menores internados en los centros de detención de Río de Janeiro son víctimas frecuentes de palizas y maltrato verbal por parte de los guardias. El Departamento General de Acciones Socio-Educativas (Departamento Gral de Ações Socio-Educativas, DEGASE), autoridad responsable de los centros de detención de menores, por lo general no investiga la mayoría de las denuncias por malos tratos. Las sanciones administrativas contra los guardias son inusuales y suelen materializarse en traslados a otros centros de detención; hasta el momento ningún guardia se ha enfrentado a cargos penales por conducta abusiva.

“Los centros de detención de menores en Río se encuentran en total deterioro, suciedad y peligrosamente hacinados”, señaló Michael Bochenek, consejero de la División de Derechos del Niño de Human Rights Watch. “El abuso frecuente por parte de los guardias continuará mientras sepan que nunca tendrán que responder por sus actos”, agregó.

Más de un tercio de los menores arrestados en el Estado son acusados de delitos relacionados con las drogas, entre ellos el narcotráfico. Las estrategias para abordar la participación de menores en el tráfico de drogas incluyen mejorar el acceso a la educación, la formación profesional y los programas de empleo para ofrecerles alternativas distintas al comercio de estupefacientes.

Sin embargo, muchos menores no reciben ningún tipo de instrucción ni de formación profesional durante la reclusión. El servicio de rehabilitación que ellos y sus padres han identificado es una de las principales prioridades.

“Las autoridades del Estado de Río están perdiendo una oportunidad importante para rehabilitar a los menores y mejorar la seguridad de sus comunidades”, señaló Bochenek.

La salud y la higiene son también motivo de seria preocupación en los centros de detención. Los menores visten la misma ropa durante días o semanas antes de lavarla. Muchos comparten colchones de espuma destrozados y otros duermen sobre el suelo de cemento. Es posible que no puedan bañarse durante días y tienen que depender de sus familias para que les proporcionen jabón, pasta de dientes y papel higiénico. Cuando Human Rights Watch visitó los centros de detención en julio y agosto de 2003, la mayoría de los menores y parte del personal estaban afectados por sarna.

De acuerdo con la estructura federal brasileña, cada estado administra su propio sistema de detención de menores. Sin embargo, el gobierno federal suministra gran parte de los fondos para que los estados mantengan los centros de detención, contraten guardias y ofrezcan servicios a los menores recluidos. De acuerdo con el plan de acción presidencial anunciado en octubre de 2003, el gobierno federal comprometió fondos adicionales destinados a ampliar la capacidad de los estados para investigar y sancionar los casos de tortura, violencia y otros abusos en los centros de detención de menores.

Human Rights Watch instó al gobierno federal a que cumpla los compromisos que adoptó dentro del plan de acción presidencial. El DEGASE debe establecer un sistema de quejas con supervisión independiente y los fiscales estatales deben ejercer un mayor control de los centros de detención de menores.

El informe está basado en entrevistas con docenas de menores detenidos, funcionarios del gobierno, abogados, profesionales de la salud, guardias de centros de detención, padres de menores detenidos y representantes de organizaciones no gubernamentales. Human Rights Watch inspeccionó cinco centros de detención de menores en el Estado, entre ellos el único centro de detención para niñas.